Investigación avanza sobre gobiernos de Brasil y Chile

El gobierno de Bolivia reveló que investiga si Chile y Brasil tuvieron alguna participación en las protestas del 2019 que sirvieron de antesala para el golpe de Estado contra Evo Morales, después de acusar a Ecuador y Argentina de enviar armamento y material antidisturbios.

“Se está observando, se va a investigar cuáles son las relaciones que hayan podido existir en ese momento en ayudas y coadyuvaciones (contribuciones) desde Chile y desde Brasil”, explicó el vocero gubernamental Jorge Richter, en referencia a los gobiernos de Sebastián Piñera y Jair Bolsonaro.

Richter habló por una radio de los sindicatos de cocaleros sobre las denuncias del canciller Rogelio Mayta, hace una semana, contra el ex presidente argentino Mauricio Macri.

Macri fue acusado de haber ayudado con armas y municiones al gobierno de Jeanine Áñez, que por entonces reprimía las protestas de los partidarios del ex presidente Morales, obligado a renunciar.

El presidente Luis Arce afirmó en los últimos días que en octubre y noviembre de 2019 “se gestó un golpe de Estado” contra Morales y que esa iniciativa fue apoyada por varios gobiernos y ONG estadounidenses.

Según Richter, el gobierno de Arce espera que la fiscalía argentina pueda ayudar a esclarecer el rol de Macri, quien rechazó las acusaciones.

En junio, el gobierno boliviano también responsabilizó al entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno de haber despachado a Bolivia “munición de guerra” y equipos antimotines.

Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estableció que en las protestas de fines de 2019 se registraron al menos 35 muertos, la mayoría en las masacres de Sacaba y Senkata.

La denuncia del gobierno de Bolivia y las autoridades argentinas sobre el envío irregular de pertrechos represivos cobró mayor volumen con la confirmación oficial de que parte del material entregado por la administración de Macri continúa en los depósitos de la policía del país vecino país.

El comandante general de la policía boliviana, Johnny Aguilera, confirmó que el material represivo encontrado en depósitos de la institución no cumplía con “ninguna formalidad”.