El juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, denegó el pedido de excarcelación interpuesto por la defensa del sargento ayudante Juan M. (45), acusado de atropellar y matar a Alberto Rafael Ferreyra (48), tras lo cual huyó de la escena.

Según confirmó El Territorio, para el magistrado interviniente el beneficio de la excarcelación implicaría un “riesgo de fuga y entorpecimiento del proceso en marcha”.

Casco también mensuró los graves antecedentes que pesan sobre el policía, actualmente en situación de disponibilidad, ya que está imputado en una causa previa por coimas, extorsión y abuso sexual en perjuicio de internas de la Seccional Segunda, donde trabajaba.

También afronta una causa paralela por infracción a la ley de estupefacientes que se instruye en el Juzgado Federal de Oberá.

Asimismo, lo complica la actitud desaprensiva que asumió tras atropellar a Ferreyra, causa caratulada como “homicidio en accidente de tránsito y abandono de persona”.

El siniestro vial que se cobró la vida de Ferreyra se registró minutos antes de las 19 del pasado 15 de enero, en la intersección de las calles Tierra del Fuego y Estanislao del Campo, en el barrio Loma Porá de Oberá.

La víctima manejaba una moto de 150 cilindradas y falleció prácticamente en el acto.

Por su parte, el policía conducía una camioneta Volkswagen Amarok y abandonó el lugar del hecho a toda velocidad. Su posterior captura fue posible gracias al aporte de las cámaras de seguridad de una vivienda de la zona.

Luego el acusado se negó al test de alcoholemia, lo que para efectos legales significa que conducía alcoholizado.

Traslado a Alvear

La semana pasada el sargento ayudante Juan M. y otro camarada detenido por un delito contra la integridad sexual fueron trasladados desde la Seccional Quinta de Oberá a la comisaría de Alvear.

Según explicaron desde la Unidad Regional II, el cambio de dependencia obedeció a una serie de incidentes con detenidos comunes.

Si bien en la Seccional Quinta disponen de un ala exclusiva para integrantes de la fuerza de seguridad, la misma se ubica frente a las celdas comunes, lo que generaba constantes rispideces y hasta ponía en riesgo la integridad de los policías presos, tal como reconocieron las autoridades.

Por otra parte, vale recordar que el año pasado Juan M. estuvo poco más de tres meses detenido en la Seccional Quinta y, al ser excarcelado, se habría dirigido de manera despectiva hacia otros presos.

Fue así que al verlo nuevamente tras las rejas en la misma dependencia, se reflotaron viejos recelos y la tensión fue en aumento.

Prueba clave

Con relación al hecho que se investiga, si bien el policía se negó al test de alcoholemia y con ello para la Justicia se da por hecho que conducía borracho, fuentes con acceso al expediente mencionaron la existencia de una prueba que complicaría su situación penal: las grabaciones de las cámaras de seguridad de una estación de servicio ubicada frente al Parque de las Naciones, donde el día del hecho el implicado habría estado tomando cerveza durante varias horas. Minutos más tarde se produjo el siniestro.

“Los investigadores tomaron conocimiento de que el viernes 15 de enero el conductor de la Amarok permaneció desde aproximadamente las 14 hasta las 18 en la estación de servicios ubicada en la intersección de rutas 14 y 5, por lo que se requirieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar para sumar al expediente judicial”, anticipó un vocero del caso en diálogo con este diario.

En tanto, la empresa en cuestión ya remitió las grabaciones solicitadas que serán analizadas por personal de la División Investigaciones de la UR II.  

Grave imputación

Con respecto al acusado, por el momento se abstuvo de declarar. Por su parte, la familia de la víctima anunció su intención de constituirse como querellante particular.

El policía está imputado de “homicidio el accidente de tránsito y abandono de persona”, delito que tiene una pena máxima de 6 años de cárcel.

La acusación contra el policía se apoya en los artículos 84 bis y 106 del Código Penal.

El primero establece penas de 2 a 5 años de cárcel para quien conduzca de “manera imprudente, negligente o antirreglamentaria (por ejemplo sin seguro, como este caso) y cause la muerte de otra persona; pero la pena aumenta 3 a 6 años si el conductor se da a la fuga, no intenta socorrer a la víctima o está bajo los efectos de estupefacientes o alcohol.

En tanto, el artículo 106 indica: “El que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años”.

En esta primera instancia el expediente está a cargo del juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá.

Reincidente
Con relación al hecho donde falleció Alberto Rafael Ferreyra, el accionar y la posterior fuga de Juan M. quedó resgristrado en las cámaras de seguridad de la zona.

Así comenzó la investigación que derivó en su detención, pasadas las 20.30 del viernes 15, en el barrio 40 Viviendas, donde también se procedió al secuestro de la camioneta.

En primera instancia el policía implicado fue trasladado a la Seccional Segunda, donde se negó a que le practiquen el análisis de alcoholemia, por lo que legalmente se determinó que conducía bajo los efectos del alcohol.  Enseguida salió a la luz que el 22 de abril del año pasado el mismo sargento fue excarcelado mediante caución tras permanecer detenido por 96 días como sospechoso de la presunta comisión de los delitos de cohecho, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso sexual en perjuicio deinternas de la Seccional Segunda, donde trabajaba.

Además, por el mismo caso Juan M. afronta una causa por infracción a la ley de estupefacientes en el Juzgado Federal de Oberá, ya que en el allanamiento a la seccional segundahallaron picaduras de marihuana en el casillero de guarda del mismo policía.

A raíz de aquel escándalo, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó su pase a disponibilidad, es decir la suspención transitoria -que sigue vigente- hasta que la Justicia defina la situación penal del acusado. En tanto, si bien hace un año que dejó de cumplir funciones en la fuerza por hallarse en disponibilidad, siguió percibiendo el 60 por ciento de su sueldo, como indica el reglamento institucional.