Robo de cocaína: dificultad en probar autoría atenuaría penas por el ilícito

A poco de cumplirse seis meses de la denuncia que activó la investigación por la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en resguardo de la Unidad Regional II de Oberá, la Justicia Federal se halla en una encrucijada ante la imposibilidad de comprobar -al menos hasta ahora - la autoría material del hecho, es decir quién o quiénes sustrajeron la droga.

En consecuencia, por el momento los doce sospechosos están imputados por infracción a la ley de estupefacientes, pero sin determinar las responsabilidades específicas de unos y otros.

En tanto, fuentes con acceso al expediente anticiparon que luego de la feria de verano el Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, dictaría los procesamientos, sobreseimientos o faltas de mérito, según lo determine para cada caso.

De todas formas, si bien algunos de los implicados se acusaron entre sí, no existiría una prueba material o concluyente al respecto, por lo que el expediente se encamina a fijar penas que castiguen el incumplimiento de los deberes de funcionario público, a todas luces una carátula atenuada por la gravedad del hecho que sacudió la estructura misma de la UR II.

Fue tal el impacto del escándalo, que la Jefatura de la Policía de Misiones no sólo decidió relevar a todos los integrantes de la División Toxicomanía, quienes eran los responsables de la custodia de la droga, sino que también borró la denominación “Toxicomanía” y rebautizó como “Drogas Peligrosas” a dicha división en toda la provincia.

De los nueve policías implicados, tres permanecen en situación de disponibilidad. También fueron imputados tres civiles.

El “enojo” del juez
Fuentes del caso subrayaron el compromiso y la preocupación del juez Gallandat Luzuriaga para esclarecer el hecho y otras circunstancias que lo rodean, como el caso del narco al cual los mismos policías detuvieron en Campo Viera y luego se fugó de la prisión domiciliaria.

Precisamente, en la única entrevista que concedió el magistrado sobre el expediente de la cocaína desaparecida dejó en claro su “enojo” por la gravedad del hecho.

“Es una causa compleja por la participación de personal de la Policía. La misma gente que hizo el secuestro y que a su vez tenía a su cargo la custodia, se relajó, por decirlo de alguna manera, en esa función y permitió que parte de esa droga se filtrara en nuestra jurisdicción. Por eso mi enojo, lo que me llevó a involucrarme mucho en la investigación de esta causa en particular”, remarcó entonces.

El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto del año pasado y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo ubicado en dependencias de la Seccional Tercera.

En tanto, se estableció que las llaves eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Según confirmó El Territorio con fuentes del caso, si bien el jefe y el segundo fueron quienes alertaron de la desaparición a la superioridad, su accionar está en la mira ya que al retirarse del lugar no fueron requisados por el personal de guardia de la Tercera, tal como indica el protocolo. En el lugar tampoco había cámaras.

Dudas y vínculos
En el marco de la misma causa se investiga la presunta relación de Carlos Ariel L. con un abogado obereño y un cliente de este, identificado como Gaby M., un conocido distribuidor de droga.

También se pretende determinar si existe algún vínculo con Luis L. (51), el fugado narco que había sido detenido en Campo Viera con poco más de cuatro kilos de cocaína, lote al que pertenecía el kilo que desapareció del depósito de la Policía.

A lo largo de la instrucción los policías imputados por la desaparición de la droga se cruzaron acusaciones y trataron de salvar sus responsabilidades.

En líneas generales, los subalternos apuntaron al jefe y al segundo a cargo, quienes de por sí tienen mayor responsabilidad por la cadena de mando.

“Noté que muchas personas tratan de perjudicarme, prácticamente todo mi personal, tratan de acusarme que llevo una vida económica fuera de lo normal como policía. Me da a entender que casi todos están complotados contra mí”, argumentó el subcomisario Carlos Ariel L. en su ampliación de declaración indagatoria, confirmando la fractura con el personal que estaba bajo su mando.

También reconoció su vínculo con Gabi M: “Él quería aportar datos sobre una causa judicial de la Justicia ordinaria, causa en la cual yo estaba colaborando con la Brigada de Investigaciones. Dicha reunión se hizo en el estudio de su abogado, el doctor K”.

Como contrapartida, varios de los subalternos mencionaron que Gaby M. era más que un informante del jefe, tal como consta en el expediente.

La fuga del narco
Además de la presunta relación del ex jefe de Toxicomanía con un abogado y Gaby M., la Justicia no descarta algún tipo de vínculo con la fuga de Luis L., el narco que el año pasado fue detenido con 4,213 kilos de droga -lote al que pertenecía la cocaína desaparecida- y quien gozaba de prisión de domiciliaria en Campo Viera, circunstancia que aprovechó para fugarse.

Este hecho, sumado a la desaparición de la droga del depósito policial, constituye un escándalo sin precedentes en el ámbito local que expuso serias falencias institucionales y significó un cimbronazo en la relación entre la Justicia Federal y la fuerza de seguridad provincial.

Ahora se pretende determinar si Luis L. contó con algún tipo de cobertura institucional que favoreció su escape, ya que la Policía de Misiones era la encargada de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

El sospechoso fue detenido el 28 de septiembre del 2019 en Campo Viera, tras lo cual permaneció dos días internado en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.

Se instaló con su pareja, una mujer varios años menor, al tiempo que una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado.

En realidad, no contaba con tobillera electrónica y hacía una vida absolutamente normal.

Causas paralelas
En una derivación de la causa madre por la desaparición de un kilo de cocaína, desde la defensa de otros imputados solicitaron que se investigue el vínculo del ex jefe de Toxicomanía con el mercado informal de divisas, puesto que sede judicial el mismo oficial reconoció que compró dólares por afuera del sistema legal.

“La única vez que compré dólares fuera del sistema bancario fue la que le hice al oficial B. porque él ofrecía a la venta 210 dólares, y no 400 como coinciden todos. Todos lo saben porque B. les ofreció a todos ese dinero porque necesitaba cambiar los dólares para pagar a unos albañiles”, detalló.

Por otra parte, la fiscal federal de Oberá, Viviana Vallejos, intervino de oficio y ordenó la instrucción de una causa por apremios y hurto contra los gendarmes que participaron de los allanamientos ordenados oportunamente.

La madre de uno de los civiles imputados aseguró que le apuntaron un arma en la cabeza. Pero no sólo eso, ya que luego del procedimiento de la fuerza federal constató el faltante de un valioso cuchillo de plata que tenía guardado en un modular de su casa.

Por su parte, uno de los civiles investigados manifestó que durante su breve detención en el Escuadrón 9 padeció una brutal golpiza a manos de los uniformados, quienes insistían vincularlo con la sustracción de la droga del depósito policial.

Polémicas designaciones

El pasado 9 de enero, el comisario mayor Héctor Martín Araujo asumió al frente de la Unidad Regional II en reemplazo del comisario mayor Oscar Bigalski, quien apenas estuvo tres meses al frente de la dependencia.

En tanto, a los pocos días de tomar posesión del cargo, Araujo nombró a su propia esposa como jefa de la División Drogas Peligrosas de la UR- II. Se trata de la oficial auxiliar Mariela Benítez, quien nunca trabajó en la jurisdicción de Oberá. Asimismo, sus subalternos tampoco cuentan con experiencia en el área de drogas, ya que la división fue rearmada luego del escándalo por la desaparición por un kilo de cocaína.

Por otra parte, también generó críticas la designación del oficial auxiliar Hugo Ariel B. en la división Investigaciones, ya que es uno de los principales apuntados en la citada causa.

El mismo oficial y Carlos Ariel L. (actualmente en disponibilidad) también están imputados por el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril de 2011 en una celda de la Seccional Primera, causa que fue elevada a juicio pero aún sin fecha designada.