Chile: la baja participación en las elecciones puso al voto obligatorio en el centro del debate
La efervescencia política de los últimos años, en medio de un año eleccionario de difícil pronóstico y una Convención Constituyente impuesta por el estallido social de 2019, repuso el debate sobre el voto obligatorio en Chile, un país cuyos índices de participación electoral en picada pesan como un grave déficit democrático.
En medio de febriles negociaciones, resistencias, avances y retrocesos, por estos días avanza en el Congreso chileno un proyecto que busca restablecer la obligatoriedad y -según enfatizan los medios locales- recuperar los niveles de participación necesarios para enfrentar los desafíos que la democracia y el país enfrentarán en los próximos años.
La dictadura militar de Augusto Pinochet se inició en 1973 y culminó con el plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el que la ciudadanía expresó mayoritariamente su deseo de retornar al sistema democrático. En esa oportunidad la población se inscribió masivamente en los registros electorales y se llegó a un nivel histórico de participación en las elecciones generales de 1989.
Previo a la dictadura y durante buena parte del siglo XX en el país había regido el voto e inscripción obligatoria en el registro electoral, sistema que quedó congelado por 17 años.
Desde el retorno de la democracia en 1990, ahora bajo un sistema de inscripción voluntaria y voto obligatorio, se empezó a observar un progresivo envejecimiento del padrón electoral, producto de la baja proporción de jóvenes que se inscribía para luego poder participar.
Buscando revertir esa tendencia, el primer Gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) patrocinó cerca del final de su mandato un proyecto que invirtió los tantos: estableció un sistema de inscripción automática, pero simultáneamente el voto pasó a ser voluntario.
Poco más de diez años y varias elecciones después, la estrepitosa caída en la participación -menor al 50% para las presidenciales y 40% para municipales- dio cuenta de que el intento terminó en un rotundo fracaso, paradójicamente en medio de un amplio consenso ciudadano sobre el voto voluntario.
"El actual debate sobre la necesidad del retorno al voto obligatorio se venía cuajando hace tiempo. Las encuestas ya mostraban cinco años atrás un creciente apoyo, que aunque sigue siendo levemente minoritario, atraviesa buena parte del arco político" señaló el Doctor en Ciencia Política e investigador, Alfredo Joignant.
El debate finalmente se impuso ahora y, según Joignant, hay que entender que con el régimen de votación voluntaria los partidos crean sus nichos electorales y el electorado es conocido de memoria, "por consiguiente el incentivo para expandir el electorado con la obligatoriedad es bajo".
Sin embargo, esto "deja de ser cierto cuando el abstencionismo crece y, por tanto, también la legitimidad de los resultados", advirtió.
Por eso, actualmente cada vez crece más el apoyo a una vuelta al voto obligatorio en todo el arco político chileno.
Un punto curioso es que este creciente consenso también se producía -aunque en sentido contrario-, cuando se pasó al voto voluntario y quienes impulsaban esta modalidad confiaban transversalmente en que reduciría la caída de la participación.
El modelo del voto voluntario "era mayoritario en la derecha, pero también en la centroizquierda, pese a los reclamos de cientistas políticos que advertíamos el sesgo de clase propio de ese sistema", acotó Claudia Heiss, de la Red de Politólogas de Chile.
En la actualidad, explicó la analista, ante la escasa credibilidad del sistema político y de los partidos, lo que crece nuevamente es la adhesión al voto obligatorio "entre las dirigencias políticas de todos los sectores".
"Aunque persiste un sesgo pro-voto voluntario en la derecha", acotó.
Esto último se explica por dos razones: una ideológica, especialmente entre los grupos liberales de la derecha que conciben el voto como un derecho y no un deber; y otra estratégica, al suponer que el voto obligatorio "moviliza a sectores populares que podrían beneficiar a la izquierda", aseguró la politóloga.
Para Heiss, el estallido social de octubre de 2019, que sacudió la realidad política del país y terminó impulsando una nueva Constitución que reemplazará la heredada de la dictadura, actuó como catalizador del debate y lo reimpuso con fuerza en la agenda pública.
No obstante, éste "no se reduce a la contingencia de este proceso constituyente", advirtió la profesora de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile y también miembro de la Red de Politólogas, Julieta Suárez.
La académica recordó que este proceso incluye tres hitos, dos de ellos con voto voluntario (el plebiscito del 25 de octubre de 2020 y la elección de convencionales el 15 y 16 de mayo de 2021, ambos ya realizados) y el plebiscito de salida del 2022, que de manera extraordinaria se realizará con voto obligatorio y sanciones a quien no voten, según lo ya acordado por casi todo el arco partidario.
"El punto es si, como en el caso de la ley de paridad de género, que rigió para la elección de convencionales, va a tener vigencia una vez o para todas las futuras elecciones".
En relación a los apoyos y rechazos que el proyecto concita entre las principales fuerzas políticas chilenas, Suárez indicó que en el Congreso "a grandes rasgos la oposición está favor y el Gobierno (de Sebastián Piñera) es quién pone 'palos en la rueda'".
"La derecha no apoya el voto obligatorio y como Gobierno no lo impulsó" explicó y recordó que "en un país tan presidencialista como Chile es muy difícil que salgan reformas del Congreso sin apoyo de la Presidencia", destacó.
Además, interpretó que "en cierto sector de la oposición, a veces apoyan más para la tribuna y nunca terminan por ponerlo como prioridad. Entonces, si bien hay un acuerdo en que el voto obligatorio sería deseable entre el Frente Amplio, el PC y algunos integrantes del Partido por la Democracia (PPD), después hay menos acuerdos sobre la letra chica".
