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La reforma de la función pública, en el debe

miércoles 21 de abril de 2021 | 6:00hs.
La reforma de la función pública,  en el debe

En el año 1992, el gobierno de Menem dispuso reformar la función pública al recibir de herencia el desmesurado aumento del empleo estatal, cuyo crecimiento se dio tras el golpe de Estado del 76. En ese año, sobre 23 millones de habitantes y un millón 300 mil empleados, creció en los 90 a más de 2 millones sobre 32 millones de argentinos. Un despropósito.   

Al principio se pensó realizar en forma masiva, pero después se cambió de estrategia visto la imposibidad de la aplicación. Entonces se decidió practicar sobre un organismo a la vez y concluido extenderlos a otros

La elección recayó en el Senasa, organismo recientemente convertido en autárquico y que empezaba a nivel nacional a luchar contra la aftosa. Enfermedad que impedía entrar con nuestras carnes a los mejores mercados del mundo. El lanzamiento de la campaña, considerado cuestión de Estado, lo realizó el propio Presidente Menem en el salón blanco de la casa de gobierno, convirtiendo al organismo en uno de sus preferidos. 

De manera que se puso en práctica el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) programado sobre la base de datos de los agentes del Servicio Nacional. El control técnico dependía de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y consistía en determinar las funciones de los agentes evaluados y estipular posteriormente las bonificaciones por desempeño. Por otro lado, estaba el Sinapa, lugar de encasillamiento del personal evaluado y, para tal efecto, se contrató a la empresa Rum Time. 

De esta manera se pretendió dar inicio a la carrera administrativa a partir de ese año y, tras la calificación, premiar anualmente al mejor 10% de cada sector. En contrapartida el 10% reprobado sería dado de baja y sustituido por una nueva camada concursada. Era pues, una suerte de premio a los mejores y castigo para los otros. 

¿Quién calificaba? El jefe de cada sector. La tarea se iniciaba por la categoría más baja y seguía en escala ascendente hasta terminar en el Administrador General. De manera de ubicar en la base la mayor cantidad de empleados estratificados de mayor a menor, formando una pirámide de peana ancha en cuyo vértice superior se ubicará el jefe máximo.  

Concebido con ese objetivo, la puesta en práctica del programa terminó en fracaso al fallar el evaluador en su calificación, pues predominó más el afecto de la relación humana del funcionario evaluador, quien optó por beneficiar al subalterno en lugar de aplicar la calificación ecuánime, calificando a todos muy bien. 

Convengamos, fracasó la concepción de la forma de evaluar y en la falta de cursos de capacitación del evaluador, no el programa de la SFP cuya meta fue implantar la carrera del empleado público. Así pasaron años y el programa jamás se cumplió diluyéndose en los vericuetos burocráticos. 

Con la incorrecta evaluación, la idealizada pirámide se transformó en rombo y, en el medio de la nueva figura se reubicó la mayor cantidad del personal, con aumentos de sueldos del cien por ciento provocando un gran desequilibrio presupuestario.  

Se debe comprender, si este intento de encasillamiento resultó fallido, no es óbice para poner en practica la carrera del empleado público, único modo de lograr eficiencia en la aministración pública, convertidos en coto de ubicación política en la cual entran inútiles entre personas calificadas al influjo del gobernante de turno. Cuando este se va al término de su mandato, se quedan todos, y al compás de la asunción del nuevo mandatario ingresan otra camada, y así, madurando el tiempo, año tras años, se van acuñando empleados. Politólogos y economistas cuando formulan teorías sobre reforma el Estado, rotulan a esta sobredimensión con el genérico nombre de subsidio encubierto, cuya finalidad es contener una cantidad considerable de gente que en la actividad privada le sería difícil encontrar trabajo. Tal vez lo sea, en tal caso se crea una situación injusta y sufren los buenos empleados que deben multiplicarse para cubrir las tareas de otros con iguales sueldos. Pertenecen al grupo que a su vez subsidia al Estado por cumplir mayor tarea sin que se les reconozcan mejores sueldos. Es la contracara, sin duda, de una forma de explotación encubierta que merece resolverse.  

Concluida la evaluación Run Time informó: “En ocasión de aplicar el decreto del Sinapa, se cometió un error grave y de difícil solución. Nos referimos en que se desvirtuó el espíritu de dicha ley cuya finalidad consistía en un nuevo reordenamiento sustentado en la incentivación del empleado para lograr promociones acordes a la gestión”.  

Esa ley no considera aumentos de sueldos y muchos menos de la magnitud que resultaron, cuyo costo pasó al doble del presupuesto perjudicando al Servicio en forma notable. En plena estabilidad y sin mediar aumento de productividad, el incremento de sueldos en una empresa no es posible”.  

Concluye el informe en liquidaciones de sueldos a empleados dados de baja por renuncias, cesantías, o no prestar servicios, o por licencias sin goce de haberes e inclusive a sujetos desconocidos. Pero sin discusión, lo más urticante fueron las bonificaciones por títulos inexistentes o inventados. Situaciones acompañadas de cargas sociales, jubilaciones, sindicatos, mutuales y seguros que, juntos, representan el 50% del sueldo bruto y que el Estado tuvo que pagar.  

En este enredo se debe pensar en cuánto perderá el Estado y a qué monto llegará si se agregan todos los organismos, reparticiones e instituciones de su inmensa y enmarañada masa estructural. ¿A cuánto ascenderá el perjuicio fiscal agudizado por la inflación, la desocupación creciente y la tremenda pobreza? Según el CCIPEC en el 2020 de cada 100 empleados privados hay 55 en la esfera pública Nacional, alcanzando la cifra de 4 millones. En este contexto las perspectivas futuras no son halagüeñas. Salvo que los políticos actuales superen la grieta que los desune y resuelvan encontrar el camino de la recuperación.

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