Cada vez se registran más acuerdos para redefinir la cuota alimentaria

Desde que comenzaron las distintas restricciones originadas por la pandemia de coronavirus, en muchas familias con padres separados se pactaron distintas modalidades de visita o -como se denomina ahora- regímenes de comunicación y estrategias para el cumplimiento de la cuota alimentaria.

En este último caso, la finalidad de dicha obligación es la de satisfacer las necesidades materiales y espirituales de los hijos y, cuando se trata de menores, ambos progenitores atendiendo a su condición y posibilidades económicas.

Esta modificación en el cuidado de los hijos con respecto a lo que las partes habían acordado oportunamente exigió la alteración provisoria del monto en que se abona la cuota alimentaria.

Al respecto, Radioactiva dialogó con José Luis Montoto, director del Centro Judicial de Mediación (Cejume), quien explicó: “Las familias empezaron a rediseñar su relación, hubo casos que querían modificar la cuota alimentaria porque no estaba trabajando, pero se planteaba una alternativa; es decir, ‘no te voy a poder dar este dinero pero te pago tal cosa”. Nuestro entorno es colaborativo, diferente al judicial, donde la lucha se profundiza y no se generan muchas opciones”.

En este sentido, añadió que las líneas de trabajo se basaron en proyecciones con lapsos de tres a cuatro meses con el objetivo de volver a analizar estos acuerdos.

Montoto comentó además que dada la situación pandémica, el Cejume al igual que otros organismos debió adaptarse para poder seguir brindando atención ante estos casos, sobre todo teniendo en cuenta que durante el año pasado se agudizaron.

Especificó que si bien la premisa de la mediación es el diálogo cara a cara, debieron incorporarse vías online. “Empezamos a brindar un servicio adicional que era la mediación online pero siempre con la mirada puesta en la diversidad de situaciones que se nos vienen planteando. Se habilitaron cuatro salas para presencial con dos metros de distancia, y la opción mixta: una parte de manera online y la otra presencial”.

Sobre este punto, detalló que si bien la opción más elegida fue la virtual, la diferencia con el modo presencial no fue considerativa. Desde mayo hasta fines del 2020 hubo 404 legajos recepcionados de manera virtual, 394 presencial y 106 mixtos. Y en cuanto al nivel de acuerdo entre las partes, alrededor del 75% lograron hacerlo. Es decir, de 904 casos, 678 pudieron llegar a un acuerdo total o parcial. 

“Alimentos siempre ha sido la reina en estos temas, pero lo que sucede casi en un 100% de los casos es que cuando se llega a un acuerdo la gente ya resuelve más cosas. Se acuerda el alimento y ya se sigue con -por ejemplo- el cuidado personal, permisos de viaje, o quién va a pagar el viaje de fin de curso. Es un todo muy complejo y atravesado por múltiples facetas, pero el acuerdo de mediación permite resolver todo eso, que no pasa con la demanda judicial”, aseguró Montoto.

Y cerró: “Después hacemos un seguimiento con las partes para que puedan sortear las dificultades que tengan en el cumplimiento de estos acuerdos, porque es una proyección de vida. El éxito de la mediación es en el momento en el que la gente asume su autonomía conflictual”.

La obligación alimentaria

El Territorio dialogó además con Carolina Malla, abogada especializada en derecho de familia, quien refirió sobre algunos conceptos básicos en relación a la cuota alimentaria. Al ser consultada sobre qué sucede en casos de incumplimiento, destacó se trata de una obligación que tiene contenido económico, como cualquier otra deuda.

“Por lo tanto, si no se cumple, hay que recurrir al Poder Judicial para lograr su cumplimiento. Previo a ello, o incluso durante la tramitación de un proceso judicial, hay medios alternativos como la mediación para que las partes puedan acordar, pacífica y voluntariamente, el cumplimiento, la modificación o cualquier situación que se suscite que amerite -si las partes quieren- acordar algo distinto. Precisamente instancias como la mediación revisten y revistieron enorme utilidad el año pasado, dado que progenitores cumplidores se vieron afectados por los efectos económicos de la pandemia”, aportó en relación a lo charlado con Montoto.

No obstante, aseguró que la parte afectada por el incumplimiento siempre tiene las vías legales para exigir el cumplimiento de la cuota pactada o no pactada nunca, a efectos que el juez establezca mediante una sentencia el monto de dinero u otra modalidad de cumplimiento, como el pago de servicios, escuela o comprar mercaderías, entre otras alternativas.

Sin embargo, en casos más complejos existen numerosas herramientas para lograr que un deudor pague la cuota, como acudir al Registro de Alimentantes Morosos; considerar la falta de pago como una forma de violencia (patrimonial o económica) o restringir ciertas libertades del incumplidor dado que con su conducta atenta contra derechos humanos fundamentales.

Por otra parte, Malla especificó que la obligación alimentaria se calcula teniendo en cuenta la cobertura integral de las necesidades del niño, teniendo en cuenta siempre las posibilidades económicas de cada progenitor. “Y aquí también se tendrá en cuenta -necesariamente- con quién convive o pasa la mayor parte del tiempo el niño, pues eso implica para el padre/madre conviviente una tarea dentro del hogar que también debe valorarse económicamente en su favor”, dijo.

Si bien afirmó que la Justicia a veces tarda en dictar una sentencia definitiva de alimentos ya que influyen en ello múltiples factores externos e internos a las partes, al inicio siempre el juzgado dicta una cuota provisoria de alimentos que se tomará como pago a cuenta de la cuota que se disponga en la sentencia definitiva.

En cifras
904
Es la cantidad de legajos ingresados entre mayo y diciembre de 2020, de los cuales en un 75% de los casos se llegó a un acuerdo.