La distribución de la tierra pública en Corrientes

Una de las consecuencias del avance de las fronteras interiores en Corrientes fue la paulatina transferencia de las tierras del Estado a dominio particular. Este proceso, iniciado en el momento mismo de la fundación de Corrientes, cobró impulso en la segunda mitad del siglo XVIII y se desarrolló con pocas interrupciones hasta fines del siglo XIX, cuando fueron vendidas las últimas extensiones importantes de terrenos públicos. Coincide este proceso con el flujo inmigratorio europeo en las provincias circundantes a Corrientes, especialmente Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Misiones que contaban con vastas extensiones de tierras fiscales, que fueron ofrecidas a los inmigrantes. Ello explica, de algún modo la inexistencia del fenómeno colonizador europeo en Corrientes.

Las primeras adjudicaciones fueron realizadas por el mismo fundador de Corrientes, Torre de Vera y Aragón, entre los vecinos que poblaron la ciudad. La frontera entonces era el Riachuelo. La propiedad se adquiría con la residencia en ella por un número determinado de años. Por los ataques indígenas muchas de esas propiedades iniciales fueron abandonadas en épocas tempranas. Se las otorgaba en calidad de mercedes en depósito, o sea, concesiones provisorias. Los poseedores tenían la obligación de hacer firmar los títulos ante el Rey. De hecho, quienes recibían este beneficio no se molestaban en realizar este trámite. Pero el Cabildo correntino comenzó a utilizar este sistema de otorgamiento en merced real en territorios de jurisdicción confusa, por ejemplo la región sudoeste de la provincia, que estaba siendo poblada por el cabildo santafesino. El gobierno de Buenos Aires llamó la atención al cabildo de Corrientes pero éste siguió otorgando tierras en ese espacio.

Hacia el momento de la Revolución de Mayo, cuando Corrientes ya se había expandido hacia el Iberá por el Este y hacia la región del Paiubre por el sur, el régimen de adjudicación de tierras realengas (del rey) había sufrido importantes reformas. Se habían autorizado, por ejemplo las ventas en pública subasta y la venta “a moderada composición”. Esta última se aplicaba a quienes habían ocupado tierras baldías sin justo título. El problema era que esos ocupantes, que ya tenían hacienda y construcciones en sus campos debían ir hacia Corrientes para participar en los remates de las propiedades que ellos mismos ocupaban y, ante la imposibilidad de hacerlo, como pasaba en la mayoría de las veces, las familias patricias, cercanas al Cabildo eran los que obtenían los remates.

Para evitar el engorroso e imposible trámite de certificar el título ante el Rey, la Real Instrucción de 1754 autorizó a Virreyes y Gobernadores a realizar las confirmaciones de propiedad. Estos funcionarios debían nombrar subdelegados que oficiarían en estos trámites en nombre del Virrey. Al depender Corrientes de la gobernación de Buenos Aires (aún no había Virreinato), los propietarios debían trasladarse a Buenos Aires a certificar sus títulos de propiedad. ¿Quiénes podían viajar a Buenos Aires?. Sólo las familias pudientes de la capital, ligadas al entorno del cabildo. Así fueron haciéndose poseedores de las tierras fértiles de la región del Paiubre, Curuzú Cuatiá, etc. La propiedad de la tierra tendió entonces a concentrarse en manos de unos pocos adquirentes.

En la época de Corrientes como provincia, el gobernador Ferré, en 1827 creó un Registro de las propiedades rurales, Los propietarios debían presentar sus títulos en un plazo de tres meses para ser anotados en un libro de asiento de superficies y linderos de cada campo. Como la mayoría no poseían títulos, el gobierno permitió a los pobladores a pagar una “moderada composición” al fisco para legalizar su situación. Si no se hacía este trámite las tierras serían vendidas en remate público. Muchas de esas tierras fueron entregadas a personas que hubieran realizado “importantes y distinguidos servicios prestados a la causa del país...”. Así, muchos ilustres ciudadanos correntinos fueron adquiriendo importantes porciones de tierras aptas para la cría de ganado. Estas concesiones fueron legalizadas mediante las leyes de venta de tierras (13.XI.1827) y concesiones gratuitas (3.III.1828).

Hacia 1830, cuando la región poblada por los guaraní-misioneros (al este del río Miriñay hasta el río Uruguay) prácticamente quedó baldía después de las luchas entre Andresito y Chagas Santos, Corrientes implementó el sistema de enfiteusis con Ferré para “alquilar” esas tierras que no pertenecían a la provincia. Se pagaba un 2 % de lo que tasaba el agrimensor (las que nunca respondían a la realidad). Había un único agrimensor oficial, Santiago de Achinelli, a quien le era imposible mensurar tantas y tan amplias superficies. En 1844 para transparentar la situación se eximió a los enfiteutas del pago del canon. Una nueva ley general de tierras, en 1864 otorgó definitivamente las propiedades a los enfiteutas.