El Senado convirtió en ley el cupo laboral travesti trans

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, que establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes a personas trans, travestis o trans.

La ley fue aprobada con 55 votos afirmativos, 1 voto negativo y 6 abstenciones.

La sesión fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como “un día histórico” el de ayer por la discusión de esta ley.

En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley “produce una hermosa y estupenda sensación”, ya que “después de tantos años, nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género”.

“Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas”, sostuvo Durango.

Al mismo tiempo, la senadora nacional añadió que los senadores tuvieron “la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros”.

Durango señaló que se busca con la norma “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional”.

También subrayó que se discute “algo más que el cupo laboral” y afirmó al respecto que es un debate sobre “derechos humanos”.

Durango marcó que las personas de este colectivo “continúan recibiendo restricciones par acceder al trabajo y dificultades para vivir en condiciones dignas”.

En tal sentido, recordó que la expectativa de vida es de entre 35 y 40 años.

Discriminación positiva

El cupo laboral travesti trans se enmarca dentro de las leyes consideradas de discriminación positiva, es decir, promueve y consagra el acceso a derechos de un colectivo particular que, estructuralmente, tienen vedado el acceso a ese derecho universal.

En el caso de la población travesti, trans o transgénero, el informe ‘Las brechas de género en la Argentina’, realizado por el Ministerio de Economía, refleja que el 20 por ciento de esa comunidad no realiza ninguna actividad formal por la que obtenga dinero.

El 80 por ciento restante expresó dedicarse a actividades vinculadas a la prostitución y trabajos informales de precaria estabilidad.

En paralelo, el acceso a la educación, la salud, vivienda o jubilaciones, pensiones, obras sociales y hasta vacaciones es prácticamente un imposible, un hecho que refuerza la desigualdad y exclusión que vive el colectivo.