Fuertes cruces y planteos judiciales por las clases presenciales en Caba

Luego de una jornada cargada de tensiones y cruces entre el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires por la suspensión de las clases presenciales, que incluyó en horas de la mañana una reunión cara a cara entre el presidente Alberto Fernández y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, finalmente la decisión quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver el planteo efectuado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se garantice la presencialidad de las clases.

Con llamativa velocidad, a última hora del viernes y a las pocas horas de recibir la presentación, la Procuradora Laura Monti sostuvo que el proceso debe tramitar ante los estrados del alto tribunal.

La Procuración que comanda Eduardo Casal no tenía plazo para expedirse porque la Corte no lo fijó, pero en cuestión de horas opinó que la Corte tiene competencia originaria en la cuestión judicializada por el gobierno porteño.

Para la Procuradora Monti, de acuerdo a la jurisprudencia de la propia Corte, “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el mismo puesto que las provincias en el sistema normativo que rige la jurisdicción de los tribunales federales y, por lo tanto, el mismo derecho a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Toda vez que, en el caso, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal según lo dispuesto por el art. 116 de la Constitución Nacional, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciando la acción en esta instancia”, concluyó la Procuradora en un dictamen de carácter técnico sin aludir a la medida solicitada.

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ayer en horas de la mañana un amparo ante el máximo Tribunal contra el decreto presidencial, para impedir la suspensión de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

La suspensión fue decretada por el presidente, Alberto Fernández, hasta el 30 de abril para contener la suba de casos de coronavirus, pero generó descontento en una franja de la oposición.

El gobierno porteño pide que la Corte declare inconstitucional el Decreto de Fernández que fijó las nuevas restricciones y la suspensión de las clases presenciales en el área metropolitana de Buenos Aires por dos semanas.

Rodríguez Larreta presentó el amparo preparado a las corridas por sus abogados, unos minutos antes de reunirse con Fernández para discutir sobre el cierre de las escuelas.

Por su parte, el presidente argumentó que “No podemos no suspender las clases en las condiciones en las que estamos”. Así, ratificó la medida y dejó abierta la posibilidad de que más allá de estas dos semanas de cierre de colegios podría volver a extenderse si no cede la tensión sanitaria.

Alberto advirtió por el aumento de la curva de contagios en el Amba -Ciudad y conurbano- especialmente entre los jóvenes de entre 9 y 19 años. “Vamos a hacer los esfuerzos para que en 15 días la presencialidad vuelva. Aspiro a que podamos hacerlo”, afirmó sobre las clases.

The Lancet le da la razón al presidente

Las clases presenciales en lugares de alta transmisión comunitaria y sin las medidas de mitigación adecuadas “probablemente contribuirá a una velocidad de contagios (de coronavirus) por encima de uno en casi todos los escenarios”, advirtió un artículo publicado en la revista científica The Lancet que destacó que los argumentos en contrario “tienen serias limitaciones”. En una nota publicada a fines de marzo, cuando en las escuelas del Reino Unido se debatía la apertura o no de los colegios, se aseguró que “los datos en el mundo muestran casos en aumento en noviembre pasado durante el encierro, cuando las escuelas estaban abiertas”. El artículo destaca además que “dada la incertidumbre sobre los efectos en la salud a largo plazo, es imprudente dejar que el virus circule en niños”.