Confirmaron la sentencia para médica policial denunciada por mala praxis

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones (STJ) confirmó la condena de un año de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina para la doctora María Gabriela Rabán, quien en 2018 fue juzgada en la localidad de Puerto Rico por su responsabilidad en la muerte de un recién nacido en el hospital de Jardín América, en un hecho ocurrido en 2012.

De acuerdo a la resolución a la que accedió este matutino, la denegatoria firmada el 1 de febrero de este año se concretó por fallo unánime y lleva las firmas de los magistrados Cristina Irene Leiva, Liliana Mabel Picazo, Froilán Zarza, María Laura Niveyro, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, Ramona Beatriz Velázquez, Jorge Antonio Rojas, Roberto Rubén Uset y Cristian Marcelo Benítez.

Según pudo saber este medio, los miembros del alto cuerpo colegiado resolvieron no hacer lugar al recurso de casación que fue presentado por la defensa de la profesional, el cual ingresó en junio del año pasado al STJ.

Más allá de esta novedad judicial, trascendió por fuentes consultadas que desde el lado de la acusada ahora está previsto plantear un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia la Nación (CSJN), última instancia a la que puede apelar la médica para revertir su situación procesal.

Rabán, además de la pesquisa por lo ocurrido por la muerte de Juan Pedro Ayala -investigación que fue impulsada en 2012 por sus padres Ramona Coceres y Rubén Ayala-, también es investigada por otras dos denuncias por violencia obstétrica.

La sentencia condenatoria para Raban se conoció a finales de mayo de 2018 y fue emitida por un tribunal unipersonal conformado por el juez Rubén Lunge, a cargo del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Puerto Rico.

En aquella jornada, tras varias audiencias de debate y luego de marchas en pedido de Justicia por parte de vecinos de Jardín América, Lunge declaró a Rabán responsable del delito de homicidio culposo y la condenó a la pena de un año de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la medicina, tanto en el ámbito público como en el privado.

El fallo se ajustó a lo solicitado por el fiscal Jorge Fernández, quien en su alegato había considerado que Rabán era responsable de la muerte del bebé. En tanto, la defensa de la médica, a cargo de los abogados particulares Horacio Noguera y Elizabeth Auras, había pedido la absolución en esa misma instancia, ya que, contrario a la acusación, sostuvieron con vehemencia que el procedimiento médico fue correcto, liberando a su defendida de cualquier delito.

Tras la sentencia, la defensa presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones de la provincia, que meses después ratificó lo actuado por el tribunal unipersonal.

 Nueve años de espera
Junto a su esposa Ramona Cóceres, Rubén Ayala lleva nueve años de lucha incansable. Su búsqueda por esclarecer las circunstancias de la muerte de su pequeño hijo Juan Pedro, quien debía nacer a finales de septiembre de 2012 en el hospital de Jardín América, es el faro que ilumina su camino.

Días atrás, cuando un efectivo policial se presentó en su casa para notificarle de la resolución del Superior Tribunal de Justicia, Rubén sintió una sensación de alivio. Sin embargo, la posibilidad de una última instancia de apelación por parte de quienes patrocinan a la médica sigue dejando esa sensación de intranquilidad en él y en toda su familia.

En diálogo con El Territorio, el padre denunciante comentó: “Estamos contentos por un lado y por el otro expectantes porque aún no está firme la condena. Ella tiene una instancia más para apelar, más allá de que en Misiones esté condenada. Tengo entendido que ella puede ir a la Corte Suprema con una queja. Ahora hay que ver si le toman o no esa queja. Nos deja un poco tranquilos que en tres instancias acá en Misiones ella resultó culpable”.

Además, señaló que “hace nueve años que estamos detrás de esto, la Justicia es muy lenta, pero confiamos que al final de todo esto se va hacer justicia”. Rubén comentó que hace unos 15 días se topó con la acusada en la zona céntrica de Jardín América y, según él, la médica sigue ejerciendo en un centro asistencial privado de la localidad.

“Yo a veces me siento asombrado por las veces que tiene para apelar una persona que busca demostrar su inocencia. Nosotros ahora tenemos que esperar. Los nueve jueces del Superior Tribunal por voto unánime dijeron que ella es culpable, en ese aspecto estamos aliviados porque tenemos esperanza de que se haga justicia”, añadió el entrevistado.

Muerte y denuncia
La denuncia que disparó el caso fue radicada a fines de septiembre de 2012 por Ramona Cóceres, madre del pequeño fallecido. A partir de ahí, comenzó un largo periplo de la familia damnificada para lograr el avance de la investigación que, en su momento, se topó con un aparato judicial local que funcionaba con severas fallas como consecuencia del polémico accionar del posteriormente cuestionado y denunciado juez Éctor Acosta.

Ya en instancia de debate, Rabán -quien además de cumplir funciones en el hospital de Jardín América también se desempeñaba como médica de la Policía de Misiones- se defendió de las acusaciones explicando al detalle el procedimiento al que sometió a la denunciante Cóceres, quien en la noche del viernes 28 de septiembre de 2012 fue atendida con dolores abdominales debido a un embarazo a término, según la investigación que se realizó judicialmente.

En su defensa, Rabán también habría responsabilizado al sistema sanitario por el fallecimiento del bebé haciendo referencia a que todas las vidas estarían en riesgo, describiendo en ese contexto una serie de falencias y carencias con las que se encontrarían los trabajadores de salud para atender a los pacientes.

En lo que respecta a la secuencia denunciada por Cóceres, cuando ella llegó con contracciones al nosocomio fue atendida inicialmente por el doctor Ballena, a cargo de la guardia.

Cuando éste culminó su tarea le pasó sus pacientes a la doctora Rabán, que debía hacer seguimiento, pero al amanecer del día siguiente Cóceres refirió fuertes dolores abdominales como consecuencia de la medicación que recibió, que habría provocado expulsión de líquido amniótico y se cree que en ese contexto se produjo la muerte del recién nacido.

Esta hipótesis quedó expuesta porque el ex magistrado Acosta nunca ordenó hacer la autopsia para saber con rigor científico la causa de muerte, por lo que el expediente se sustanció en base de testimonios y pericias médicas hechas sobre el cuerpo de la denunciante, quien entre lágrimas declaró en las primeras jornadas del juicio y contó el periplo que atravesó en ese duro momento.