Procesaron a cinco policías por la desaparición de cocaína de la UR-II

Dicen que no existe el crimen perfecto, pero el fallo del Juzgado Federal de Oberá respecto de la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en resguardo del depósito de la Unidad Regional II de Policía confirmaría la excepción a la regla.

En su resolución, el juez Alejandro Gallandat Luzuriaga resolvió procesar por incumplimiento de los deberes de funcionario público a cinco de los efectivos que integraban la desmantelada División de Toxicomanía de Oberá, a quienes trabó embargo de 250.000 pesos, cada uno, por gastos y costas del juicio.

Como contrapartida, dictó la falta de mérito para los doce imputados -nueve policías y tres civiles- con relación al faltante de droga (infracción a Ley de Estupefacientes), ya que al menos por el momento no fue posible probar quién o quiénes sustrajeron del estupefaciente, tal como había anticipado El Territorio.

La falta de mérito se extenderá por un año, lapso del que dispone la Justicia para seguir investigando. En consecuencia, de hallarse pruebas suficientes los implicados podrán ser procesarlos, o de lo contrario serán sobreseídos.

En síntesis, tras siete meses de instrucción, la Justicia Federal no halló elementos para acusar a ningún policía por la desaparición de la cocaína; pero sí para responsabilizar a cinco de ellos por no haber custodiado adecuadamente el depósito de secuestros que se hallaba en dependencias de la Seccional Tercera de Oberá.

La misma resolución dispuso el inicio de dos nuevas causas paralelas por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de divisas contra el subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente, habida cuenta a la información recepcionada en el expediente.

Fallas de seguridad
El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del año pasado y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo.

En la víspera, el Juzgado Federal de Oberá emitió un comunicado de prensa con detalles del dictamen que consta de más de 70 páginas, precisaron.

En el fallo se estableció que “estaba a cargo de los agentes de la División de Toxicomanía la conservación y mantenimiento de los elementos confiados a su custodia, lo que conllevaba adoptar las medidas necesarias para su seguridad y evitar su sustracción o destrucción, como parte del cumplimiento de sus funciones”.

Asimismo, puntualizaron que en el trámite del expediente “se detectaron numerosos incumplimientos y fallas en la seguridad del depósito” de Toxicomanía, con ser la “ausencia de una guardia o control constante en el depósito”.

También se menciona la falta de designación de un responsable directo del depósito y que la llave de ingreso estuviera en un lugar de fácil acceso y al alcance de cualquiera de los agentes de la División, tal como se estableció.

Otras fallas de seguridad fueron que se podía ingresar al depósito sin ser visto por la guardia de la dependencia y que no se llevara ningún registro del ingreso al depósito. Tampoco se colocaban fajas de seguridad y no había cámaras de seguridad, alarmas u otras medidas, “lo cual favoreció en gran medida la posibilidad de extraer -como ocurrió- estupefaciente resguardado en ese lugar”, se precisa en el dictamen.

Sin pena de cárcel
En el parte de prensa del Juzgado Federal se dejó constancia que “los policías incumplieron las disposiciones legales propias de sus funciones, inclusive dieron directivas que alivianaron el control de entrada al depósito de la Seccional, y que el accionar de los involucrados produjo un perjuicio a las fuerza y a los bienes del Estado, dando lugar no solo a la extracción de la droga, sino que además colaboró con su posible impunidad”.

En este último párrafo el magistrado explicitó abiertamente las dificultades planteadas para probar la autoría material del hecho, al punto que reconoció que el crimen podría quedar impune.

En cuanto a las responsabilidades, se precisó que los agentes procesados son el ex jefe y el ex subjefe de la ex División Toxicomanía de Oberá en su carácter de máximas autoridades a cargo de la dependencia.

La medida también alcanza a un suboficial -tercero en la cadena de mando con casi 15 años de servicio en la dependencia- y dos subalternos que pocos días antes de detectarse el faltante ingresaron al depósito sin anunciarse en la guardia de la comisaría y sin estar acompañados por los jefes de la División, detalló el dictamen.

Con relación a las posibles penas, el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público establece una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por doble tiempo.

Notificados de la resolución, las partes dispondrán de cinco días hábiles para apelar la misma.

En tanto, dos civiles fueron procesados por tenencia de estupefacientes y embargados con 100.000 pesos cada uno.

Se trata de dos hombres en posesión de los cuales se halló marihuana y cocaína (no relacionada con el lote desaparecido) durante uno de los allanamientos realizados en el marco del expediente.

Nuevas sospechas
La misma resolución dispuso “la apertura de dos nuevas causas y la remisión al Juzgado de Instrucción provincial competente por la presunta comisión de delitos de acción pública, que no obstante haber sido detectados en el trámite de la investigación, no tendrían relación con el hecho y serían de competencia de los juzgados ordinarios”, se citó en el informe de prensa difundido en la víspera.

Según averiguó El Territorio, se trata de causas paralelas por presunto enriquecimiento ilícito y tráfico de divisas contra el subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Precisamente, en una derivación de la causa madre por la desaparición de un kilo de cocaína, desde la defensa de otros imputados solicitaron que se investigue el vínculo del ex jefe de Toxicomanía con el mercado informal de divisas, puesto que sede judicial el mismo oficial reconoció que compró dólares por afuera del sistema legal.

Asimismo, en el expediente habría quedado en evidencia ciertas discordancias patrimoniales que no pasaron desapercibidas para el Juzgado Federal.

“Compras, viajes y un estilo de vida que no condice con los sueldos que perciben. Incluso uno de ellos, en plena pandemia, comenzó a construir diez departamentos. No son datos concluyentes, pero sin dudas generan interrogantes y se está trabajando en tal sentido”, confió una fuente del caso.

Un kilo, 12 millones

La desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que estaba en custodia de la UR II constituye un escándalo sin precedentes a nivel provincial. Dicha sustancia correspondía a un lote de 4,123 kilos que fueron decomisados en un operativo realizado el 28 de septiembre de 2019 en la localidad de Campo Viera.

Para completar el cuadro inverosímil pero real, el narco que poseía el estupefaciente se terminó fugando y no fue recapturado. Según indicios de la misma Policía, el kilo desaparecido se habría comercializado en el ámbito local, pero antes se “estiró” cuatro veces su volumen, ya que se trataba de un lote de máxima pureza. “El gramo de cocaína en Oberá ronda los 3.000 pesos, lo que multiplicado por cuatro kilos arroja un total de 12 millones, lo que grafica la magnitud del negocio”, precisó un alto oficial.