La Justicia uruguaya suspendió la extradición de Rodríguez Simón

El operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón debe quedarse en Uruguay hasta que se defina su situación. Tras la audiencia con la jueza Adriana Chamsarián, se le pidió entregar su pasaporte, constituir domicilio y debe quedarse en el país hasta que el presidente, Luis Lacalle Pou defina su proceso de asilo político.

“Atento a lo manifestado por la defensa del Sr. R.S. en cuanto a su oposición al pedido de extradición de las autoridades argentinas por encontrarse en trámite la solicitud de condición jurídica de refugiado”, explica la resolución judicial que Fabián “Pepín” Rodríguez Simón se quede en Uruguay y “suspender el presente proceso de extradición del Sr. FRS hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”.

Pepín Rodríguez Simón fue convocado a una audiencia que tuvo en el Juzgado Letrado Especializado en Crimen Organizado de Primer Turno de la ciudad de Montevideo. La jueza uruguaya había dispuesto la convocatoria después de que le fuera notificada la orden de captura internacional librada por la jueza Servini, que aún no se concretó porque está pendiente de resolución el pedido de asilo que presentó el abogado a principios de mayo pasado.

La jueza tuvo por presentada “la solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio” con el que Rodríguez Simón formalizó el pedido.

Según la legislación uruguaya, cuando chocan dos reclamos antagónicos, el pedido de refugio y una orden de detención de un tribunal extranjero, la primera instancia que debe adoptar una decisión es la judicial.

Plazo de 90 días para expedirse

La defensa de Pepín ya informó y aportó a la causa “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (Core) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”.

Según indicaron las fuentes, la sola petición ya le otorgaría el estatus legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido.

El Core es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería e integrado por un funcionario de Migraciones, un representante de una universidad, un legislador, dos ONG y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El organismo tiene un plazo de 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.

Una vez que el Core se pronuncie, el propio Pepín podría apelar esa resolución si la decisión le fuera desvalorable. El recurso podría llegar incluso hasta la Corte uruguaya, señalaron fuentes judiciales. Recién cuando la definición de la Core esté firme, la jueza Chamsarián retomaría el proceso de extradición.

Allí, lo que se debatirá es el pedido de la jueza Servini para enviar a “Pepín” a la Argentina. Servini rechazó en una resolución que el imputado pueda ser considerado un refugiado politico. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, aseguró.

La jueza María Servini investiga a Rodríguez Simón en el marco de una denuncia que radicó el empresario Fabián de Sousa contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Cambiemos y meterlos presos.

La magistrada había citado a indagatoria a Rodríguez Simón para indagarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio.

Desde Uruguay, en declaraciones periodísticas, “Pepín” aseguró que el empresario Cristóbal López, dueño de C5N, en conjunto con Servini y con aval del Gobierno, montó una persecución judicial en su contra cuyo objetivo es meterlo preso.