martes 19 de octubre de 2021
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Por presuntas agresiones físicas por parte de efectivos del Comando Radioeléctrico

La CPPT identificó y asistió a víctimas de apremios policiales en Oberá

Una menor de 16 años y su hermana de 21 ratificaron la acusación. También lograron individualizar al joven que habría sido torturado, cuyas imágenes se viralizaron

miércoles 28 de abril de 2021 | 2:30hs.
Entrevista
Un comisionado de la CPPT se interiorizó en el caso ayer.
Un comisionado de la CPPT se interiorizó en el caso ayer.

“A mis hijas ya les hicieron daño. Las golpearon, esposaron, les robaron los teléfonos y hasta el DNI de la menor, cosas que todavía no recuperamos. La Policía ya lastimó a mi familia y de eso no hay retorno. Pero no quiero que vuelvan a lastimar a otra gente porque es horrible lo que nos hicieron”, reflexionó Patricia Almoa, quien denunció que sus hijas fueron víctimas de apremios por parte de efectivos del Comando Radioeléctrico de Oberá.  

En su edición de la víspera, El Territorio publicó detalles de la denuncia de la progenitora de las jóvenes de 21 y 16 años, las cuales en la madrugada del último sábado habrían sido agredidas por policías por el hecho de filmar un procedimiento en la vía pública, según consta en la presentación radicada ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Oberá.

Según precisó Almoa, quien reside a media cuadra del Comando Radioeléctrico, alrededor de las 2 de la madrugada de ese día escucharon disparos, corridas y pedidos de auxilio, ante lo cual ella y sus hijas salieron a ver qué sucedía.

Al llegar a la veredera de la dependencia policial, las chicas tomaron sus celulares y empezaron a grabar lo que estaban viendo, lo que habría originado la violenta reacción de los uniformados.
“Mis hijas lo único que hicieron fue filmar cómo los policías golpeaban a unos detenidos que ya estaban esposados. Entonces las golpearon a ellas”, relató.  

En la víspera, en tanto, funcionarios de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) llegaron a Oberá y se entrevistaron con Almoa y sus hijas, quienes ratificaron la acusación contra los efectivos del Comando.

Dos versiones

Previamente, la comitiva de la CPPT se reunió con el comisario Gustavo Ariel Sánchez, jefe de la dependencia implicada, quien habría intentado minimizar las acusaciones, al punto que expresó que la menor de 16 años y su hermana de 21 eran de contextura “grandota”, por lo que fue necesario el uso de la fuerza.

Pero una vez en el domicilio de la familia, los funcionarios constaron que la talla de las chicas no se condice con la versión del jefe del Comando.

Asimismo, Sánchez manifestó que las jóvenes perdieron sus celulares en el forcejeo con los policías, aunque en la víspera las víctimas ratificaron que los uniformados las golpearon para que dejen de grabar y les quitaron sus teléfonos.

Fabián Mantau, comisionado de la CPPT, tomó nota de los dichos de las hermanas y sus padres, quienes también aportaron datos sobre lo sucedido en la madrugada del sábado y el accionar los policías.  

“El jefe dijo que mis hijas perdieron los celulares, pero la verdad es que ellos les sacaron y hasta pisaron los teléfonos”, señaló Almoa.

Su hija mayor, que padece asma, contó que sufrió un golpe en el estómago y eso le produjo una crisis; mientras que la menor fue esposada, tal como contó Mantau a través de un video grabado por otro vecino.

Ayer, a más de 72 horas del hecho, las víctimas aún no habían recuperado sus celulares ni el DNI de la menor.

“El mismo sábado, a las 5, por mi computadora vi que trataron de desbloquear mi celular. Los policías quieren borrar los videos porque saben lo que hicieron y eso los compromete”, opinó la joven.

Segunda denuncia

Consultado al respecto, el comisionado de la CPPT explicó que “luego de recabar información vamos a acompañar la presentación judicial de la familia y analizaremos la posibilidad de realizar una presentación penal paralela”.

También corroboró que la agresión a las dos hermanas se produjo en el marco de un procedimiento que culminó con la detención de nueve personas, seis hombres y tres mujeres, tras una gresca en el barrio Günther.

Precisamente, en dicho contexto fue apresado Ricardo M. (23), quien esa misma madrugada fue víctima de agresiones por parte de efectivos del Comando, tal como quedó evidenciado en un video grabado por vecinos del mismo barrio.

“Mirá cómo le patean”, dice la joven, tras lo cual grita pidiendo que cesen con la agresión, mientras de fondo se oyen los gritos de auxilio del damnificado.

En tal sentido, Mantau explicó que en primera instancia lograron identificar al damnificado, quien desde el sábado se halla detenido en la Seccional Tercera acusado de resistencia y amenazas a la autoridad.  

“Nos contó que es tarefero y que el viernes fue a la casa de su novia en barrio Günther, donde hubo una gresca y lo detuvieron. Confirmó que fue detenido y que lo golpearon. Nos dio su consentimiento para hacer la denuncia, aunque primero debemos analizar el encuadre”, anticipó el funcionario.

También mencionó que analizan elevar una presentación sobre el accionar y los antecedentes del comisario Sánchez.

“No fue aislado”

Ante la repercusión de los sucesos registrados en el Comando de Oberá, Eduardo Magno Scherer, presidente de la CPPT, comentó que ayer solicitaron un pedido de informe a la Jefatura de la Policía de Misiones.

Sobre la denuncia de las hermanas de 21 y 16 años, mencionó que las jóvenes fueron agredidas por filmar un procedimiento policial, lo que a priori no implica ningún delito.

“Me llama poderosamente la atención porque no hay ninguna prohibición de filmar, menos en la vía pública y menos aún a funcionarios públicos, siempre y cuando esta actitud no se traduzca en un entorpecimiento del procedimiento”, comentó en diálogo con Radioactiva 100.7.
Asimismo, alertó que “lo que sucedió el sábado no fue un hecho aislado en el Comando Radioeléctrico de Oberá y los antecedentes son contundentes”.

Luego detalló que el 13 de diciembre pasado realizaron una presentación por un menor de 15 años cuya madre denunció que fue detenido y torturado por efectivos del mismo Comando.
“Pero también encontramos otras situaciones en Oberá. El 31 de julio pasado recibimos una denuncia telefónica contra personal del Comando. Y en varias oportunidades asistimos a la Seccional Quinta, donde detectamos testimonios coincidentes de personas privadas de su libertad respecto a malos tratos, lo que motivó una presentación a la Jefatura de Policía, donde se pudo identificar a once agentes por maltratos”, precisó.

Incluso, mencionó que en una ocasión les negaron información y documentación, como también retrasaron el acceso a la dependencia, cuando la ley los faculta a ingresar en forma inmediata.
Ayer y el lunes El Territorio se comunicó con el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, y el jefe de la Policía de Misiones, Carlos Merlo. El primero expresó que no iba a referirse por los hechos aquí desarrollados y el segundo no respondió.

Retaceo de información y otras denuncias

En la víspera, los enviados de la CPPT se entrevistaron con el jefe del Comando, Gustavo Ariel Sánchez, quien en un primer momento habría retaceado la información requerida. Incluso, esbozó cierta recriminación al accionar de los funcionarios encargados de velar por las buenas prácticas en las dependencias que alojan a personas privadas de su libertad.

Lo cierto es que en los últimos tiempos el accionar de los efectivos de la citada dependencia fue objeto de denuncias, y Sánchez fue denunciado por supuesto  abuso en sus funciones.  

Al respecto, el mayo de 2018 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó la apelación presentada por la defensa de Sánchez y otros dos oficiales de la Policía de Misiones acusados de los delitos de “vejaciones y apremios ilegales en actos de servicio”.

Además del jefe del Comando están imputados Enrique Oscar Arenhardt y Miguel Ángel Espíndola.

En marzo del 2017 el expediente tenía fecha para debate oral y público. Incluso se realizó una inspección ocular en dependencias de la Seccional Primera, escenario del hecho investigado, luego de que un detenido denunciara que los policías lo golpearon y le rompieron un brazo.
Pero la defensa de los imputados elevó un recurso de queja que frenó el juicio, aunque luego el STJ avaló lo actuado por el Tribunal Penal Uno. De todas formas, transcurridos tres años aún no se fijó fecha para debate oral.

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