Myanmar. Violencia sin fin

La situación en Myanmar (país también conocido como Birmania) se fue complicando con el correr de los días. La semana pasada fue la más sangrienta en lo que va del golpe; se calcula que sólo el sábado el ejército terminó con la vida de más de 110 manifestantes.

Desde que se concretó el golpe de estado, lo que sucedió en ese país se puede resumir de la siguiente forma: la población salió masivamente a las calles a protestar y, el ejército, que inicialmente se había restringido en su represión, fue agudizando cada vez más sus distintos niveles de fuerza.

Gracias a factores internos y externos, las fuerzas militares notaron que cuentan con un margen de maniobra para incrementar esa represión. En este contexto, el caso de Myanmar se va insertando velozmente en la dinámica existente entre las superpotencias.

El día del golpe
El 1 de febrero de este año, el ejército de ese país (conocido por su nombre oficial como el Tatmadaw) decretó un estado de emergencia, aprehendió a la líder y Nobel de la Paz, Daw Aung San Suu Kyi , al presidente Win Myint y a varios funcionarios y líderes políticos.

En noviembre del 2020, se llevaron a cabo las últimas elecciones en ese país en las que el partido de Suu Kyi, la Liga Nacional por la Democracia venció abrumadoramente. La cúpula militar desconoció los resultados y durante semanas indicó que se cometió un fraude masivo. Las negociaciones con el poder civil se rompieron y sobrevino el golpe. Varios de esos líderes políticos permanecen bajo arresto.

Desde ese día, cada semana cientos de miles de personas salieron a las calles a manifestarse, demandando el retorno de la democracia, con las mujeres y los jóvenes jugando un rol crucial.

Falsa democracia
A pesar de haber transitado por un periodo de una supuesta democracia durante los últimos años, en realidad el ejército que gobernó al país durante cinco décadas nunca se marchó.

El pacto del 2010-2011 mediante el que cedió parte del poder y permitió un cogobierno con los civiles, incluía importantes garantías para el Tatmadaw, una porción asegurada en el parlamento y facilidades para conservar su poder económico. Entre otras cosas, las fuerzas armadas se mantuvieron como las garantes de la “paz y la estabilidad”.

Por consiguiente, los manifestantes son percibidos por parte de los militares como criminales, como enemigos del orden y la estabilidad. El uso de la fuerza en su contra, desde su visión, es completamente legítimo.

No obstante, a raíz de la relativa apertura política que ocurrió en el país durante la década pasada, ese mismo ejército supo apreciar los beneficios que implicaba tener buenas relaciones con Estados Unidos y otros países occidentales. Washington fue eliminando una a una las sanciones que existían, y el país fue paulatinamente integrándose a la comunidad internacional.

Esta reintegración vivió sus primeros tropiezos en 2017 con la represión masiva por parte del Tatmadaw contra la minoría étnica musulmana de los Rohingya y las consecuentes críticas de organismos multilaterales y de liderazgos de países occidentales.

En parte por ello, durante los primeros días del golpe actual, la cúpula militar optó por navegar con cuidado, limitando la represión contra los manifestantes y calculando hasta dónde podría llegar sin levantar demasiadas olas a nivel global.

Sin embargo, a medida que fueron transcurriendo las semanas, son cada vez más las personas que están pagando con su vida el salir a la calle a protestar. Adicionalmente, hay cada vez más activistas presos, cortes al internet y periodistas reprimidos, sin demasiadas consecuencias internacionales.

Además, hay que considerar que en Myanmar hay grupos étnicos que ya se enfrentaban al ejército desde tiempo atrás y que ahora podrían sumarse a las revueltas que se están empezando a gestar.

La pandemia y el contexto geopolítico, dos factores clave

En el razonamiento de las decisiones de las fuerzas armadas, se imponen dos factores relevantes: la pandemia y la creciente rivalidad de Estados Unidos con China y Rusia.

La pandemia es, sin duda, un enorme catalizador de las tensiones que ya venían creciendo entre militares y civiles en Myanmar. Pero lo es también porque el entorno que vive el planeta desde marzo del 2020 tiene a la mayor parte de los gobiernos del mundo altamente concentrados en sus asuntos internos.

En EE.UU., además de las distracciones ocasionadas por la crisis sanitaria, la crisis económica, las tensiones raciales, políticas y electorales, hay una larga lista de prioridades para la nueva administración que hasta antes del 1 de febrero no incluían a Myanmar.

Las circunstancias para llevar a cabo un golpe son más favorables cuando el planeta está atendiendo otros asuntos.

A lo anterior hay que sumar la competencia entre Washington y sus rivales China y Rusia. Los tiempos actuales, con todas sus diferencias, nos recuerdan a ciertos momentos de la Guerra Fría en los que los conflictos locales son secuestrados por el entorno global.

Los vacíos son ferozmente aprovechados por las superpotencias rivales, en una carrera eterna por zonas de influencia. En los cálculos del Tatmadaw se encuentra, con toda seguridad, este tipo de valoraciones.

A pesar de que esa cúpula militar desde hace mucho tiempo fue muy cautelosa en el manejo de sus relaciones con China, un titán regional en el que no siempre confía, en estos tiempos en los que Pekín tiene puesta la mira sobre toda su zona para desarrollar sus grandes proyectos financieros y de infraestructura, se observan señales que indican que el Tatmadaw está obteniendo de Xi Jinping los respaldos que necesita.

Paralelamente, esta misma semana, justo en los días en que más manifestantes murieron por la represión a manos del Tatmadaw, el viceministro de defensa ruso llevó a cabo una visita a Myanmar con motivo del desfile por el Día del Ejército. Aunque el Kremlin expresó preocupación por el creciente número de civiles muertos, las señales de respaldo por parte de Moscú fueron adecuadamente comunicadas.

El líder militar de Myanmar, Min Aung Hlaing, declaró que Rusia es una “verdadera amiga”.

Considerando lo anterior, Biden enfrenta una decisión complicada. Por un lado, su administración afirma estar comprometida con la defensa de los derechos humanos a nivel global. Pero por el otro lado, la Casa Blanca comprende los riesgos geopolíticos que conllevaría alejar a Myanmar demasiado de su órbita. Como resultado, Washington sólo respondió con medidas limitadas como suspender el diálogo de comercio bilateral EE.UU.-Myanmar, o sancionar a los dos hijos adultos del líder Min Aung Hlaing.

Esta compleja dinámica internacional parece estar teniendo ya un considerable efecto en las percepciones del liderazgo militar. El Tatmadaw se está sintiendo cada vez más fuerte y está estimando que, a pesar de las declaraciones y de las sanciones relativamente leves que se le impusieron, cuenta con un margen de maniobra que le permitió escalar su nivel de represión.

La advertencia de la ONU: “El baño de sangre es inminente”

La enviada especial de la ONU a Myanmar, Christine Schraner Burgener, advirtió durante esta semana que “el baño de sangre inminente” por parte del Ejército golpista y pidió al Consejo de Seguridad que considere “acciones significativas que puedan revertir el curso de los acontecimientos” en este país asiático.

“Cuando miremos atrás dentro de diez años, ¿Cómo juzgará la historia esta inacción? Espero que ustedes puedan actuar mientras aún hay tiempo para evitar el peor de los resultados”, dijo Schraner en su discurso, filtrado a la prensa. En su exposición, Schraner dibujó un panorama extremadamente sombrío de la situación en el país.

“Todo el país está a punto de convertirse en un estado fallido”, dijo la representante de Naciones Unidas, que también mostró su temor a que “debido a que la crueldad militar es tan severa, las guerrillas étnicas birmanas podrían tomar una postura clara de oposición, incrementando la posibilidad de una guerra civil a una escala sin precedentes”.

Ultimátum de las guerrillas

El Ejército de Arakan, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar firmaron un comunicado conjunto el pasado martes en el que advirtieron al Ejército birmano de que si no detiene sus acciones violentas defenderán y colaborarán con el movimiento de protesta civil contra la junta militar.

Más de 12.000 desplazados huyeron de los bombardeos aéreos del Ejército en los últimos días, aseguró ayer la Unión Nacional Karen (KNU), el grupo insurgente más antiguo del país, que llamó a las minorías étnicas a unirse contra la junta militar.