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La menor padece una grave discapacidad y requiere extremos cuidados

Extenuante batalla legal de una madre por los gastos médicos de su hija

Marina Insermini denunció que el padre de la niña nunca cumplió la sentencia dispuesta por el Juzgado de Familia de Oberá. “Qué necesita el juez para hacer su trabajo”, se preguntó

viernes 07 de enero de 2022 | 4:00hs.
Extenuante batalla legal de una madre por los gastos médicos de su hija

Desde hace casi cinco años, Marina Insermini viene luchando una extenuante batalla legal por los gastos que demanda el tratamiento médico de su hija que padece un serio cuadro de discapacidad derivado de la parálisis cerebral que le impide hablar y caminar. 

En octubre del 2017, el Juzgado de Familia de Oberá resolvió que el progenitor debe “abonar la totalidad de los gastos médicos que no se encuentren cubiertos por la obra social IOSFA (de Gendarmería Nacional Argentina) y que demanden la atención de la niña”.

En tanto, según reclamó Insermini el padre de la menor no cumple con dicha obligación, por lo que ella debe hacer frente a los costos médicos que no son contemplados por la prestadora de salud. 

“Me separé del padre de mi hija tras sufrir todo tipo de violencia. Como jamás quiso realizar un acuerdo económico para la cuota alimentaria, el juez de Familia fijó una cuota y, aparte, el pago de los gastos médicos que no cubra la obra social”, detalló. 

Y agregó: “El problema es que mi hija padece una discapacidad severa y los gastos médicos que la obra social no cubre superan de manera exponencial la cuota alimentaria. Pero desde el 2017 el padre no paga los gastos médicos, desoyendo una resolución judicial, por lo que yo tengo que pagar, con el esfuerzo que eso implica”.

En diálogo con El Territorio, la mujer precisó que padre de su hija es cabo primero de GNA y presta servicio en el ámbito del Escuadrón 9 Oberá. 

Por ello, reclamó que “las autoridades de Gendarmería tomen cartas en el asunto, ya que es un integrante de la fuerza quien abandona y violenta económicamente a su hija con discapacidad”. 

En tanto, aseguró que desde hace años el hombre no tendría contacto con su hija por decisión propia. 

Fuerte reclamo 

Insermini subrayó que su hija requiere cuidados extremos, al punto que tuvo que adaptar su casa para una mayor comodidad, gastos que afrontó con su trabajo de profesora de danza. 

En ese contexto, se preguntó “qué lectura hacen los jueces de todo esto. Cómo puede ser que una persona esté tanto tiempo sin cumplir con una sentencia, porque ya son cinco años. Qué necesita el juez para hacer su trabajo”. 

“Con la inflación que tenemos, cómo se supone que piensan reparar el daño moral y el perjuicio económico que producen en mi persona y en mi familia por culpa de un padre irresponsable y una justicia indiferente”, remarcó. 

Lamentó que tampoco encontró contención de parte de Gendarmería, cuyas autoridades le habrían manifestado que no pueden intervenir en cuestiones familiares. 

“En realidad, pienso que Gendarmería tapa este tipo de situaciones”, opinó.  

Contó que el último episodio de violencia se dio en 2019 en el hospital Pediátrico de Posadas, circunstancia en que su hija se hallaba internada. Dicha situación la llevó a solicitar que le retiren el arma reglamentaria al funcionario, lo cual no prosperó. 

“Fue algo muy feo, estábamos en la sala de espera y me socorrió el personal de seguridad del hospital. Después pedí que analicen las cámaras de seguridad para tener una evidencia tangible. Si no, las autoridades no te creen”, remarcó. 

Por otra parte, solicitó que “en algún momento se ponga la mirada en los jueces que perjudican a las víctimas y enaltecen a los padres violentos y abandónicos”. 

“No estoy pidiendo un favor y tampoco mendigando. Estoy exigiendo que se cumpla una sentencia judicial”, subrayó.

El denunciado incumplimiento derivó en una causa que se tramita en la justicia de Instrucción.

La sentencia

En diálogo con este diario, Marina Insermini exhibió una copia de la sentencia por el juicio de alimentos que le entabló al progenitor de su hija ante el Juzgado de Familia de Oberá. 

La misma lleva fecha del 26 de octubre de 2017 y cita: “(…) aclarar el punto de la parte resolutiva de la sentencia respecto a la cuota alimentaria definitiva debiendo el señor Alberto Luis C. abonar la totalidad de los gastos médicos que no se encuentren cubiertos por la obra social IOSFA y que demanden la atención de la niña M. C. C. La presente es parte integrativa del fallo citado”. 

En tanto, la cuota alimentaria alcanza “el 30 por ciento de los ingresos brutos que percibe el demandado como empleado de Gendarmería Nacional”. 

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