Rechazaron pedido de nulidad de la investigación sobre el Primer Comando de Frontera

La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el rechazo de nulidad presentado por la defensa pública de Néstor Fabián “El Negro” Rojas en el marco de la investigación de la organización dedicada al narcotráfico que el misionero dirigía desde la cárcel. La determinación, firmada en primera instancia por la jueza Verónica Skanata y apelada por Rojas y los demás imputados del Primer Comando de Frontera (PCF), tiene fecha del último martes.

Según se desprende del Centro de Información Judicial (CIJ), los imputados habían cuestionado el accionar judicial en su contra desarrollando “argumentos  vinculados a la violación de garantías   constitucionales derivadas del   modo de iniciación de este proceso y su desarrollo”, algo que fue desestimado por la titular del Juzgado Federal de Posadas.

Los jueces Mario Osvaldo Boldú y Ana Lía Cáceres de Mengoni expresaron que “la defensa no ha logrado demostrar cuál es la causa generadora del supuesto perjuicio que habilitaría a declarar la invalidez de los actos procesales cumplidos”. Se hizo hincapié en que el proceso recién comienza y que las autoridades deben avanzar aún sobre los elementos iniciales.

“Por su parte, tampoco tendrán acogida los cuestionamientos de la recurrente sobre el pedido de archivo de lo actuado y su posterior desistimiento que formuló Fiscal habida cuenta de que, al tratarse de un estadio incipiente de las investigaciones, nada obsta a que el propio titular de la acción penal modifique su temperamento en función de nuevos elementos colectados que aconsejan profundizar la línea investigativa trazada inicialmente, habida cuenta de la provisoriedad propia de  aquel estadio”, ampliaron.

Procesamiento con preventiva

Hace poco más de 20 días la Justicia Federal resolvió el procesamiento con prisión preventiva de El Negro Rojas (44), considerado líder organización del PCF.  También dispuso un embargo de $10 millones, según confirmaron a El Territorio diversas fuentes consultadas. La medida recayó también sobre otras ocho personas, entre ellos un convicto que operaba desde la Unidad Penal VI.

Según el dictamen al que accedió este diario, a Rojas se lo acusa de organizador y financista del delito tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas. La retención de sus bienes no es caprichosa, ya que su poder se centraba en los innumerables lazos con organizaciones criminales de Brasil y Paraguay, que abarca toda la cadena del tráfico, pero también por su imponente poder económico.

La determinación estuvo a cargo de la jueza Skanata,  quien hizo lugar al pedido de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), dirigida por Diego Iglesias. La organización fue desbaratada en agosto del 2020 tras una investigación llevada adelante por Gendarmería Nacional y varios allanamientos en Posadas y Buenos Aires.

De los otros ocho implicados -cinco con domicilio en Misiones- a seis de ellos se los procesó con prisión preventiva como coautores por tráfico ilícito de estupefacientes agravado por haberse cometido con violencia y por la intervención de más de tres personas y se dispusieron embargos de entre 4 y 8 millones de pesos para cada uno de ellos.

Entre ellos se encuentran Pablo Antonio Campos (50), quien compartía celda con Rojas en Ezeiza y Walter Eris González (41), quien se encargaba de toda la logística en Misiones, desde la UPVI; José Ruiz Díaz (20) y Oscar Adoni Rodríguez (46), eran encargados de la coordinación de maniobras en la tierra colorada y en Buenos Aires fueron atrapadas Tamara Judith Maciel (24), pareja de Rojas que movía el dinero y era nexo con delincuentes brasileños, y Paula Aguirre (45).

En tanto, por transporte de estupefacientes recibieron el procesamiento Facundo Sebastián Ochoa (23) y Mario Rolón (42) -embargado por 4 millones.

Las investigaciones se iniciaron en septiembre del año pasado y permitieron frustrar el transporte de más de 11.000 kilos de marihuana y 30 kilogramos de cocaína que llegaban de Paraguay y tenían como destino final Buenos Aires o Brasil. Esos golpes fueron debilitando a la estructura criminal, generaron problemas internos y planes de ajustes de cuentas - asesinatos- por parte del líder Rojas.

De esta forma, el 16 de noviembre del año pasado se ordenaron allanamientos en Misiones y Buenos Aires, incluidas las celdas de los mencionados centros carcelarios.