Más de 700 presos siguen sin condena firme en las cárceles de Misiones

El debate por la duración de las prisiones preventivas y las detenciones sin condena firme sigue latente en la Justicia misionera. La discusión lleva años, sustentada legalmente por el principio de inocencia -establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional- que determina la necesidad de una investigación previa que derive (o no) en una condena para el sospechoso de un delito.

La prisión preventiva entonces debería ser utilizada como método de contralor para el sospechoso, cuando éste tuviera riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa. Sin embargo, muchos jueces siguen utilizando esta herramienta en exceso, alargando la pesquisa y aletargando no sólo la estadía del sospechoso (que podría ser inocente) sino también el sufrimiento de la parte que exige justicia.

Ante este panorama, hace tiempo la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura viene realizando relevamientos al respecto. El último análisis fue plasmado en un informe, en el que se remarca que el total de la población carcelaria es de 713 personas con prisión preventiva en los términos del artículo 311, siguientes y concordantes de la ley XIV-N13 de la Provincia de Misiones (Código Procesal Penal). Estos datos fueron suministrados por el Servicio Penitenciario de Misiones, además de ser corroborados por la Comisión, desde donde se explicó además que corresponde a casi el 50% de la población penal.

Tiempos de la justicia

En el informe se detalla que de los 713 sin condena firme, 697 (97,8%) son hombres y 16 (2,2%) son mujeres. En tanto, al analizar los datos por franja etaria, 657 (92,1%) son mayores y 56 (7,9%) menores de edad. Se pormenoriza que en relación al tiempo trascurrido, “625 internos llevaban hasta 2 años con prisión preventiva (87,7%); 61 desde los 2 a los 4 años (8,6%); 22 desde los 4 hasta 6 años (3,1%) y 5 entre los 6 y 8 años con prisión preventiva (0,7%)”.

Al respecto se refirió el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Magno Scherer. y remarcó que “desde la Comisión tenemos una facultad de verificar los plazos de la prisión preventiva, en Misiones no tenemos un plazo establecido. Existe una ley nacional 24.390 que pone límite de dos años de prisión preventiva, extendiéndose por un año más sólo por excepción”.

“Muchos magistrados misioneros no aplican esta ley porque consideran que regula temas de carácter procesal, siendo exclusividad de las provincias. Ante esto, tenemos muchísimas personas con prisión preventiva y de más de dos años”, dijo al programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Destacó que en el informe anterior (de 2020) había 58 personas más en esa condición, por lo que aunque el número sigue siendo alto, se encuentra en baja. Además, bajó un 50% la cantidad de mujeres. Y, aunque se incrementó la cantidad de presos con preventiva dentro de los plazos estipulados (hasta dos años), disminuyó también en un 50% la cantidad de detenidos  que exceden este plazo de dos años.

“Esto nos demuestra que los magistrados están tomando medidas respecto a esta situación, porque si bien es cierto que se incrementaron las preventivas, lo hicieron dentro del plazo de razonabilidad de esos dos años y esto puede estar relacionado a la pandemia, el avance de los tecnologías para los juicios, los juicios abreviados donde ya se tiene una condena firme”, manifestó, al tiempo que recordó los emblemáticos casos de Cristina Vázquez y Cecilia Rojas, que estuvieron once y catorce años en prisión (preventiva primero y luego condenadas con apelaciones), siendo que deberían estar en libertad hasta tener sentencia firme si no hay riesgo procesal. “Si estuvo cuatro, cinco años con preventiva y después se inicia el juicio y es sobreseído, ¿cómo reparás esos años que la persona no estuvo en libertad si no cometió ningún delito?”, se preguntó.

Scherer mencionó los proyectos legislativos que buscan equiparar estos plazos. Uno de ellos es el del legislador Rafael Pereyra Pigerl, que en comunicación con El Territorio reiteró la importancia de atender a esta cuestión (ver Proyectos...).  También se refirió a otras iniciativas tendientes a cumplir con los derechos de cada individuo, como el presentado recientemente que insta a no detener a una persona en la vía pública sin una orden del juez (ver Buscan prohibir…).

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, Fernando Orbe, explicó que “tal como dice el informe, efectivamente hay un abuso por parte de los jueces de la provincia de la prisión preventiva”.

“Hay muchas alternativas del porqué de este abuso, tienen que ver con falta de decisión, cúmulo de tareas, otras con distintos criterios que tienen para aplicar, pero en ningún caso justifica que las prisiones preventivas se transformen en verdaderas aplicaciones de penas sin sentencia firme”, agregó.

Y remarcó que “realmente es algo preocupante que no se resuelva en tiempo adecuado las situaciones procesales de imputados de delitos. Hay que tener en cuenta también que existe un criterio más flexible que en otros tiempos respecto a la aplicación de la prisión preventiva y evidentemente los jueces de la provincia, en general, prefieren tener como medida los criterios más activos”.

“Hay que agregar la duración extensa de los procesos, por eso coincido con el informe en ese aspecto, de que hay un problema en la Justicia de Instrucción misionera en la aplicación de la prisión preventiva”, apuntó.

Más detalles del informe

De los 713 detenidos bajo prisión preventiva, alojadas en el Servicio Penitenciario Provincial, 326 estaban bajo esta medida dispuesta por Magistrados de la Primera Circunscripción Judicial (45,9%); 180 en la Segunda (25,4%); 169 en la Tercera (23,8%); y 35 en la Cuarta Circunscripción Judicial (4,9%) de Misiones.

Además, 5 de ellos estaban alojados en el Anexo Penitenciario II (0,7%); 36 en la Unidad Penitenciaria de Loreto (0,5%); 53 en la UP II de Oberá (7,4%); 113 en la UP III de Eldorado (15,8%); 36 en el Instituto Correccional de Menores (5,0%); 10 en el Instituto Correccional de Mujeres (1,4%); 189 en el Instituto de Encausados y Procesados de Posadas (26,5%); 138 en la UP VII de Puerto Rico (19,4%) y 133 en la UP VIII de Cerro Azul (18,7).

 “La evaluación y análisis de los datos corresponde hacerlo por las distintas autoridades públicas competentes, donde se debe fomentar el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, del Protocolo Facultativo de dicha Convención y de la Ley IV-N° 65 de la Provincia de Misiones”.

Proyectos en la Legislatura

El legislador misionero Rafael Pereyra Pigerl viene presentando iniciativas que buscan agilizar y realizar algunos cambios en el sistema de Justicia provincial. Entre ellos se encuentra un proyecto de ley que busca poner límites a la prisión preventiva.

La finalidad, de acuerdo a lo que remarcó el diputado, es introducir modificaciones a la Ley XIV N° 13-Código Procesal Penal de la Provincia de Misiones, con el objetivo de garantizar el derecho de la persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso. Siendo este, de acuerdo al legislador, el compromiso adquirido por el Estado argentino cuando se sancionó la Ley 24.390 y posteriormente la Ley 25.430, que introducen la limitación temporal a la prisión preventiva.

En ese marco, a partir de la reforma constitucional de 1994 la Convención Americana de Derechos Humanos adquirió jerarquía constitucional y estableció esta garantía, por lo que a través de este proyecto se busca garantizar el derecho de toda persona a un proceso expedito y tener como objetivo descongestionar al Poder Judicial en su labor de impartir justicia.