La trampa del extractivismo
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ntre 2009 y 2017, los préstamos que América Latina recibió de China fueron superiores a los que recibimos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, ascendiendo a 145.000 millones de dólares. Paralelamente, la inversión directa proveniente de fondos chinos en la región alcanzó los 113.600 millones de dólares ese mismo año.
Esto se debe a que América Katina es una gran proveedora de materia prima en el mercado internacional, abasteciendo a países protagonistas por su crecimiento y desarrollo, como lo es la potencia asiática, por lo que la financiación china estuvo principalmente dirigida a emprendimientos mineros, petroleros o hidroeléctricos, como las represas La Barrancosa y Cóndor Cliff en Santa Cruz, y a financiar proyectos destinados a la extracción de recursos naturales, como la extracción de carbonato de litio en Jujuy.
Vender commodities, materia prima a precios establecidos no ya por el productor, sino a precios internacionales, ha sido una tentación muy fuerte para las economías locales y empuja a varios países de nuestro continente hacia una sobreexplotación de los recursos naturales, en muchos casos incluso no renovables.
En el caso argentino hemos visto el avance de las fronteras productivas hasta lugares impensados, no sólo para cultivo de alimentos, también para la producción de combustibles vegetales. En los últimos 20 años la superficie sembrada pasó de 15 millones de hectáreas a 36 millones. El avance de la soja sobre el bosque chaqueño ha significado la deforestación de miles de hectáreas desplazando a sus comunidades originarias generando un gran conflicto. Esta situación se ve agravada por la falta de diversificación, ya que fundamentar la bonanza de provincias enteras en una sola actividad es un abuso muy peligroso a largo -y no tan largo- plazo. América Latina ha caído en la trampa del extractivismo.
Frente a esta nueva realidad, organizaciones no gubernamentales de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú conformaron el llamado Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha). Se trata de una red que se dedica a investigar las consecuencias que ha tenido el financiamiento masivo de China en la vida de nuestros habitantes.
Como producto de este trabajo en conjunto, las ONG presentaron en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que afirman que las compañías chinas demuestran un comportamiento irrespetuoso sobre derechos fundamentales, sobre derechos económicos, sociales y culturales y avanzan en la destrucción ambiental, incumpliendo pactos internacionales y careciendo totalmente de rendición de cuentas sobre estas violaciones.
Objetivamente, la investigación de Cicdha arrojó que del total de proyectos financiados por China evaluados, el 83% son en territorios indígenas, el 61% es en áreas naturales protegidas, el 28% afecta patrimonio natural y cultural reconocidos por la Unesco, y el 67% corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.
En definitiva, los activistas consideran que los proyectos chinos violan derechos humanos con conocimiento de causa, inmersos en una falta total de monitoreo por parte de las autoridades locales y haciendo oídos sordos al reclamo de las comunidades en cada lugar, muchas veces campesinos o indígenas desplazados por los agronegocios o la megaminería.
Actualmente, Naciones Unidas se encuentra trabajando fuertemente en la prevención y gestión de conflictos por las tierras y los recursos naturales entre las comunidades y las industrias extractivas, para lo cual ha publicado -junto a la Unión Europea- un oportuno kit de herramientas teóricas sobre este tema, descargable desde su web oficial (ver QR adjunto).
Muchas personas son asesinadas por oponerse a proyectos mineros y petroleros. Según la organización Global Witness, hasta 200 defensores ambientales son asesinados por año, siendo 2016 el año que más muertes se registraron. El fenómeno está creciendo, y se está expandiendo cada vez a más países. Los asesinatos asociados a la deforestación están en aumento, siendo muchas veces los mismos guardaparques quienes pierden la vida. El 40% de los asesinados son miembros de pueblos originarios y el 60% de esas muertes tienen lugar en nuestra región, siendo Brasil el país con mayor cantidad de víctimas y Nicaragua el país con mayor fatalidad per cápita.
En conclusión, son las empresas y -especialmente- los gobiernos, quienes deben empezar a rechazar que se nos imponga desde el extranjero proyectos extractivos en nuestras comunidades, sin consentimiento libre, previo e informado de nuestros ciudadanos. Los inversionistas sólo alimentan violencia financiando proyectos que reprimarizan nuestra economía, y nos obligan a abandonar el sueño de convertirnos -algún día- en el país desarrollado que nos merecemos ser.
