Apelación de la fiscalía federal podría derivar en la detención de policías

La desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en el depósito de la Unidad Regional II de Policía de Oberá no sólo derivó en un escándalo institucional, sino que generó marcadas divergencias entre las autoridades de la Justicia Federal responsables de investigar el hecho.

El pasado 8 de marzo, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, dictó la falta de mérito a los doce implicados -nueve policías y tres civiles- con respecto a delitos encuadrados en la Ley de Estupefacientes, ya que al menos por el momento no fue posible probar quién o quiénes sustrajeron la droga del depósito policial.

En tanto, como única sanción, el magistrado resolvió procesar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a cinco de los efectivos que integraban la desmantelada División de Toxicomanía de Oberá, a quienes además trabó embargo por $250.000 cada uno, por gastos y costas del juicio.

Como contrapartida y marcando una posición claramente opuesta a la expresada por Gallandat Luzuriaga, la fiscal federal de Oberá, Viviana Vallejos, apeló la citada resolución y el expediente fue elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Posadas.

A diferencia de la opinión del juez, para la fiscalía se habrían producido suficientes elementos de prueba para procesar por infracción a la Ley de Estupefacientes y dictar prisión preventiva a todos los imputados.

Si bien con diferentes grados de responsabilidad, ya sea en la sustracción, facilitación o encubrimiento, en mayor o menor medida para la fiscal todos los implicados deberían responder por el ilícito, cuestión que ahora deberá resolver la Cámara.

La cocaína faltante debía estar en un depósito de la ex Toxicomanía en el predio de la comisaría Tercera de Oberá.

Criterios opuestos
El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del año pasado y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del lugar.

Es decir, el estupefaciente -de gran valor económico en el mercado delictivo- desapareció del interior de un depósito judicial cuyo control era exclusiva responsabilidad de la Policía de Misiones, puntualmente de Toxicomanía de la UR II.

En la instrucción se probó que si bien el jefe y el segundo a cargo eran los encargados de las llaves del resguardo, ésta estaba al alcance de todo el personal.

También se determinó que no se llevaba un detalle exhaustivo de quién o quiénes ingresaban al depósito, ubicado en dependencias de la Seccional Tercera, ni había un libro de guardia ni cámaras.

Por ello, ante el marcado cúmulo de irregularidades, para la fiscalía habría elementos para procesar a todos los implicados en el marco de la Ley de Estupefacientes, sin perjuicio de las responsabilidades que luego se atribuya a cada uno.

Al respecto, una fuente del caso consideró que “el recurso de la prisión preventiva muchas veces genera que los involucrados se comprometan y aporten más, ya que nadie -menos un integrante de una fuerza de seguridad- quiere perder su libertad.

El juez no lo entendió así, fue más flexible, aunque tampoco logró desentrañar la cuestión. Son criterios”.
Causas paralelas
La resolución del juez federal de Oberá en avanzar únicamente en el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a todas luces una sanción muy atenuada por la gravedad del hecho, contrasta con la visión de la fiscal Vallejos.

En definitiva, tras siete meses de instrucción, para Gallandat Luzuriaga no se hallaron elementos para acusar a ningún policía por la desaparición de la cocaína; pero sí para responsabilizar a cinco de ellos por no haber custodiado adecuadamente el depósito de secuestros.

De todas formas, los cinco policías imputados por incumplimiento apelaron el dictamen, incluidos el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Al respecto, fuentes con acceso al expediente mencionaron que los dos citados apuntaron serios cuestionamientos hacia dos altos oficiales que ocuparon la jefatura de la Unidad Regional II entre septiembre del 2019 y agosto de 2020, lapso en que la cocaína permaneció en el citado depósito.

Por otra parte, a raíz del expediente por la desaparición de la droga, Carlos Ariel L. y Hugo Ariel B. afrontan causas paralelas que deberán tramitarse ante la justicia de instrucción provincial, tal lo dispuesto por Gallandat Luzuriaga.

Se trata de la presunta falsificación de la lista de secuestros de la división que dirigían y de la supuesta indagatoria de un detenido sin la autorización judicial.

Con relación al último hecho, la causa madre incluye la declaración de un consumidor y presunto distribuidor de drogas identificado como Leonardo D. S., detenido el 10 de agosto de 2020, un día antes de constatar el faltante.
Declaración cambiada
El testigo fue detenido tras un incidente de violencia familiar y luego manifestó que estaba alterado porque consumió cocaína de una inusual pureza. En tanto, cuando la Policía lo indagó dijo que le compró la droga a Sebastián L., su propio cuñado.
Pero al otro día, según el expediente, el entonces jefe de Toxicomanía se presentó en su lugar de detención, lo sacó del calabozo, lo subió a un auto sin identificar y le dijo que si colaboraba con él, al otro día recuperaría la libertad.

Luego de ese episodio, a todas luces irregular, Leonardo D. S. cambió su declaración y apuntó al hermano de un policía, subalterno de Carlos Ariel L.

En consecuencia, el testimonio de Leonardo D. S. terminó por complicar a dos personas, a su cuñado Sebastián L. y al hermano de un policía, ambos imputados.

El tercer civil implicado es el propietario de una vivienda allanada en el marco de la misma causa donde procedieron al secuestro de seis gramos de cocaína.

Si bien el faltante fue detectado el 11 de agosto, recién tres días más tarde la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad (la suspensión temporal) de quien entonces ostentaba el cargo de jefe de Toxicomanía y de dos subalternos.

Por ello, en ese lapso de tres días el ex titular de la dependencia continuó ejerciendo sus funciones y habría colaborado con la investigación de Gendarmería, ya que existen indicios de que fue quien aportó el dato que apuntó a un presunto traficante cuyo domicilio fue allanado.

En consecuencia, la defensa de tres de los imputados planteó la nulidad del procedimiento porque consideran que fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación y perjudicar a terceros.

“Posible impunidad”
En el fallo que procesó a cinco policías por incumplimiento de los deberes de funcionario público, Gallandat Luzuriaga estableció que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, puntualizó que en el trámite del expediente “se detectaron numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito” de Toxicomanía, con ser la “ausencia de una guardia o control constante en el depósito”.

También se menciona la falta de designación de un responsable directo del depósito y que la llave de ingreso al mismo estuviera en un lugar de fácil acceso y al alcance de cualquiera de los agentes de la División, tal como se estableció.

Tampoco se colocaban fajas de seguridad y no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas, “lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar”, se precisa en el fallo.

Y agregó:“Los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no solo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.

En este último párrafo el magistrado explicitó las dificultades planteadas para probar la autoría material del hecho, al punto que reconoció que el crimen podría quedar impune.