En base al “ideario institucional”, aplican la ESI con modificaciones
La Asociación de Institutos Privados de Educación de Misiones (Aipem) emitió ayer un comunicado por el caso del Colegio Roque González en el que sostienen que “se debe garantizar a los niños y jóvenes el desarrollo de sus dotes físicas, morales, intelectuales y espirituales”.
Luego se explayan sobre la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI).
“Es absolutamente necesario que la educación tenga un carácter verdaderamente integral, no pudiendo constreñirse a una formación cientificista por más completa que ella sea, para ello debe mirar al hombre en sus aspectos físicos, psicológico, intelectual y espiritual, de modo que, si la educación no cubre los aspectos espirituales y morales, será una formación incompleta, inacabada. Una enseñanza que desconozca o ponga al margen la dimensión moral y religiosa, será un obstáculo para lograr una educación completa”, sostienen.
Destacan que “por la necesaria compatibilidad de la libertad religiosa y de conciencia de los alumnos y el derecho de los padres de elegir una educación conforme a sus convicciones, garantizado ello por el artículo 41 inciso 3 de la Constitución de Misiones (...) las instituciones de gestión privada han realizado en el Proyecto de Educación Sexual Integral Institucional, las adaptaciones a su cosmovisión o ideario institucional, conforme a las facultades otorgadas en la Ley 26.150, en su artículo 5, sin apartarse de los contenidos definidos por la resolución 340/18 del Consejo Federal de Educación”.
También sostienen “aquellos contenidos que guardan una clara inclinación ideológica, filosófica serán impartidos de forma imparcial, objetiva, que respeta la libertad de conciencia y de expresión, de modo que no afecte los derechos fundamentales de los alumnos y familias y puedan reflexionar sobre cuestiones de una realidad social en un ambiente exento de proselitismo. Admitir lo contrario significaría que el derecho, la formación filosófica, ideológica o religiosa de los alumnos les corresponde a los poderes públicos y no a los padres, lo que supondría una clara, evidente y expresa violación a la garantía constitucional enunciada”.
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