Pareja poliladron afrontará juicio unificado por nueve causas por robo

A dos años de la primera denuncia contra la cabo de la Policía de Misiones Alicia K. (29) y su concubino, el oficial ayudante Marcos P. (30), la Justicia de instrucción continúa recepcionando testimonios y pruebas en el marco de las nueve causas por hurto y robo que afrontan los citados funcionarios.
Ocurre en las conocidas restricciones por la pandemia, lo que limita el funcionamiento de los juzgados en general, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá en particular se halla sin juez natural por la renuncia de Alba Kunzmann de Gauchat.

En ese contexto, los magistrados subrogantes priorizan las causas con detenidos.
De todas formas, con relación a la situación procesal de la pareja poliladron, fuentes judiciales precisaron que dos causas ya fueron elevadas al Tribunal Penal Uno de Oberá, órgano que oportunamente unificará todos los expedientes para la realización de un solo juicio oral y público.
Con relación a las causas ya elevadas, una de ellas fue radicada por una empleada judicial que se desempeña en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Familia de Oberá, donde la cabo prestaba servicio de custodia.

Precisamente, en uno de los allanamientos de la vivienda de la pareja, en Panambí, los investigadores hallaron dos cámaras de fotos sustraídas en el domicilio de la citada, lo que resultó clave en la acusación.
El otro expediente que fue girado al TP corresponde a la denuncia de la jefa de la Comisaría de la Mujer de Oberá, subcomisario Rosa Berley, a quien la cabo le robó la cartera.

Así, durante la instrucción se determinó que los imputados no tuvieron escrúpulos a la hora de asaltar a vecinos, amigos y compañeros de trabajo.

Monedas de colección

La pareja también está acusada de robarle a un conocido abogado, cuyo domicilio es lindero al edificio de la Cámara de Apelaciones, por donde habrían ingresado a su casa.
Otra damnificada es una coleccionista de monedas que en primera instancia, cuando detectó que le faltaba parte de su colección, acusó a su empleada doméstica, aunque luego se comprobó que no tuvo nada que ver.

La verdad salió a la luz luego del allanamiento a la vivienda de los acusados, circunstancia en que en los investigadores fotografiaron las monedas halladas, lo que posibilitó la identificación por parte de la dueña. Fue otra prueba contundente contra los policías.

Lo cierto es que la cabo y su concubino estaban tan cebados de impunidad que no tuvieron ningún tipo de reparo. Tanto que Alicia K. hurtó la cartera de la jefa de la Comisaría de la Mujer en la misma dependencia. Ese fue el último golpe que dieron.

Ambos permanecieron detenidos durante casi un mes, lapso en el que se recepcionaron nueve denuncias por robo y hurto agravado en Oberá y Panambí, donde residían.

Al momento de su captura la mujer dependía de la Seccional Primera, pero prestaba servicio en la Cámara de Apelaciones, mientras que su concubino se desempeñaba en la comisaría de Los Helechos.
En paralelo a la causa penal fueron puestos en disponibilidad por la Jefatura de la Policía, medida que aún permanece vigente.

Estuvieron presos 25 días y fueron excarcelados luego de abonar una caución de 150 mil pesos en efectivo, por lo que aguardarán el juicio en libertad.
Según confirmó El Territorio, la mujer policía está imputada en los nueve hechos, mientras que su concubino está implicado en cuatro de ellos.

De clienta a víctima

Al momento de la primera denuncia, la pareja de policías habitaba una vivienda destinada al oficial a cargo de la comisaría de Panambí, aunque ninguno de ellos trabajaba en el lugar.
Fueron detenidos el 10 de junio del 2019, justo el día en que El Territorio publicó en exclusiva detalles de un ilícito en perjuicio de la jefa de la Comisaría de la Mujer.

Ante la publicación de este matutino, fuentes policiales reconocieron que la mujer y su concubino venían siendo investigados por el hurto de la cartera y el robo de 50 mil pesos en perjuicio de una vecina del barrio Londín de Oberá.

Sobre el último caso, trascendió que la denuncia fue radicada por Miriam O. (29), quien es conocida de la cabo y le compró ropa, circunstancia que la sospechosa habría aprovechado para acceder a información que luego derivó en el robo. Posteriormente un testigo complicó la situación de la pareja.

Además de su condición de policías, los detenidos se dedicaban a la venta de mercadería del Brasil, una fachada que les permitió consolidar un modus operandi delictivo mediante el cual perpetraron varios ilícitos en perjuicio de personas conocidas. Así engañaron a la vecina del barrio Londín que les compró ropa. En la mañana del día del hecho, la cabo se presentó en el domicilio de la víctima para cobrar una cuota y la dueña de casa le comentó que esa misma tarde se iba de viaje con su familia por el fin de semana.
Al regresar del paseo, los propietarios constataron que desconocidos violentaron una puerta, accedieron al domicilio y sustrajeron 50 mil pesos en efectivo.

De las averiguaciones surgió que luego de que los dueños salieron de viaje, una vecina vio el auto de la pareja de policías estacionado frente a la casa. El sujeto estaba al volante y alrededor de media hora más tarde su mujer salió de la propiedad y se fueron del lugar.

Más denuncias

A partir de la publicación de las primeras denuncias se originó un efecto cascada que animó a más víctimas a presentarse ante la justicia.
En consecuencia, la pareja también es sospechosa del hurto de 250 mil pesos y 300 dólares en efectivo de una familia amiga que reside frente a la Comisaría de Panambí, donde vivían.

“Caímos que tienen que ser ellos, porque conocían todo lo que hacíamos, sobre todo Alicia, que es amiga de toda la vida. Desde el primer momento pensamos que era alguien conocido porque usaron una llave que dejábamos en una plantera, pero no imaginamos que podían ser ellos, si son policías”, comentó un integrante de la familia.
Incluso, son sospechosos del robo de las armas reglamentarias de otra pareja de policías que trabajaban en la Seccional Tercera de Oberá.

Por diferentes indicios, desde un primer momento los investigadores sospecharon que los malvivientes podrían haber contado con información que les facilitó el golpe.
Los sospechosos eran muy allegados, conocían la casa y los movimientos del agente Javier S. (26) y la cabo Yésica W. (24), quienes concurrieron a una cena sin sus respectivas pistolas 9 milímetros.
El día del hecho los damnificados regresaron de madrugada a su domicilio, en Villa Lindstrom, donde constataron el ilícito. Notaron la casa revuelta y el faltante a las armas y el dinero que tenían guardado.

Por otra parte, los propietarios de un comercio ubicado en inmediaciones a la Terminal de ómnibus implicaron a la cabo en el hurto de dinero en efectivo, tal como habría quedado registrado en las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El policía también fue acusado de sustraer la tarjeta de debido y dinero a una compañera de la Comisaría de Los Helechos, donde prestaba servicio hasta su detención.

Ropas, calzados y armas

El modus operandi de la pareja detenida se sustentaba con la fachada de la venta de mercadería de Brasil, sobre todo ropa y calzados.
De esta forma se ganaban la confianza de las personas y aprovechaban para delinquir.
Pero también perjudicaron a compañeros de trabajo, vecinos y amigos.

Precisamente, el conocimiento de ambos sobre la fragilidad de la frontera con el vecino país, además de sus antecedentes, atiza la hipótesis de que podrían haber robado las armas de sus camaradas para comercializarlas.
En tal sentido, fuentes del caso mencionaron que en el mercado negro son muy requeridas las pistolas 9 milímetros de las fuerzas de seguridad, al punto que en la frontera con Brasil las mismas cotizarían en alrededor de 100 mil pesos cada una.

“En Brasil no hay 9 milímetros, hay calibre 40 que usa la Policía Militar y es muy pesada y lleva menos cartuchos. También hay revólveres calibre 38 o 357 que son lentas. En cambio las 9 milímetros son livianas, tienen poder de fuego y allá no se fabrican”, precisaron.