El Senado reactivó ayer el  debate sobre seis proyectos de ley que buscan declarar internet y telefonía móvil como servicios públicos, en una audiencia que se realizó sin la presencia de la oposición, en el marco de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.

El interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) desistió de participar de la reunión por considerar que las audiencias deben realizarse de manera presencial y no virtual, según lo manifestaron en una carta enviada a la presidencia del Senado.

Las propuestas que se discutieron durante una videoconferencia son seis textos elaborados por los legisladores del Frente de Todos, Alfredo Luenzo, Daniel Lovera (La Pampa), Antonio Rodas (Chaco) y Silvia Sapag (Neuquén) y de los opositores Juan Carlos Marino (La Pampa) y Gladys González (Buenos Aires).

El presidente de la comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Alfredo Luenzo, declaró que la Argentina “tiene una brecha digital significativa” que debe ser resuelta y mencionó que se invirtieron $40 mil millones en los últimos años desde el Estado para la inclusión digital”.

Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), subrayó por su parte que se trata de proveer “un instrumento legal” que complemente otras normas como la regulación de las plataformas de internet.

El Estado busca que el acceso de la comunicación sea para “todo el mundo” bajo la premisa de que “la idea del derecho humano básico no debería discutirse”, indicó.

Otra de las expositoras de este miércoles, la investigadora del Conicet, Bernadette Califano subrayó la importancia de declarar a internet como un servicio público dado que “se necesitan políticas para resolver cuestiones que el mercado no ha resuelto en estos años” en la materia.

A su turno, el exsecretario de comunicaciones y exvicepresidente de Arsat, Henoch Aguiar, se pronunció a favor de que “la conectividad se transforme en un servicio universal para todos” por la “desigualdad” existente entre provincias.

“Cuatro provincias están por debajo del 40% del nivel de conectividad: Formosa con el 32%; San Juan con 36%, Santa Cruz con 37% y Mendoza con 39%, mientras que las líderes, con el 82%, son La Pampa y San Luis”, graficó.

La Justicia había suspendido el DNU
En mayo de este año, la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, con voto mayoritario de los jueces José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez, admitió un recurso de apelación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar en su favor que suspende los artículos 1 al 6 del DNU 690/2020 (que declaró servicio público a las telecomunicaciones) y también de tres resoluciones reglamentarias del Ente Nacional de Telecomunicaciones (1466/2020, 1467/2020 y 204/2021) que serán inaplicables a la empresa.

A través del decreto 690, el gobierno nacional había declarado el año pasado servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a raíz de la pandemia de coronavirus.