Letrados misioneros insisten en la necesidad de una reforma judicial

La Justicia argentina avanza en la búsqueda de mayor agilización y transparencia, con la aplicación real de los principios constitucionales a través de un cambio de paradigma en los procesos. Sin embargo, esta modificación va a paso lento y provincias como la de Misiones aún tienen cuentas pendientes en este sentido.

El paso del sistema inquisitivo a un sistema acusatorio es una de las deudas que aún persiste en el sistema judicial, planteo que es incansablemente reiterado por abogados, jueces y todos los agentes que trabajan en el servicio de justicia.

El sistema acusatorio no sólo le brinda mayor transparencia y organización a la investigación, teniendo el juez en ella una participación pasiva e imparcial, sino que además permite una defensa ampliada y dentro de los parámetros que demandan los derechos argentinos, poniendo como protagonistas a las partes en el proceso adversarial.

Asimismo, permite un mayor acercamiento de la Justicia a la ciudadanía, con la inclusión del juicio por jurados y el proceso por audiencias.

Esto, además, tiene como plus la agilización de los tiempos, evitando la burocracia propia de los sistemas escritos.

Desde el sector judicial misionero apuntan a que pasar al sistema acusatorio no es una opción sino una necesidad. Por eso, se insiste en plasmar la discusión y trabajar en ello.

En ese marco, ya hay proyectos en la Cámara de Representantes provincial que buscan avanzar en el tratamiento del tema.

En cuanto a lo económico, advierten que si bien va a demandar un costo para el Estado, hay ejemplos como el de la provincia de Corrientes, que recibió apoyo nacional con vías de financiación.

El Territorio reunió las voces de distintos letrados de Misiones que advierten la imperiosa urgencia de trabajar en ese sentido y saldar la cuenta pendiente que tiene la justicia con los vecinos de la Tierra Colorada.

Principio de legalidad
La aplicación del sistema acusatorio está prevista en la Constitución Nacional y su no cumplimiento en una violación grave a ésta.

El presidente del Colegio de Abogados, Fernando Orbe, sostuvo en referencia a esto que “el Colegio de Abogados a través de sus institutos de estudio está viendo esta realidad y solicitando el cambio desde hace un buen tiempo”.

“Fue una oportunidad perdida en el cambio del Código Procesal Penal en el 2014 donde se avanzó con la figura del querellante particular pero no con este cambio de sistema. Es un cambio importante que conlleva mucha capacitación por parte de fiscales y el cuerpo de investigación, además del juez que debe ser el garante de los derechos constitucionales de los investigados y la víctima. Es de tremenda importancia que avancemos en este cambio de paradigma en el sistema penal”, agregó.

Asimismo, Martín Moreira, vocal del Colegio de Abogados y reconocido letrado de la zona Centro, aseveró que desde el punto de vista procedimental en la práctica profesional “la etapa instructiva es muy rígida en el sistema mixto, en la que el juez acusa junto al Ministerio Público y juzga, mientras que después está la etapa de plenario que es más flexible y tiene un corte más acusatorio. Nos encontramos con un proceso que en la admisión probatoria nos rechazan pruebas. El imputado en todo momento tiene la primacía del estado de inocencia y a veces se ve la dicotomía que hay porque tiene que demostrar su inocencia. A esto, en la práctica profesional, los abogados penalistas nos vemos en la situación de que queremos demostrar a través de ciertos elementos probatorios la inocencia de un cliente y el juez denega las pruebas”.

“También se ve desdibujada la figura del querellante, que después del fallo Santillán tiene una acusación autónoma. Es decir que si el Ministerio Público no acusa, esta figura del querellante tranquilamente suple eso. Pero en realidad, el sistema procesal que tenemos después de la reforma del Código viene queriendo tener este cambio, pero se confunden los roles. Es necesario pasar a un sistema acusatorio para tener un juez de Garantías que va a velar que en toda la instrucción se cumplan los actos de legalidad”, resaltó.

Afirmó en este sentido que si se logra pasar al sistema acusatorio, las figuras estarán más delimitadas y habría una mayor garantía de legalidad en los actos instructorios. “Hay que impulsar esta reforma procesal, no solamente por las garantías sino porque en este momento no se está impartiendo justicia, en el sentido de que el juez muchas veces es el que patea y ataja el penal, y se confunden los roles. Esta forma rígida hace chocar a los abogados que ejercen el proceso penal contra una pared que es inevitable. Incluso podemos tener una policía judicial que se encargue de la investigación del delito, que esté en sintonía con el Ministerio Público Fiscal y resolver si hubo un delito”, apuntó.

En la misma línea se refirió la letrada Luciana Sommer, integrante del Colegio de Abogados, participante del club de litigación oral de la institución y profesora universitaria, quien manifestó que “pasar al sistema acusatorio no es una opción sino una necesidad para adecuar nuestro sistema de enjuiciamiento penal a los estándares mínimos constitucionales. La Constitución Nacional es clara en cuanto a que es este el sistema que debemos adoptar como Nación y por ende ir en contra es una violación sistemática al mandato constitucional”.

Por qué este sistema
Según explicó Sommer, el sistema acusatorio permite acercar la justicia a la ciudadanía, “no sólo porque es el sistema natural para la inclusión del juicio por jurados sino porque al instaurar un proceso por audiencias hace que las decisiones judiciales sean tomadas en función de lo que sucede en las mismas, permitiendo que la sociedad conozca y comprenda lo que sucede en las causas”.

Por otro lado, aseveró que “permite acortar los tiempos, evitando la burocracia propia de los sistemas escritos. En este punto es importante recalcar que los tiempos no se acortan por una intervención menor de la Justicia sino porque el proceso acusatorio permite intervenir de manera oportuna frente a cada conflicto y apuntar la política criminal a donde realmente se encuentran las cuestiones más atendibles de la justicia, esto significa poder responder a tiempo y de manera oportuna según cada conflicto se presenta a la Justicia”.

La letrada resaltó que cambiar a este sistema demanda capacitación muy importante por parte de todos los sectores, pues “la verdadera reforma viene de la mano de la modificación de las prácticas que es una cuestión que depende solamente de que quienes operamos en la Justicia penal podamos realmente aplicar los principios del sistema, deben capacitarse jueces, fiscales, defensores y abogados particulares a la par”.

Arreglar los errores
Varios errores en materia judicial de Misiones remarcan la necesidad de este cambio de sistema, de acuerdo a lo que indican los abogados al respecto. Un claro ejemplo se dio con el caso de Cristina Vázquez, quien estuvo presa once años y fue absuelta tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia ante la falta de pruebas.

El presidente del Colegio de Abogados, Fernando Orbe remarcó al respecto que desde la Institución se ve “con suma necesidad avanzar hacia la reforma procesal penal, porque algo que ya lo hemos dicho en varias oportunidades es que evidentemente el sistema inquisitivo en una sociedad tan compleja como la que tenemos está demostrando sus falencias, es alarmante la cantidad de sentencias de tribunales orales que son declaradas nulas”.

“Tenemos varios terribles ejemplos en la provincia como la de Vázquez, que todos sabemos en lo que derivó ese error judicial, pero tiene que ver con este sistema actual en el cual el juez investiga y garantiza la legalidad de la investigación, lo que de cierta manera deja en un papel muy lateral al fiscal. Eso es el principal perjuicio que conlleva este sistema inquisitivo que tenemos, lo importante será pasar al sistema acusatorio”, determinó.