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Una puja entre derechos y obligaciones

martes 30 de marzo de 2021 | 6:00hs.
Una puja entre derechos y obligaciones

Pocas instituciones llenan más de orgullo a los arquitectos argentinos como lo hace la Sociedad Central de Arquitectos. Fundada en 1886, se dedica a defender los derechos de los arquitectos y también el cumplimento de obligaciones de ética, consolidando el prestigio de la arquitectura y de quienes la practican, como así también opina sobre la construcción planificada de las ciudades, su evolución, conceptúa la urbanidad de las ciudades y una adecuada preservación del patrimonio arquitectónico.

Principalmente la SCA cumple fines gremiales y, aunque en su mayoría son profesionales -los hay también estudiantes- ser su socio no habilita al ejercicio de la profesión. Como logro destacable, durante mas de un siglo, la entidad ha promovido a los concursos públicos por oposición de ideas, anteproyectos y proyectos como una forma de legitimidad y excelencia a la hora de que un jurado elija para realizar nuevas obras que contemplen a la arquitectura en sus diversas funciones y prácticas, simbólicas y estéticas para la sociedad y por considerarla a esta la forma más justa y correcta para promover ciudades y edificios que contribuyan a espacios que sean habitables y sustentables, del mismo modo que abre puertas relevantes para el trabajo de jóvenes arquitectos, y consolidar el prestigio de los consagrados arquitectos del país o de la provincia en nuestro caso. El método es sencillo, ganan los mejores, con trasparencia y en igualdad de oportunidades, y luego se revela el nombre de su autor.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, quien regula el ejercicio de la profesión y el cumplimiento de la ética profesional es el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CPAU.

En nuestra provincia, los arquitectos contamos con el Colegio de Arquitectos de Misiones como la entidad que habilita y regula la práctica profesional, pero además debe asumir de alguna manera rol gremial en defensa de los derechos del matriculado, pues en última instancia es una corporacion que concentra oficio y saberes de la arquitectura. El cumplimiento de estos dos roles, regular la práctica profesional y al mismo tiempo defender sus derechos y controlar el cumplimiento de sus obligaciones es considerada por muchos como incompatible para una misma institución. Sin ir más lejos, el Colegio de Misiones no regula honorarios, sólo sugiere una matriz de cobros según una planilla pero no tiene poder de policía para su cumplimento, está atado de manos frente a una flagrante competencia desleal entre sus matriculados, y deja vacante el lugar relevante de un impulsor gremial que le de cobertura a todos sus colegiados.

A diferencia de otros países, en Argentina, el título universitario de grado, para los arquitectos, es certificación suficiente para que el profesional esté en condiciones de trabajar y puede matricularse en cualquier provincia sin rendir ningún examen.

Por citar un caso, en Estados Unidos, los graduados universitarios -incluidos los de varias universidades nacionales argentinas- deben rendir una verificación de conocimientos técnicos y sobre la normativa local vigente en el Consejo Nacional de Registro de Arquitectos, y recién una vez aprobado ese examen, pueden matricularse en cualquiera de las sedes del American Institute of Archiects, conocido por sus siglas AIA.

Sin embargo, aunque la SCA se convirtió en un emblema como impulsora de la buena arquitectura, el devenir de los tiempos viene castigando a la institución centenaria y es siempre la primera en sufrir la crisis en los bolsillos de sus afiliados. Es por esto que desde hace un tiempo, la Comisión Directiva del Consejo Profesional y la de la Sociedad Central, empezaron a evaluar la posibilidad de una acción solidaria entre las dos entidades y crear una fusión de ambas: el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de Buenos Aires.

Nuevamente, algunos insisten en que ambos roles no los puede asumir una misma persona jurídica, y otros lo ven como la oportunidad de amalgamar el prestigio y la trayectoria gremial con quien habilita a la práctica profesional, lo que implica que en aquellos lares ya no se ve como incompatible la función de control de la matrícula y la función gremial y cultural de la entidad, y es para que lo tengamos en cuenta.

Frente a este panorama, y próximos a realizar una nueva elección de autoridades en nuestro colegio provincial, hay dos concepciones posibles. La de aquellos que consideran que la entidad misionera puede defender los derechos de arquitectas y arquitectos a quienes concentra y regula, e impulsar desde este espacio una acción gremial que supere aquello de honorarios simplemente sugeridos, defendiendo derechos a través de una acción cultural que exprese ante la sociedad misionera los alcances la arquitectura y a la vez opine sobre los hechos arquitectónicos y de construcción que suceden en la ciudad y que deben ser evaluados por esta entidad, comprometiéndose a una mejor ciudad para todos y todas. O la de aquellos que alientan la creación de una entidad aparte, como la SCA o un Círculo de Arquitectos para que se ocupe de atender estos temas, como ya existió en nuestra provincia en los años 80 y 90; la Sociedad de Arquitectos de Misiones, que impulsó una práctica cultural y gremial inestimable.

Pero lo que no va a debate es la urgencia en la necesidad de escuchar los problemas de los arquitectos y arquitectas que hoy no se sienten atendidos en sus reclamos, así como la construcción de una Posadas que hoy está carente de opiniones públicas acerca de infinitos problemas urbanos que nos aquejan.

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