Casal siguió el argumento de Rodríguez Larreta

Tal como se preveía, la Procuración General de la Nación dictaminó ayer contra la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández por el cual se dispuso la suspensión por dos semanas de las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), el epicentro de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19.

Con este dictamen la Corte Suprema de Justicia ya se encuentra en condiciones de fallar sobre la disputa que se abrió entre Nación y Ciudad por la presencialidad en las aulas. Se espera que el máximo tribunal dé a conocer su fallo casi sobre el final del plazo de vigencia del cuestionado decreto.

Críticas al DNU

De acuerdo con el dictamen de la Procuración que lleva la firma del propio Eduardo Casal, el decreto del Ejecutivo no estaría suficientemente fundamentado y no estaría demostrado desde el punto de vista epidemiológico que la presencialidad en los colegios constituya un factor de riesgo para los alumnos.

Para Casal la posibilidad de suspender las clases es potestad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y no de Nación.

El Procurador señaló que el gobierno nacional tiene las facultades sobre la salud en todo el país y para tomar medidas de emergencia en casos excepcionales, como lo es una pandemia, pero que deben estar fundamentadas, lo que a su criterio en este caso no ocurre.

Ahora la Corte Suprema quedó en condiciones de resolver. Vale decir que la resolución de la Procuración General no es vinculante, es decir, que la Corte Suprema de la Nación puede tomar su propia decisión. Hasta ahora, trascendió que los votos estarían a favor de Capital Federal.