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La causa fue declarada nula hace un año

Estiman un faltante del 80 por ciento de lo incautado en Losarcos

El propietario del desarmadero de San Vicente pedirá un inventario cuantitativo y cualitativo. También quiere recuperar un lingote de oro y tres relojes Rolex

sábado 23 de octubre de 2021 | 6:03hs.
Estiman un faltante del 80 por ciento de lo incautado en Losarcos
El procedimiento de restitución se concretó el jueves en San Vicente.
El procedimiento de restitución se concretó el jueves en San Vicente.

La causa de Losarcos, nula de toda nulidad según la resolución del Superior Tribunal de Justicia, sigue sumando capítulos luego de cuatro años de que el Ministerio de Seguridad de la Nación anunciara con un amplio despliegue el desmantelamiento de una supuesta asociación ilícita.

Como informó en la víspera El Territorio el jueves se inició la restitución de los bienes a su propietario, Juan Carlos Losarcos, quien llegó a permanecer catorce meses detenido. Sin embargo, el propietario pidió un inventario de los elementos que están en depósito judicial desde entonces.

Según pudo indagar El Territorio con su entorno, el empresario considera que faltan el 80 por ciento de los elementos incautados, una cantidad que significaría un multimillonario perjuicio. En su momento se dijo que en el lugar, que fue allanado durante 17 días, había un millón de autopartes por un valor de 270 millones de pesos.

“El galpón original tenía 8.000 metros cuadrados de extensión, mientras que el depósito actual es de 1.800 metros cuadrados”, señaló una fuente como para graficar la magnitud de lo que se había incautado y lo que se encontró ahora. De todas formas se aclaró que existe la posibilidad de que los elementos estén en otro lugar.

Se adelantó incluso que dos camiones estaban guardados en Posadas, añadiendo que en su momento se solicitó que todos los elementos se queden en el galpón del desarmadero con custodia policial, pero esto fue desestimado por las autoridades del Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco.

“No se puede decir que es lo que falta porque primero hay que saber que es lo que hay. Una vez que se sepa qué es lo que hay vamos a saber. Pero faltan camiones, una embarcación, camionetas”, se dijo. Además de esos vehículos, también faltan carpetas con documentaciones de los mismos, algo que creen que no es casualidad.

Ante este panorama se solicitó un inventario cualitativo y cuantitativo de lo que está ahí adentro. La solicitud de Losarcos es que haya un perito de parte y un oficial de Justicia. “Y después veremos dónde está lo que falta. Si todo lo hay está ahí, falta, pero no sabemos si está en otro lado”, se remarcó. Aseguran que efectivos de la Policía de Misiones dijeron que allí no hay nada, aunque esas personas desconocían sobre los vehículos en Posadas.

Pero no sólo se tratan de camiones, ya que Juan Carlos Losarcos vivía en el lugar al momento del allanamiento, por lo que también incautaron varias de sus pertenencias que aún no fueron repuestas. Entre ellas hay un lingote de oro y tres relojes Rolex.

El allanamiento del desarmadero de Losarcos se realizó en 2017 en el marco de una serie de procedimientos ordenados por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, y el propietario del lugar junto a algunos empleados permanecieron catorce meses detenidos bajo una acusación de asociación ilícita.

Los operativos hasta fueron destacados y anunciados mediáticamente por Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación en ese momento, pero tiempo después el STJ dio lugar a un recurso defensivo y decretó “nulo de nulidad absoluta” el proceso penal por irregularidades que constituyeron una violación de las garantías constitucionales.

“Encontramos cajas repletas de autopartes listas para el envío a diferentes puntos de Argentina, Brasil y Paraguay. Luchamos contra estas organizaciones de la cual se nutren cientos de locales comerciales que venden las piezas, sabemos que detrás de este negocio muchas veces hay hechos de sangre en el robo de vehículos”, había señalado en aquel entonces Bullrich.

Tiempo después, la causa se cayó por completo, con una dura resolución del máximo órgano provincial. “Fueron violentadas las garantías del orden constitucional desde foja 2 en adelante”, señaló Liliana Picazo en su voto, al cual adhirieron los demás camaristas.

La ministra Cristina Leiva, a su turno, remarcó: “En autos se ha producido un grave dispendio jurisdiccional en razón de la viciada intervención inicial del magistrado actuante, aspecto este, que debe ser señalado como un llamado de atención debiendo velarse en lo sucesivo, por un correcto servicio de justicia de conformidad a los parámetros constitucionales vigentes”.

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