Evasores bajo la lupa

El gobierno nacional resolvió poner bajo la lupa a los grandes evasores. Para ello, esta semana senadores del Frente de Todos (FdT) presentaron un proyecto de ley, que fue acompañado por todo el bloque oficial, en el que impulsan una ley para que se pague la deuda con plata de la fuga y de los evasores. Uno de los autores de la iniciativa, el senador Oscar Parrilli, afirmó que la iniciativa tiene mucha resistencia, en especial de grupos mediáticos, economistas y dirigentes políticos que defienden a los evasores. Planteó que ello sucede porque muchos de los evasores son socios de Juntos por el Cambio. Al respecto, el canciller Santiago Cafiero señaló que la oposición se encuentra en una situación muy incómoda, porque si rechazan la iniciativa estarán avalando a los evasores.

Según los diversos informes que circulan, en su momento la administración encabezada por Mauricio Macri prácticamente ignoró la información sobre cuentas en el exterior y sólo efectuó unas pocas fiscalizaciones, cuando por entonces ya se conocía que había 600 mil cuentas de argentinos en el exterior y de ese total un porcentaje minino fueron declaradas. De hecho, se habló mucho en su momento de algunas cuentas y ahora incluso los que denunciaron están sospechados de evasores.

En estos momentos, la Afip está enfocada especialmente en 3 mil cuentas. Esta investigación tiene algunas ayudas extras, como las revelaciones de los Pandora Papers. Pero, a su vez, desde el Senado advirtieron que el gobierno tiene herramientas para encontrar a los evasores y que en todos los países desarrollados se denuncian y se persiguen a los evasores, como pretende hacer ahora la Argentina. Con lo recaudado se busca contribuir al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un aporte de emergencia surgido de bienes no declarados en el exterior. La iniciativa busca un blanqueo masivo de capitales fugados estimados en unos 417 mil millones de dólares, sobre los que se aplicará un tributo del 20%, que servirá para saldar el endeudamiento con el FMI.

La particularidad es que, tras las tensiones internas, en este tema están de acuerdo tanto los kirchneristas que responden a Cristina Fernández como la conducción de Alberto Fernández, que ya dio a conocer el respaldo de la Casa Rosada, a través de la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti. Es que la evasión representa otro gesto de mezquindad hacia los sectores menos favorecidos. Esto surge además en el medio del debate sobre los altos índices de pobreza que ningún gobierno logró revertir. También es cierto que ningún gobierno aplicó una verdadera política pública para la verdadera reducción de la brecha entre ricos y pobres. Esta desigualdad por ingresos es defendida por los más poderosos que nada quieren ceder. Por lo tanto, mientras los pobres quedan atrapados en esta realidad, los más poderosos siempre encuentran una o varias salidas, como quedó en evidencia con la vergonzosa evasión en masa de divisas durante el gobierno de Macri.

Pobreza, la gran deuda
Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en el segundo semestre de 2022 la pobreza llegó al 37,3% y la indigencia, al 8,2%. La nueva cifra marca una caída de la pobreza en casi 5 puntos porcentuales con respecto a igual período de 2020, cuando llegó al 42%, el registro más alto desde 2006, aunque sigue por encima de los niveles registrados previos a la pandemia, es decir del 35,5% en el segundo semestre de 2019.

Desde el regreso de la democracia, la lucha contra la pobreza representó una serie de fracasos para la mayoría de los presidentes, pero también en la distribución de los recursos en el país. No importan los colores ni ideologías, todos fracasaron.

Basta repasar estadísticas. En la presidencia del radical, Raúl Alfonsín en los primeros años de mandato bajó la pobreza y volvió a subir notoriamente en los últimos meses, dejando el cargo con un 38% de las viviendas por debajo de la línea de pobreza, con un efecto más devastador como fue la hiperinflación. Algo similar ocurrió con la administración de Carlos Menem, que logró disminuir la pobreza en su primer mandato y la pobreza volvió a crecer hasta un 27%. Sin embargo, según un trabajo realizado por Chequeado, en los diez aglomerados urbanos de datos privados muestran que alcanzaba un 30% en 1992 y cercana al 40% en 1999.

Luego, con la crisis del 2001, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, la pobreza se elevó en torno al 46% y en medio de la sucesión de cambios de mandatos siguió aumentando al 66% bajo la conducción de Eduardo Duhalde.

Con alrededor del 62% de pobres, se hizo cargo del país Néstor Kirchner, quien logró bajar a un 37% -es decir, una caída histórica de más de 20 puntos- en 2007, gracias a la recomposición de ingresos. Luego, durante la gestión de Cristina Fernández, tuvo años de reducción y después claramente tampoco pudieron revertirse los índices de pobreza, se conoce de la manipulación de las estadísticas, por lo que los nuevos datos volvieron a publicarse en 2016, bajo la presidencia de Mauricio Macri, que prometió pobreza cero y también fracasó, porque la pobreza subió durante los años de Cambiemos. Es lo que surge de la estadística, ya que, en la segunda mitad de 2019, la pobreza en el gobierno de Macri se elevó al 35,5%. Esto es cercano al 37,3%, registrado esta semana en la presidencia de Alberto Fernández.

Pasando en limpio, Macri se fue con 35,5 % de pobres y 8,9% de desempleo. En esta administración nacional, agravados los números por la pandemia, la pobreza trepó a 42% y 11% de desempleo. Ahora se nota una baja al 37,3% de pobreza y 7% de desempleo. Es una primera señal, pero falta mucho y con este tema ningún dirigente se puede hacer el distraído.

Provincias versus ciudad
Coparticipación y el traspaso de la Policía Federal al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así se llama el trabajo que el gobierno nacional preparó en forma de síntesis para explicar a los 19 gobernadores que decidieron reclamar recursos de coparticipación quitados, por el entonces presidente de la Nación Mauricio Macri en 2016. Con esa medida, había claramente beneficiado con recursos a la Ciudad de Buenos Aires, a costa de recortes de fondos a las provincias que ahora piden que se les restituya lo que corresponde.

Lo primero que se observó de aquella transferencia realizada por Macri a Caba sin el respaldo del parlamento argentino es que no se respetó lo estipulado por el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional. Allí se dejó establecido que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Está claro que Macri no consultó al parlamento y a puro decreto resolvió elevar los porcentajes de fondos a favor de Caba, sin consignar cómo se calculó ese monto e incluso aún antes de haberse iniciado el traspaso de la policía, que se concretó en forma posterior.

Lo cierto es que, ya por entonces, los gobernadores, en una reunión en San Juan, rechazaron la medida y firmaron el documento denominado “Por un verdadero federalismo” en el que señalaban la injusticia cometida por Macri, como volvieron a plantear ahora en un escrito elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En aquella oportunidad, mediante otro decreto, Macri intentó justificar el aumento de coparticipación, pero siguió sin hacer referencia a ningún cálculo que justificara el abultado incremento. A pesar del reclamo general de los gobernadores, a fines de marzo 2018, Macri sacó otro decreto por el que se redujo mínimamente el porcentaje a 3,5%.

El documento que circuló entre los gobernadores, añade que en los últimos 80 días de gobierno y después de perder las Paso, el gobierno de Macri intentó blindar el porcentaje de coparticipación asignado con un convenio entre el gobierno nacional y el de la capital del país.

Desde el Frente de Todos recordaron que recuperar el exceso de estos fondos otorgados de manera unilateral al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, representó una promesa de campaña. Por ello, se había concretado reuniones con los responsables de la administración de la Ciudad de Buenos Aires. También que durante la actual gestión se avanzó en la readecuación del porcentaje de la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo se remitió para que el Congreso definiera el costo real del traspaso de la policía y determinara la modalidad de financiamiento.

De acuerdo a lo planteado en reunión de los gobernadores, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nunca justificó el uso de los fondos excedentes, como tampoco discutió en el marco de la ley. De allí que en el escrito que llegó a manos de los mandatarios provinciales se remarca que los recursos deben ser distribuidos de manera equitativa y que ahora no se pretende quitar fondos, sino recuperar lo que se había girado al distrito que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.

Parte de estas argumentaciones fueron planteadas a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para advertir el impacto negativo que tendría en los presupuestos de las provincias si los jueces fallaran a favor de la administración de Rodríguez Larreta. Fueron 19 las administraciones provinciales -entre las que está Misiones- las que brindaron un fuerte respaldo político al gobierno nacional en la pelea judicial que lleva adelante contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) por el envío de recursos por la transferencia de la Policía Federal durante el gobierno de Macri.

En palabras del presidente Alberto Fernández, la actual discusión se da por el abuso de darle más a la ciudad de lo que le correspondería por ley.

Abril con nueva negociación salarial
En el acuerdo salarial a finales de febrero entre el gobierno de la provincia y UDPM como gremio mayoritario, se había acordado que las negociaciones proseguirían en abril. Desde aquella firma de suba salarial, que en parte ya se hizo efectiva, se produjo una serie de reclamos acompañados de cortes de rutas, que perjudicaron a los que circulan por las rutas, toma de la sede del Consejo General de Educación y hasta la irrupción de un grupo de manifestantes al despacho del ministro de Educación, Miguel Sedoff. Lo cierto es que transcurrieron días y semanas y efectivamente llegó abril, cuando habrá una nueva instancia de negociación. Es lo que propuso el gobierno y fue aceptado por el grueso de los referentes sindicales agrupados en el Frente de Trabajadores de la Educación, con excepción del Movimiento Pedagógico para la Liberación (MPL).

De esta manera, mañana se dará formal reapertura al diálogo y la conformación de una mesa técnica, que se reunirá con el objetivo de revisar salarios. La tregua, a su vez, permitió finalmente el inicio pleno de la actividad escolar en la provincia.

Oberá sigue el camino de Posadas
Cualquier observador puede dar cuenta de la gran transformación que se dio en la ciudad capital de la provincia en los últimos años, en base a inversiones, obras, abanico de actividades y eficiencia en la gestión de gobierno. Posadas ya no necesita de Iguazú, para llenar de turistas la ciudad, convirtiéndose en un destino en sí mismo. Con la llegada de visitantes, se mueve la economía local y nacen nuevos emprendimientos que generan trabajo y recursos que quedan en la provincia.

Mientras se sigue avanzando en los planes de modernización, urbanización y embellecimiento de la ciudad de Posadas, en los últimos meses Oberá inició los trabajos para que la ciudad logre crecer en infraestructura y modernización urbana. Se puso énfasis en las exigencias al transporte público para mejorarlo de inmediato, se compraron camiones recolectores y se elaboró un plan de equipamiento y de mejora del servicio de limpieza.

Recientemente se anunció un plan de obras de asfaltado, arreglo de calles terradas, construcción de cordón cuneta y empedrados. Los obereños en poco tiempo serán testigos de la transformación que vivirá su ciudad, como le paso a los vecinos de Posadas y de todos lo que visitan la ciudad. Desde la renovación sostienen que, si bien ambas ciudades son las más grandes de la provincia, dándole respuesta a las necesidades de los ciudadanos, los planes de mejoramiento integral abarcan a todos los municipios.