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Los hechos sucedieron durante varios meses durante el 2018

Piden elevar a juicio caso de abusos en un hogar de niños

La solicitud de la Fiscalía de Puerto Rico es contra una mujer de 42 años que obligó a seis adolescentes de un hogar a mantener relaciones sexuales entre ellos

jueves 21 de octubre de 2021 | 6:05hs.
Piden elevar a juicio caso de abusos en un hogar de niños
El expediente es investigado por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.
El expediente es investigado por el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico.

A poco de cumplirse dos años de conocerse la fuerte denuncia ante la Justicia de Puerto Rico contra una madre sustituta de un hogar de niños por reiterados hechos de corrupción de menores, ocurridos durante el 2018 en perjuicio de seis chicos de entre 13 y 16 años, la Fiscalía de Instrucción local solicitó que el expediente que investiga el caso sea elevado a instancia de debate oral. 

De acuerdo a lo consignado por voceros que entienden en la pesquisa, el requerimiento formal de elevación a juicio de la causa fue presentado la semana pasada por el fiscal Héctor Daniel Simón bajo la carátula de corrupción de menores agravada.

De esta manera, de no haber oposición por parte de la defensa de la imputada, de 42 años y que continúa el proceso en una unidad carcelaria de la provincia, será el juez Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico quien tenga la última palabra. 

A principios del 2020, la Justicia local había dictado la prisión preventiva para la implicada, quien semanas antes y durante audiencia indagatoria ante el magistrado Balanda Gómez, negó todas las acusaciones en su contra.

A mediados del mismo año, desde su defensa se planteó un pedido de prisión domiciliaria, aunque el recurso fue negado (ver Denegatoria...)

Las acusaciones por corrupción de menores contra la imputada se conocieron a finales de noviembre de 2019 por parte de una psicóloga que trabaja en el hogar de niños donde se sucedieron los distintos hechos.

De acuerdo a la presentación hecha ante la Justicia por parte de la profesional, una mujer de 42 años que meses antes dejó de trabajar como madre sustituta en reemplazo de otra vecina de la localidad fue apuntada por seis chicos por episodios de índole sexual. 

Si bien los hechos investigados sucedieron durante varios meses de 2018, en donde la “Tía” -como era conocida la acusada dentro del hogar- cumplió labores en el lugar, un año más tarde las víctimas comenzaron a romper el silencio y narrar los distintos padecimientos ante la denunciante. 

Según se supo, fue en primera instancia una adolescente quien se acercó hasta la docente para contar las diversas situaciones a las que era obligada, junto a otros menores que compartían el espacio, por parte de la madre sustituta. 

A partir de esto, la denunciante indagó con los demás chicos que integraban dicho espacio y no tardó en advertir que varios de éstos también pasaron por situaciones similares. Por ello, decidió radicar la denuncia. 

Días más tarde y por requerimiento del magistrado Balanda Gómez, los seis adolescentes que dijeron padecer sufrido el calvario fueron entrevistados por un grupo de psicólogos del Poder Judicial en Cámara Gesell. 

En dicha instancia, contaron que eran obligados por la tutora a tener contactos sexuales con sus compañeros, ante la atenta mirada de la tutora en ese momento, aunque aclararon que en ninguna oportunidad la acusada abusó o manoseó a alguno de los chicos. 

A partir de estas revelaciones se dispuso un allanamiento en la casa de la sospechosa en donde se secuestraron distintos soportes informáticos y teléfonos celulares. Además, se dispuso el arresto de la implicada, medida que se concretó en diciembre del 2019.


Denegatoria a la domiciliaria

Transcurridos los primeros meses de su alojamiento en una unidad penal de la provincia, desde la defensa de la mujer de 42 años solicitaron ante el juez Manuel Balanda Gómez un pedido de prisión domiciliaria.

Dicho requerimiento se basaba en un supuesto tratamiento que la mujer debía afrontar para curar problemas gastrointestinales que padecía desde hace un tiempo y que dentro de la penitenciaría no podría llevarse adelante. Sin embargo, tras una serie de estudios elevados al Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico por parte de autoridades del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), no se advirtió una necesidad urgente de tratamiento para la imputada y por ello se le negó dicho beneficio.

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