Vacunación o test semanales, las nuevas medidas para grandes empresas en EEUU

Decenas de millones de estadounidenses que trabajan en compañías de más de 100 empleados deberán vacunarse contra el coronavirus antes del 4 de enero o someterse a pruebas semanales desde entonces, anunció el Gobierno de Estados Unidos.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) del Departamento de Trabajo de Estados Unidos advirtió que las compañías que no cumplan con las nuevas reglas enfrentarán multas de casi 14.000 dólares por cada caso de violación.

Los nuevos requerimientos, adelantados por el presidente Joe Biden en septiembre, aplicarán a unos 84 millones de trabajadores de empresas grandes y medianas, según la Casa Blanca, aunque no está claro cuántos de ellos no están aún vacunados.

El Gobierno agregó que reglas más estrictas se impondrán a 17 millones de personas más que trabajan en geriátricos, hospitales u otros centros de salud que reciben fondos de los programas de salud pública Medicaid y Medicare.

Estos empleados no tendrán la opción de hacerse pruebas de Covid-19, y tendrán que estar sí o sí vacunados para el 4 de enero, dijeron a periodistas funcionarios de la Casa Blanca que pidieron no ser identificados, informó la agencia de noticias AFP.

Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, con más de 740.000 muertos, y una notable mejoría que había logrado empezó a revertirse a mediados de este año provocada por la variante Delta y por un estancamiento en la campaña de vacunación.

El anuncio de las reglas, piedra angular del esfuerzo más agresivo lanzado por el demócrata Biden para contener el deterioro de la situación sanitaria, sigue a semanas de revisiones y de reuniones entre funcionarios, empresas y sindicatos.

Los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que los requerimientos deberían servir para contrarrestar leyes o mandatos de varios estados en la dirección contraria, incluyendo los que impiden hacer obligatoria la vacuna, las pruebas o el uso de tapabocas.

Más de una veintena de fiscales generales estatales del opositor Partido Republicano han dicho que planean recurrir los planes de Biden ante la Justicia, argumentando que solo el Congreso tiene autoridad para sancionar esas medias aun en emergencia sanitaria.

La semana pasada, 19 estados recurrieron la orden anunciada por Biden en septiembre de vacunación obligatoria para trabajadores de la salud y contratistas de organismos federales.

Ese requerimiento debía comenzar a regir el 8 de diciembre, pero los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que se demorará al 4 de enero.

Los trabajadores de las empresas de más de 100 empleados que decidan no vacunarse deberán presentar a su empleador un test negativo de Covid-19 al menos una vez por semana y usar tapabocas en sus puestos de trabajo. Los empleados que den positivo en coronavirus deberán ser removidos de su lugar de trabajo.

Varias empresas, entre ellas el gigante cárnico Tyson Foods o la aerolínea United Airlines, ya habían preparado el terreno al imponer estas obligaciones a sus empleados desde fines de septiembre.

El más reciente, el fabricante de automóviles Ford, exigió que sus 32.000 empleados estuvieran vacunados antes del 8 de diciembre salvo en el caso de exención religiosa o médica, según varios medios estadounidenses.

Sin embargo, en el país de las libertades individuales, la medida desata críticas en la oposición republicana, que denuncia una "dictadura".

"La cuestión es que las vacunas obligatorias funcionan", dijo uno de los funcionarios. Las nuevas reglas "llevarían a que millones de estadounidenses se vacunen, protejan a los trabajadores, salven vidas, fortalezcan nuestra economía y ayuden a acelerar nuestra salida de esta pandemia", agregó.

Convencer a los adultos reacios a recibir la vacuna no es una tarea fácil, especialmente porque varios estados del país, incluyendo Texas, ya prohibieron las obligaciones de vacunación en su territorio.

En una encuesta publicada el mes pasado por la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos, el 90% de los empleadores encuestados consideró que era difícil implementar la obligatoriedad de la vacuna.