Gobernadores se niegan a militarizar sus distritos

A más de un mes del inicio de la crisis que vive Colombia por protestas y bloqueos de rutas en reclamo de mejoras sociales -que ya causó algo más de 60 muertes, la mayoría por la represión de las fuerzas del Estado-, una polémica institucional creció en las últimas horas entre el gobierno de Iván Duque y varias gobernaciones y alcaldías, que se niegan a autorizar la militarización en sus distritos y prefieren recurrir al diálogo.

La cara más visible, pero no la única, es la de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien rechazó de manera tajante la aplicación en la capital colombiana del decreto 575, que les ordena a los gobernadores de ocho departamentos y los alcaldes de 13 ciudades coordinar con el Ejército y la Policía el despeje de los bloqueos de rutas y autopistas.

“Un estallido social no se resuelve con fuerza. Poner a la Policía como primer respondiente de un estallido social y económico es un error. Un absoluto despropósito”, insistió Claudia López, la joven jefa comunal militante feminista, ex consultora de Naciones Unidas y columnista en varios medios de comunicación.