Investigarán a empresario transportista por 2,7 toneladas de marihuana cargadas en Oberá

A cinco años del secuestro de casi 2,7 toneladas de marihuana camufladas en un camión que salió de Oberá con destino a Córdoba, la Cámara Federal de Apelaciones de aquella provincia dio vuelta el fallo que sobreseyó al empresario transportista dueño del vehículo y ordenó investigar si este tenía conocimiento del cargamento por el que fue condenado el chofer.

"El sobreseimiento reviste un carácter prematuro", resumió el camarista de la Sala A, Eduardo Ávalos, al revocar junto con su par Graciela Montesi la decisión tomada sobre Ceferino Héctor Paredes, reveló el diario cordobés La Voz.

El propietario del Iveco con acoplado utilizado como medio para consumar el tráfico de los 2.688 kilos (de valor millonario) había sido sobreseído en 2020 por el juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto.

En la causa "madre", el Tribunal Oral Federal 2 condenó al chofer Alberto Spioussas (por tráfico de drogas); Lucas Figuera (partícipe de narcotráfico; triplemente condenado en otras causas); Omar Alberto "Chapi" Ibarra (por tenencia para su comercialización), y el exempleado de la Municipalidad de Bell Ville Horacio Germán "Rundun" Gallardo (por tenencia para la venta).

Sin embargo, el albañil Miguel Ángel Maximiliano "Ojudo" Bustamante (otro supuesto vendedor) y Julio Alejandro Sánchez (vinculado a Figuera) fueron sobreseídos. Paredes fue sobreseído también, pero en la causa complementaria.

Yerba inservible, como fachada

La investigación arrojó un dato clave, de acuerdo con las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez de Bell Ville. El magistrado comisionó a efectivos de la Policía Federal en Oberá para que registraran el Iveco que manejaba Spioussas.

La información precisó que el 4 de septiembre de 2017, 13 días antes del secuestro de la gran cantidad de droga, el camión estaba parado en Oberá a la espera de que se lo cargara con el estupefaciente que sería transportado a Río Cuarto.

La investigación apuntó a que quien cargó la droga era el obereño Marcelo Machado, sindicado como el proveedor y encargado de acondicionar el estupefaciente. Sin embargo, no fue juzgado por estar prófugo.

Los federales se apostaron en la ruta nacional 14, a la altura de la localidad de Leandro N. Alem y la noche del 17 de septiembre observaron el camión. Luego de un discreto seguimiento y de cientos de kilómetros, lo interceptaron en el ingreso principal a la localidad entrerriana de Sauce de Luna.

Un perro antinarcóticos detectó los ladrillos de marihuana escondidos debajo de bolsas con yerba mate sin valor comercial, que sirvieron de fachada. El cargamento iba destinado a ser introducido en el circuito ilegal de Río Cuarto.

Con anterioridad al secuestro, "Chapi" Ibarra había adquirido la droga a Figuera, que se encargaba de transportar importantes cantidades desde Bell Ville en un Mercedes Benz. Ibarra era el proveedor de "Rundun" Gallardo.

Para el fiscal federal de Bell Ville, José María Uriarte, Paredes, "habiendo cerrado previamente el flete respectivo, dispuso que Spioussas viajara" a Oberá para realizar la carga.

Como su jefe, Paredes se comunicó telefónicamente con el chofer, y le preguntó si ya había efectuado la carga, ya que el contratante del flete no había efectuado el pago por el "servicio".

Spioussas le respondió que el contratante iba a depositar el dinero y que, cuando lo hiciera, él cargaría el camión. Cuatro días antes del seguimiento de la Federal y la incautación, Paredes le preguntó a su empleado si ya había realizado esta tarea.

El conductor le contestó que el contratante iba a abonar, lo que al parecer no ocurrió. Paredes le informó que iría a la localidad de Vicuña Mackenna (Córdoba) a buscar el dinero de los viajes.

El 18 de septiembre, el mismo día del hallazgo de los ladrillos, Paredes le consultó al chofer si ya había llegado a Córdoba. Spioussas le dijo que ya había pasado Sauce de Luna y que antes del mediodía el contratista iba a depositar el dinero.

Unos minutos más tarde, el conductor cayó en la ruta con las más de dos toneladas de marihuana. "Todo lo atinente a la contratación del flete por el transporte de mercadería con el camión en cuestión pasaba y dependía exclusivamente de lo que en definitiva dispusiera Ceferino Paredes", indicó el fiscal en la acusación.

"Era quien decidía que el camión se cargara una vez concretado el pago del flete o al menos luego de asegurarse de que ello iba a suceder así, percibiendo por tal concepto y, claro está, atendiendo la mercadería por transportar (estupefacientes), una más que importante suma de dinero en efectivo que oscilaba entre los 350 mil y los 400 mil pesos", señaló.

No obstante, el juez sobreseyó a Paredes al considerar que no se probó su participación en el tráfico. El rodado estaba a nombre de la esposa de Paredes, quien tenía un poder general de administración y disposición, por lo que, a la fecha de los hechos, el responsable exclusivo del manejo comercial del rodado era el mismo Paredes.

Pero para el magistrado, a pesar de las comunicaciones entre el empresario y Spioussas, no podía presumirse que Paredes conocía que el camión transportaba más de dos toneladas de droga. En 2018, sostuvo que debido a la ausencia de elementos que probaran o descartaran su participación, cabía la falta de mérito.

Posteriormente, afirmó que de la profundización de la investigación no se pudo superar el estado de duda, por lo que lo sobreseyó.

Apelación del fiscal

En la apelación, el fiscal esgrimió que la valoración del juez de los elementos probatorios era parcial e incompleta, y que el sobreseimiento era prematuro.

Al analizar ambas posturas, el camarista Ávalos le recordó a Pinto que su fallo no revelaba "un estudio analítico, crítico y razonado de todos los aspectos" de la causa. "Surge que la instrucción (…) no se encuentra agotada y que existen (…) medidas de prueba que ya han sido ordenadas, más no incorporadas", le cuestionó y aludió a que no dilucidó aún las posibles vinculaciones de Paredes y el motivo real de sus viajes al sur de Córdoba, el destino a donde iba dirigida la droga.

Coincidió con el fiscal en que el sobreseimiento era prematuro y debía profundizar la pesquisa para resolver el sobreseimiento definitivo o su procesamiento. Su par, Montesi, compartió sus argumentos y revocaron el sobreseimiento.