Brasileños seguirán presos, pero ya tienen un abreviado bajo la manga

Mientras se aguarda un resolución sobre competencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), los cuatro brasileños que a mediados de 2019 cayeron fuertemente armados, con identidades fantasmas e intenciones de un golpe delictivo frustrado, ya aceptaron un acuerdo de juicio abreviado y siguen insistiendo en recuperar la libertad, pero, en contrapartida, recibieron una prórroga de sus prisiones preventivas.

Los implicados son Fabio Moreira de Oliveira Pereira, José Brink Gutierres, Hemerson Oliveira Machado y José Silva Aguiar, detenidos desde el 14 de septiembre de 2019 y actualmente alojados en la Unidad Penal I de Ezeiza, un recinto carcelario de máxima seguridad en Buenos Aires.

Los cuatro brasileños fueron detenidos durante un control de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en el puesto Centinela de la localidad de San José. Los extranjeros circulaban por la ruta nacional 14 a bordo de una camioneta Honda Raw -con pedido de secuestro por robo en Chaco- y llevaban consigo siete armas de fuego: dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro de 380 y una calibre 40. Lo que se dice, un arsenal.

Pero eso fue no fue todo. En el rodado además dieron con dos silenciadores y precintos, como así también camperas, chombas y gorras con la inscripción PFA.

Incluso, las chombas tenían abrojos con nombres de supuestos efectivos de la fuerza, los cuales también aparecieron en el procedimiento realizado en mayo en 2020 y que permitió desactivar el presunto plan que el narcosicario paraguayo Néstor Fabián “el Negro” Rojas trazaba con sus cómplices locales para asesinar a uno de los jueces que lo investigaba. Para los pesquisas, todo eso no fue una simple casualidad, sino una conexión directa.

Tras su detención en San José, el grupo fue calificado de alta peligrosidad, a tal punto que fueron asociados también con el Primer Comando Capital (PCC) o al Comando Vermelho (CV), pero con el tiempo se definió que más bien eran cercanos a Bala Na Cara, una organización criminal que opera con el PCC, pero está estrechamente ligada a Rojas, aunque todo esto se supo mucho tiempo después.

A pesar de ello, lo cierto es que apenas fueron detenidos los brasileños quedaron alojados con seguridad reforzada en distintos puntos de Posadas, hasta que finalmente se dispuso el traslado de todos ellos hasta la cárcel de Ezeiza por temor a posibles intentos de rescate.

Causa, competencia y abreviado

Los implicados quedaron imputados en una causa por “tenencia ilegal de arma de guerra en concurso material con supresión y/o sustitución de un objeto registrado”, pero la Justicia Federal se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia ordinaria, que tampoco aceptó el expediente.

Por esa razón, se le dio intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), pero la cuestión todavía no fue resuelta.

Sin embargo, eso no frenó a los brasileños. En junio del 2020 solicitaron ser excarcelados para volver a Brasil, pero la Cámara Federal de Apelaciones denegó el planteo y en abril de este año aceptaron acogerse a un juicio abreviado, pero el acuerdo no puede ser homologado hasta que la CSJN resuelva la cuestión de competencia y el plan de los involucrados chocó contra otro revés.

Según pudo saber El Territorio, en acuerdo con su defensa y con la fiscalía federal, el grupo brasileño reconoció su culpabilidad en la causa investigada y aceptó recibir una pena de cuatro años de prisión. Con ello, su defensa además solicitó que sean excarcelados al tener la mitad de esa pena cumplida.

Sin embargo, el Tribunal Federal de Posadas respondió que no se puede avanzar al respecto, en virtud del planteo que se encuentra en espera en la Corte y en razón de tres condicionantes puestos en relieve: el peso de la prueba contra los acusados, la gravedad del hecho endilgado y el latente riesgo de fuga.

Esto último, principalmente porque el tribunal argumentó que al no poder homologar el acuerdo de juicio abreviado, el expediente todavía puede llegar a resolverse en un eventual debate oral y liberando a los sospechosos este proceso puede llegar a correr riesgo. También ponderaron que los acusados están siendo investigados en otra causa que se tramita en la Justicia ordinaria.

Ante todo esto, se resolvió prorrogar por seis meses la prisión preventiva de los involucrados.

Conexión

Esa otra causa en la Justicia ordinaria que tiene conexión con los brasileños es la iniciada tras la detención de Luis Miguel Baden, concretada el 26 de mayo tras otro procedimiento de la GNA. El sujeto fue atrapado en sospechosas circunstancias junto a un paraguayo sin documentación pero con sombríos vínculos en el mundillo narcodelincuencial.

La captura de ambos se dio en plena cuarentena, mientras se movilizaban armados dentro de un automóvil robado en la costanera de Candelaria, donde presuntamente aguardaban la llegada de un cargamento de droga o estaban a punto de comenzar a guiar el traslado de una carga de ese tipo.

Después de ello, los gendarmes avanzaron hasta su casa en el barrio Hermoso, de Posadas, donde atraparon a dos personas más e incautaron -al igual que en el caso de los brasileños atrapados en San José- armas y vestimentas de la PFA.

En detalle, el procedimiento general terminó con la incautación de una pistola Glock 9 milímetros, un fusil M-16 semiautomático, una escopeta, una bolsa con distintas municiones, cascos, antiparras, coderas y una chomba, todos de la PFA.

De las pericias de celulares efectuadas en el marco de esta causa fue que salió a la luz el plan que presuntamente orquestaba el Negro Rojas desde la cárcel para asesinar al magistrado Fernando Verón, que lleva adelante el expediente por el doble homicidio mafioso del barrio Tacurú que tiene al sindicado narco-sicario como uno de los principales imputados.

A partir de ahí, la investigación de GNA además estableció que tiempo Baden había albergado a los cuatro brasileños en Posadas e incluso les había llevado pizzas y hasta habían salido a la ruta a hacer un reconocimiento.

Con los brasileños el plan era otro. Según se estableció, pretendían secuestrar a un empresario residente en una localidad ubicada sobre la ruta nacional 14 para luego llevarlo a Santo Tomé, Corrientes, donde lo iban a ocultar. Nunca se determinó quién era el blanco.

La fortuna entonces jugó en favor de esa persona. Baden venía delante de la Honda Raw en la que circulaban los brasileños, pero se separó de ellos. Fue entonces que el conductor equivocó el camino y en vez de tomar la 105 para volver a Posadas, siguió camino a Corrientes, donde fueron interceptados.

En cifras
7
Armas portaban los brasileños cuando cayeron en 2019. Eso les valió una causa por tenencia ilegal de arma de guerra por el cual aceptaron un abreviado.