Grave denuncia contra efectivos del Comando y médica policial de Oberá

“Los policías hicieron una ronda y nos pegaban delante de la misma doctora que después nos revisó para ver si estábamos golpeados. Yo le dije ‘si usted vio todo, qué nos quiere revisar ahora’. Me pareció que nos estaba tomando el pelo”, relató Emanuel R. (24), quien denunció que fue víctima de apremios por parte de efectivos del Comando Radioeléctrico Centro de la Unidad Regional II de Oberá.

Se trata de un nuevo caso que pone la lupa sobre el accionar de los uniformados, luego de que la semana pasada la madre de un chico de 15 años denunciara que el menor fue brutalmente golpeado y hasta asfixiado con bolsas a manos de efectivos del mismo Comando, hecho en el que tomaron rápida intervención la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) y la Defensoría de los Derechos del Niño de la Provincia.

En tanto, en el caso de Emanuel R. cobra relevancia el presunto accionar de una profesional médica que habría observado los apremios cometidos por los policías sin intervenir ni denunciar este accionar, que configuraría encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según anticiparon fuentes judiciales.

En ese sentido, la denuncia del joven avala el reciente reclamo expresado por los comisionados de la CPPT que asistieron a la familia del menor de 15 años, quienes en diálogo con El Territorio cuestionaron el accionar del médico policial que intervino en dicho caso.

Lamentablemente, en el ámbito de la UR II sobran antecedentes de complicidad de médicos policiales en casos de apremios, torturas y hasta homicidios, como en los casos de Hugo Miguel Wasyluk (38) y Julio Antonio Lloret (25), registrados en 2011 y 2015, respectivamente. En ambos hechos los profesionales de la salud fueron imputados.

Asfixia con bolsa
En diálogo con este diario, Emanuel R. precisó que estuvo detenido cinco días en dependencias de la Seccional Segunda, donde también padeció apremios.

El joven, que trabaja como ayudante de albañil, reside en el barrio Yerbal Viejo y su novia en barrio Gunther, donde fue detenido en la madrugada del pasado sábado 12 de diciembre.

“Estoy con una infección pulmonar y una costilla fisurada por los golpes que me dieron”, mencionó.

Sobre los hechos que derivaron en su captura, comentó que el viernes 11, alrededor de las 22.30, varios vecinos del Comando Radioeléctrico Centro -situado en barrio Gunther, frente al Yerbal Viejo- escucharon gritos de auxilio provenientes de la dependencia policial.

En este punto cobra relevancia la figura de su amigo Braian C. (19), quien esa misma noche había sido detenido bajo sospecha del hurto de una garrafa, hecho que el joven negó rotundamente.

“Los del Comando, como siempre hacen para que los detenidos confiesen lo que ellos quieren, le pegaron mucho a Braian y le pusieron una bolsa plástica en la cabeza. Estaba esposado y se desesperó tanto que saltó por la parte de atrás y corrió para la villa. Corrió y se escondió atrás de una pieza. Cuando lo encontraron estaba llorando porque pensó que lo iban a matar”, detalló.

A esta altura de la noche todo el barrio estaba movilizado por el movimiento de policías, las corridas y los gritos del joven apresado.

“Ayudame, no quiero que me peguen más, me van a matar”, gritó el muchacho, según recordó su amigo.

“Le avisé a la mamá y la novia de Braian le pidió a la Policía que no le peguen. Ahí fue que le amenazaron con el arma. La gente se indignó por ese trato, había menores y empezaron a tirar piedras, y los policías contestaron también con piedras”, explicó Emanuel R.

Represión y descontrol
Con los vecinos movilizados ante lo que consideraron un uso excesivo de la fuerza a manos de los uniformados, varios se contactaron con el jefe del Comando Radioeléctrico Centro.

“Mi suegro también le llamó al jefe Sánchez para contarle lo que estaba pasando, pero la única respuesta fue que se encierre adentro de la casa. Después le seguían llamando, pero no les atendió a nadie más”, agregó.

La metodología de la recaptura de Braian C. generó el masivo repudio en el barrio, ya que varias personas aseguraron que escucharon los golpes que padeció y sus gritos en pedido de auxilio.

En tanto, según Emanuel R., alrededor de las 2.30 arribaron efectivos de varias dependencias y procedieron a la detención de quienes horas antes les arrojaron piedras, supuestamente.

“A mí me gritaron que me tire al piso, y me dijeron: ‘Te gusta tirar piedras’, y me empezaron a pegar con la guacha. Y así a otros chicos que fueron encontrando. Mezclaron las cosas porque fueron a buscar venganza por las piedras”, dijo.

Y agregó: “Me esposaron y me llevaron a la rastra, me pisaron la cabeza. Por el camino perdí mi billetera con 1.000 pesos y mi DNI. Le dije al oficial Maximiliano Gómez y me respondió que me iban a devolver, pero me devolvieron con 170 pesos nomás”.

Entre los policías agresores identificó a “Moreira, Dos Santos y Ferreyra”, al tiempo que precisó: “Los policías hicieron una ronda y nos pegaban delante de la misma doctora que después nos revisó para ver si estábamos golpeados. Yo le dije ‘si usted vio todo, qué nos quiere revisar ahora’. Me pareció que nos estaba tomando el pelo”.

Luego fueron trasladados a la Seccional Segunda, donde continuaron los apremios, según la denuncia de Emanuel R. “En la Segunda nos dijeron: ‘Ustedes todavía no se bañaron’, y nos mandaron a las duchas; nos obligaron a desnudarnos y nos empezaron a pegar”, señaló.

Médicos en la mira
La nueva denuncia contra efectivos policiales de la UR II se registró en la misma semana donde se conoció el aberrante hecho denunciado por la madre de un menor de 15 años con un cuadro psiquiátrico que fue detenido y torturado por integrantes del Comando Radioeléctrico.

El caso tuvo la rápida intervención de la CPPT, quienes acompañaron la denuncia radicada ante la Fiscalía de Instrucción Dos de Oberá.

En tanto, además de señalar la presunta responsabilidad de los efectivos ahora separados del cargo, el comisionado Francisco Souza mencionó la posible implicancia de otros funcionarios que intervinieron en el caso, porque el menor fue revisado por un médico policial.

“Se debe determinar qué dice ese certificado y si consta las lesiones que tiene, porque después lo ingresaron a la comisaría y su mamá lo retiró de ahí todo golpeado. Ese médico y los otros policías que lo vieron, no advirtieron el estado en que se hallaba el joven”, se preguntó al referirse al caso del menor, en diálogo con este matutino.

Por ello, Souza hizo hincapié en la responsabilidad de los policías que agredieron al menor, como también en aquellos funcionarios que encubrieron las torturas.

“Hay que encontrar a los agresores porque él no los pudo identificar, pero sabemos que eran cuatro a bordo de un móvil perteneciente al Comando Radioeléctrico. Después hay otros funcionarios implicados, por acción u omisión, que son aquellos que lo vieron golpeado y no denunciaron el hecho; y si hay un médico implicado que certificó que el menor estaba en buenas condiciones, lo que sería muy grave”, remarcó.

Respecto del caso más reciente, la víctima no sólo cuestionó el papel de la médica interviniente, sino que la situó como espectadora de los apremios, situación que de probarse constituiría un delito.

Dos homicidios con médicos imputados

El 26 de abril del 2011, Hugo Miguel Wasyluk (38) fue hallado sin vida en una celda de la Seccional Primera de Oberá. Luego se determinó que fue asesinado a golpes y agonizó varias horas sin asistencia médica.

Por el hecho fueron imputados trece policías, entre ellos el médico policial, quien habría subestimado la gravedad de las lesiones que presentaba la víctima.

Si bien la causa ya fue elevada a juicio, por las restricciones de la pandemia aún no se fijó fecha para el debate oral.

Otro hecho con funcionarios implicados fue el homicidio de Julio Antonio Lloret (25), registrado en marzo del 2015 en la localidad de Guaraní, jurisdicción de la UR II.

Los familiares de la víctima denunciaron sus sospechas contra la Policía y la Justicia ordenó la exhumación del cadáver.

La autopsia fue concluyente: Lloret falleció de un traumatismo de cráneo y no de un “paro cardiorrespiratorio, muerte súbita”, como indicó el certificado de defunción firmado por el médico policial.

En consecuencia, fueron imputados ocho policías, entre ellos el médico. El expediente aún continúa sin resolución judicial.