Inflación, el desafío de todos los gobiernos

Mañana se cumplirán quince días desde que en la Argentina se reglamentó el Aporte Solidario y Extraordinario y estableció quiénes serán alcanzados. Éstos, a su vez, deberán realizar la presentación de la declaración jurada y el ingreso del saldo resultante hasta el 30 de marzo de 2021. Como se sabe, la normativa establece una contribución extraordinaria y solidaria que abarca a las 12 mil grandes fortunas que hay en el país. Con esta ley, la administración nacional de Alberto Fernández busca recaudar unos 3 mil millones de dólares. Este aporte extraordinario y por única vez que se pide a los más ricos del país está destinado a seguir enfrentando la emergencia provocada por la pandemia y a asistir con programas de desarrollo en barrios populares.

Varios países del mundo siguen con atención el resultado de esta decisión, algunos pocos lo aplican, otros lo están proponiendo y muchos afirman que no aplicarían el impuesto a la riqueza, aunque en Estados Unidos, sorprendió que un grupo de magnates que integran la organización Patrióticos Millonarios solicitaran a los más ricos contribuir con las arcas públicas y con ello seguir el camino que abrió la Argentina.

El presidente del grupo es Morris Pearl, alguien que nunca estuvo dispuesto a regalar nada. Su nombre está asociado a Black Rock, por haber sido directivo de una de las mayores firmas de inversión. Los argentinos conocieron algo más de Black Rock, ya que fue una de las últimas en acogerse al acuerdo propuestos por el país a los bonistas. Como tanto millonarios, Pearl vive de las rentas generadas por sus inversiones y sabe que tiene suficiente fortuna para él, sus hijos y nietos y que en nada le afectaría hacer un aporte excepcional al país, en un tiempo también excepcional como este golpeado por la pandemia que provocó serias heridas a todas las economías del mundo, hasta la más importante como es el caso de Estados Unidos.

Uno de los efectos que está sufriendo puntualmente la economía del país del Norte es la caída constante del dólar. Se habla de que, en los últimos diez meses, la moneda estadounidense experimentó una caída de 12% en su valor. Los economistas sostienen que es el nivel más bajo registrado desde comienzos de 2018. Esta tendencia negativa continuaría y la caída del billete verde podría llegar al 35 por ciento a finales de 2021, según pronosticó Stephen Roach, ex presidente del banco de inversión Morgan Stanley en Asia. Los economistas concluyen que todo lo previo tiene origen en la recesión económica provocada por la crisis de la pandemia del coronavirus. A ello se sumaría la mayor impresión de billetes para enfrentar la crisis y con ello se concluye que la Reserva Federal de Estados Unidos, encargada de controlar la política monetaria del país, está inundando de dólares al mundo.

Respecto al comportamiento local, la moneda tan apreciada por los argentinos para ahorrar también tuvo retroceso en la cotización. En el caso del dólar blue, en lo que va de febrero, lleva acumulada una caída de 16 pesos. Ello hace que la cotización paralela de la moneda estadounidense se ubique en 150 pesos, tres pesos por debajo del dólar oficial, que incluidos los impuestos se situó al finalizar la semana en 153 pesos.

Inicio del año con alta inflación

Lo cierto es que en la Argentina, quienes pueden ahorrar buscan refugio en esta moneda ante la creciente devaluación del peso. Esto último significa inflación, que es el peor flagelo para cualquier país. Los asalariados vienen soportando como una pandemia económica desde hace décadas, la depreciación de la moneda nacional; es casi como una enfermedad endémica, que se repite constantemente en todos los gobiernos. A modo de breve repaso, se puede recordar que algunos años de fuerte inflación, en 2018 fue del 47,6%; en 2019, trepó al 53,8%, representó el índice más alto desde 1991 y el año pasado, en el primer año de Alberto Fernández una inflación acumulada de 36,1%. Si bien se pudo bajar en más de 17 puntos, con respecto al último año de Macri, siguió siendo alta.

Para este año fue pautado en el presupuesto nacional un 29 por ciento de inflación, sin embargo, algunos economistas proyectan hasta un 50 por ciento. Este número coincide además con las últimas proyecciones privadas que recaba mensualmente el Banco Central. Se interpreta que se llegaría a este porcentaje ante cierta recuperación del consumo, cuando el año pasado fue desastroso por la pandemia; pero, además, podría empujar si se concreta el descongelamiento de los servicios públicos entre otros numerosos factores como problemas fiscales y monetarios.

Los primeros índices del año encendieron todas las alarmas. Es que el año pasado, diciembre terminó con el cuatro por ciento de inflación y este año, comenzó con el mismo porcentaje. Es decir, el doble de lo que fue enero del 2020, cuando la inflación de ese mes arrancó con 2,3 por ciento. Para el inicio de este año, se planteó que el alto índice se produjo por los aumentos en los rubros de telecomunicaciones, alimentos y bebidas. Esta pandemia económica devora el bolsillo de los argentinos, en especial el de los asalariados de todos los ámbitos y con mayor incidencia, en sectores más desprotegidos y necesitados como los jubilados. A su vez, la depreciación de la moneda atenta y desalienta las previsiones entre quienes tienen la posibilidad de ahorrar o invertir. En definitiva, los asalariados observan cómo sus ingresos desaparecen en sus compras diarias para el consumo o pagos de servicios. De esta manera, para los argentinos, como sucede también durante esta administración, se está transformando en una enfermedad crónica y por ahora, no aparece ninguna receta económica clara para enfrentarla. El economista Juan Carlos de Pablo lleva contabilizados diez programas antiinflacionarios ensayados desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha y, como está visto, ninguno logró eliminar la inflación. Cada tanto se reduce, pero vuelve a aparecer con más fuerza. 

Qué hacer

En medio de este flagelo, el gobierno intenta responder a la inflación buscando un acuerdo de precios y salarios con los sindicatos y empresarios. Por lo explicado por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se busca establecer acuerdos políticos para controlar la evolución de precios y salarios, pensando en cumplir con la meta inflacionaria oficial. El anhelo planteado desde el gobierno es que los salarios crezcan en términos reales y al mismo tiempo, la administración nacional busca avanzar hacia la reactivación y el ingreso de divisas por mayores exportaciones con valor agregado.

Esta semana, como se indicó, se concretó el encuentro por separado de sindicalistas y empresarios, para hablar de salarios y precios. Para el 23 de febrero se sentarán a debatir alrededor de una misma mesa todos los sectores. En uno de esos encuentros, el de funcionarios y representantes de 34 de las más importantes empresas del país, el ministro de Economía, Martín Guzmán, les planteó trabajar con premisas sensatas y sin promesas exageradas, lo cual fue muy bien visto y aprobado por los empresarios. En tanto, los gremialistas piden que se instrumenten controles sobre los formadores de precios para contener la inflación y que durante este año los trabajadores efectivamente recuperen el valor de los salarios.

Vacunar para votar

La histórica jueza federal con competencia electoral María Servini se metió esta semana en el debate sobre la concreción de las primarias. Condicionó la realización del proceso electoral a que los funcionarios judiciales que intervendrán en el proceso sean incluidos de manera urgente en el plan de vacunación que viene llevando adelante el gobierno nacional. Como se sabe, se priorizaron a los trabajadores de salud, de las fuerzas de seguridad y se apunta a los docentes para iniciar el ciclo lectivo. No obstante, como ya se señaló en esta misma columna, continúa el debate en torno a la realización, una posible suspensión o postergación de las Paso. Es que tiene mucho que ver la evolución de la pandemia y al plan de vacunación que lleva a cabo el país.

La primera prueba

En el caso de Misiones, la convocatoria a elecciones del 6 de junio, puso en movimiento a todos los partidos que comenzaron a tomar contacto con las autoridades correspondientes o principales referentes de cada espacio, tanto provincial como nacional como sucede con el PRO, el Frente de Todos y la Unión Cívica Radical que comienzan a definir cómo avanzar. Los que responden a nivel nacional está claro que tienen la presión de lo que decidan los referentes de estos espacios tanto el partido gobernante como el Frente de Todos y como sucede también con el Frente Juntos por el Cambio.

Esta bajada de línea logra sortearla la renovación, que desde hace tiempo viene tomando definiciones propias en cuanto a candidaturas y administración. Una vez establecidos los nombres y listas, comenzarán a tallar lo que hizo cada partido. En el caso de la renovación, llegan mostrando gestión en especial el gobernador Oscar Herrera Ahuad como el intendente de Posadas, Leonardo Stelatto. Se destacó que es una de las provincias que más asistencia brindó al sector privado como al público en medio de la pandemia.

En tanto, el partido que llevó al poder a Mauricio Macri por estas horas, está en plena ebullición tratando de reorganizarse, lo mismo el Frente de Todos en donde su columna principal, el Partido Justicialista, se apresta a realizar elecciones para renovar las autoridades partidarias en marzo. Lo cierto es que Misiones será la primera prueba electoral para conocer cómo está el humor de la ciudadanía, que suele volcarse en la urna.

Para turismo y actividad escolar

En Misiones esta semana se concretó la ayuda que venían solicitando los empresarios de Puerto Iguazú, a quienes se les bonificará el 100 por ciento en las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades vinculadas con el turismo. Esto contemplando que fue uno de los sectores más castigados por la pandemia y que hasta el momento no logró recuperar siquiera en parte los históricos movimientos de visitantes que venían realizando. Para las cámaras que representan a diversos sectores implica un antes y después, además de destacar que tal acción traerá mucho alivio.

En forma paralela, se dispuso un plan para asistir a los propietarios de transporte escolar, cuya actividad estaba paralizada y retornarían ahora con el ciclo lectivo que se proyecta con el regreso a clases presenciales, que se estableció en Misiones desde el 9 de marzo, mientras se toman definiciones sobre la nueva escala salarial docente.

Cambios en el gobierno

Esta semana el gobernador Herrera Ahuad resolvió poner fin a un largo cuestionamiento que pesaba en contra de Arnulfo Verón, que ocupaba la dirección de Asuntos Guaraníes. Fueron innumerables los pedidos realizados por diversas comunidades planteando que debían desplazarlo porque no brindaba ni respuestas ni soluciones requeridas. Respetando sus dichos planteados ante los diputados misioneros, cuando el gobernador dijo: “Funcionario que no trabaja: chau, hasta mañana”, terminó dejando afuera de la administración a Verón, reemplazado por Norma Silvero. Algo similar, en cuanto a la debida falta de respuestas a los reclamos, terminó con el cargo de Myriam Rosana Duarte, que ocupaba la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia. Ahora ese puesto es ocupado por Sandra Beatriz Galeano.

Pérdidas millonarias

En cuanto a lo económico y ambiental, directivos de la Asociación de Productores Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones (Apicofom) se mostraron firmes en solicitar a la administración nacional que se prohíba la exportación de rollos de madera cultivada, en especial de pino. Concluyen que enviar la materia prima –que demanda décadas en crecer– sin ningún proceso de industrialización lo que hace es favorecer a los países compradores y representa, para la forestoindustria de la región, como Misiones y Corrientes, un mínimo ingreso. El gobierno de Entre Ríos, donde ya notan desabastecimiento, pondera la recaudación lograda por la exportación y el uso de sus puertos para tales fines. Sin embargo, desde Apicofom piden a Nación frenar este tipo de envíos porque se hace a un bajo valor exportable, además de distorsionar el mercado interno. De hecho, afirmaron que desde la cámara ya plantearon a los gobernadores de Misiones y Corrientes que se prohíba la exportación o como mínimo un arancel mayor al actual, porque concluyen los especialistas que se paga lo mismo por exportar rollizos que enviar madera industrializada.