"Otra cachetada", así definió la familia Ferreyra la liberación del policía que chocó, mató y escapó
La liberación del sargento ayudante de la Policía de Misiones, Juan M. (43), fue otro duro golpe para la familia del obereño Alberto Rafael Ferreyra (48), quien el 15 de enero de este año murió al chocar la moto que manejaba con la camioneta al mando del uniformado que, lejos de detenerse, se escapó de la escena.
"Esta es otra cachetada", le dijo a El Territorio una hermana de la víctima, Patricia, al enterarse de que el pasado miércoles el titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Casco, en calidad de subrogante de un juzgado penal de Oberá, benefició al acusado con la excarcelación bajo caución personal, recurso de excepción donde el defensor asume la responsabilidad por la conducta del imputado mientras dure el proceso.
Es decir que el policía -que antes estuvo detenido por una denuncia por coimas y extorsión- no tuvo que abonar ninguna suma de dinero como caución que garantice que no se dará a la fuga ni entorpecerá la investigación del hecho.
"La verdad es que no me sorprende. Era de esperarse, se cubren entre ellos. No hay justicia", lamentó la mujer anticipando que van a apelar el fallo judicial que liberó al imputado.
Respecto al expediente por el siniestro vial en el que murió Ferreyra, la excarcelación fue posible por el cambio de carátula, ya que pasó de homicidio en accidente de tránsito y abandono de persona a homicidio culposo agravado por fuga, sin abandono de persona porque la muerte -según la autopsia- fue en el acto, lo que terminó beneficiando la situación del policía.
Manejaba borracho
El choque en el que falleció Ferreyra se registró minutos antes de las 19 del pasado 15 de enero, en la intersección de las calles Tierra del Fuego y Estanislao del Campo, en el barrio Loma Porá de Oberá.
La víctima manejaba una moto de 150 cilindradas y murió en el acto.
Por su parte, el policía conducía una camioneta Volkswagen Amarok y abandonó el lugar del hecho a toda velocidad. Además el vehículo no poseía seguro.
Su posterior captura fue posible gracias al aporte de las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona. Las patrullas de la fuerza provincial debieron detenerlo en una de sus casas.
Si bien el uniformado se negó al test de alcoholemia y con ello para la justicia se da por hecho que conducía borracho, fuentes con acceso al expediente mencionaron la existencia de una prueba que complicaría su situación: las grabaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicios ubicada frente al Parque de las Naciones, donde el día del hecho habría estado tomando cerveza durante varias horas. Minutos más tarde se produjo el siniestro.
La acusación contra el policía se apoya en el artículo 84 bis del Código Penal que establece penas de 2 a 5 años de cárcel para quien conduzca de "manera imprudente, negligente o antirreglamentaria (por ejemplo sin seguro, como este caso) y cause la muerte de otra persona; pero la pena aumenta 3 a 6 años si el conductor se da a la fuga, no intenta socorrer a la víctima o está bajo los efectos de estupefacientes o alcohol".
