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El acusado conducía ebrio e intentó huir tras la tremenda colisión sobre avenida Uruguay

La familia Ibarra es querellante en pesquisa por accidente mortal

Con participación activa en la causa, familiares de la estilista fallecida el 24 de diciembre apelarán, al igual que la fiscal Laura Álvarez, la excarcelación concedida a Daniel M. (28)

lunes 01 de febrero de 2021 | 0:00hs.
La familia Ibarra es querellante en pesquisa por accidente mortal
El hecho ocurrió el 24 de diciembre sobre avenida Uruguay. Foto: Nicolás Oliynek
El hecho ocurrió el 24 de diciembre sobre avenida Uruguay. Foto: Nicolás Oliynek

Bajo la representación legal de los abogados Federico Tilli y Cristian Bareiro, la familia de Daniela Ibarra (34) se constituyó a finales de la última semana como querellante particular en el expediente judicial que investiga la muerte de la reconocida estilista, ocurrida durante la madrugada del 24 de diciembre pasado en el cruce de las avenidas Uruguay y Comandante Rosales, cuando el Renault Clío en el que viajaba junto a su pareja, su pequeño hijo de un año y un amigo de la familia fue embestido por un Chevrolet Cruze.

Según consta en la reconstrucción policial por este grave suceso, el conductor de este último vehículo fue detenido al intentar huir del lugar tras el tremendo encontronazo y por manejar con 1,04 gramos de alcohol en sangre al momento del hecho.

El ingreso de la familia Ibarra a la causa se da a pocos días de que la fiscal Correccional y de Menores Uno, María Laura Álvarez (actual fiscal en feria) planteara una apelación al beneficio otorgado a Daniel M. (28) por el juez Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres y a cargo de la pesquisa.

Es que el conductor del Cruze, tras permanecer un par de semanas detenido, recuperó la libertad a principios de mes luego de pagar una caución de un millón de pesos. Monto que fue cubierto con la entrega de un vehículo.

Según adelantaron a este matutino desde dicha querella, la intención en las próximas horas es también apelar a la excarcelación concedida al acusado. Y fundamentaron que el beneficio se otorgó “a una persona que carece de identidad legal y que luego de provocar la muerte de una persona y la lesión de otras tres intentó darse a la fuga, demostrando un desprecio absoluto por la vida ajena”.

Y se añadió también que “el imputado conducía el vehículo sin poseer licencia de conducir, bajo los efectos del alcohol, en excesiva velocidad y sin respetar la señalización del semáforo que indicaba que debía detenerse pues se encontraba en rojo”.

Es a partir de esto último que no se descarta desde la querella, previo análisis de todo el material probatorio, pedir el cambio de calificación legal a homicidio simple (por dolo eventual).

Por el momento, el implicado está imputado por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo y lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo en concurso real.

Apelación de la fiscal
Tal como publicó este medio la semana pasada, la fiscal María Laura Álvarez solicitó que el acusado vuelva a ser detenido ya que considera que “existe riesgo procesal” en tanto y cuanto hay en la causa “indicios vehementes que hacen presumir que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o entorpecer el proceso”.

“El juzgador (por Verón) omite considerar la gravedad del hecho en el que consecuentemente falleció la señora Ibarra como así también han logrado salir con vida pero con lesiones al menos tres personas -familiares de la señora Ibarra- cuya gravedad aún no ha sido estimada e incorporada a los actuados”, expuso la fiscal dando cuenta que “el encausado se habría dado a la fuga subiéndose a un taxi cuyo conductor dio aviso al Sistema 911 entregándolo en la intersección de calle Noruega y Herrera, lugar en el que se procedió a su detención; quedando corroborada fundadamente la vinculación del imputado con el hecho ilícito y poniendo en evidencia con estas conductas posteriores que el riesgo de fuga se encuentra fehacientemente acreditado”.

Otro punto resaltado por la fiscal consiste en que “se observa en el imputado una actitud de desprecio o al menos de manifiesta indiferencia a las normas que resguardan los derechos del prójimo y permiten una convivencia pacífica y segura, incluso en el marco de una realidad de por sí riesgosa como es el manejo y circulación de vehículos automotores, ello sumado al mayor grado de reprochabilidad de la conducta del imputado que conducía bajo efectos del alcohol y la circunstancia de que en ningún momento intentó socorrer a las víctimas del hecho por él ocasionado”.

En esa línea, Álvarez analizó que “el estado de la presente causa, la gravedad del delito imputado, la severidad de la pena a aplicarse al mismo, teniendo en cuenta por un lado, las circunstancias personales del encartado como es la falta de un domicilio fijo y de un trabajo estable, y por otro lado, considerando la peligrosidad evidenciada en su intento de fuga del lugar del hecho demostrando su total desprecio por la vida ajena, situación que advierte que se encuentra presente el peligro de que el imputado se sustraiga a la acción de la Justicia como asimismo el riesgo en la víctima y su familia”.

Por último, puntualizó que “entiendo que la libertad del imputado puede entorpecer la investigación y es la Justicia quien debe velar, no sólo por el éxito de sus investigaciones, sino también por protección de la integridad de la víctima fallecida en autos, como así también de los que han sufrido las lesiones de gravedad, y toda la sociedad en su conjunto, de manera de erradicar este tipo de delitos que atentan contra la seguridad pública y la vida humana”.

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