Los cuatro policías denunciados por torturas en perjuicio de un menor de 15 años, quien relató que fue esposado, golpeado con la culata de una pistola y asfixiado con dos bolsas plásticas, fueron relevados de los cargos que ocupaban en el Comando Radioeléctrico Centro de la Unidad Regional II de Oberá.

Según precisaron fuentes de la fuerza, mientras se sustancia el sumario administrativo interno y la causa penal ante el Juzgado de Instrucción Dos local, las autoridades policiales resolvieron trasladar al oficial que comandó el operativo y licenciar a los tres subalternos que completaron la patrulla.

En consecuencia, el oficial ayudante Maximiliano R. pasó a cumplir funciones en la División Investigaciones de la UR II. Por su parte, los tres efectivos que estaban bajo su mando fueron obligados a acogerse a la licencia anual o vacaciones.

Todo ello sin perjuicio de que el avance de las investigaciones derive en sanciones administrativas, como el pase a situación de disponibilidad.

En paralelo, la fiscal de Instrucción Dos de Oberá, Myriam Estela Silke, aguarda el informe del cuerpo médico forense que ayer evaluó el estado de la víctima, quien padece un cuadro psiquiátrico.

En principio, además de contusiones y excoriaciones en la cara y la cabeza, el menor habría padecido una lesión ocular con compromiso de retina, producto de los golpes padecidos a manos de los uniformados.

Asimismo, la fiscalía aguarda el informe de las actuaciones policiales y de la denuncia radicada el martes por la madre de la víctima ante la misma Unidad Regional II.

Los implicados afrontan cargos por hechos de tortura agravados por ser funcionarios públicos, carátula que podría ampliarse si se incorpora la asfixia.

“Repudiables y repugnante”

El caso salió a la luz el martes por las páginas de El Territorio y el miércoles dos integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) llegaron a Oberá para entrevistarse con la víctima y su familia.

Luego acompañaron a la madre a ratificar la denuncia penal ante la fiscalía de Instrucción Dos.

En tanto, el presidente de la CPPT, Eduardo Magno Scherer, comentó ayer en Radioactiva 100.7 detalles de un hecho que calificó como “repudiable” y “repugnante”, al tiempo que alertó sobre la reiteración de este tipo de prácticas ilegales en el ámbito de la UR II de Oberá.

Precisó que el menor fue detenido en la madrugada del último domingo por una patrulla del  Comando Radioeléctrico, tras lo cual lo trasladaron a la Seccional Quinta y luego a la Seccional Segunda.

“Este chico es un paciente psiquiátrico que fue pasible de un montón de actitudes que son totalmente repudiables, prácticas que estamos tratando de erradicar de la provincia de Misiones y que, de constatarse que esto realmente ocurrió, la verdad que es una violación de los Derechos Humanos de lo más repugnante que nos pueda ocurrir y nos hace acordar a prácticas de la dictadura militar, del gobierno de facto que tanto daño nos hizo a todos los argentinos”, subrayó Scherer.

Y agregó: “Es repudiable y nos avergüenza tener agentes de las fuerzas de seguridad que todavía sostengan este tipo de prácticas, sin perjuicio de que se está investigando”.

Además, subrayó que la gravedad de este caso en particular radica en la edad de la víctima y su estado de vulnerabilidad previo, ya que presenta un cuadro psiquiátrico.

Derechos vulnerados

Tal como consta en la denuncia penal, el menor relató que los policías lo esposaron, golpearon, le apuntaron con un arma de fuego y le colocaron dos bolsas plásticas en la cabeza, una aberración sin precedentes. 

En primera instancia el chico logró romper la bolsa con sus propios dientes, ya que al estar esposado no tenía otra opción para evitar la asfixia. Fue entonces que los uniformados decidieron colocarle una segunda bolsa en la cabeza, siempre según lo que declaró la víctima.

“Vamos a ver si ahora podés romper esta”, contó que le dijeron entre risas, tras lo cual continuaron golpeándolo.

Al respecto, el titular de la CPPT remarcó que “estos hechos no pueden suceder, menos aún cuando tenemos menores de edad. Este tipo de prácticas violentan todas las convenciones internacionales de los derechos del niño, niña y adolescentes, la legislación nacional y provincial que establece claramente que los menores de 16 años no pueden ser detenidos ni privados de su libertad, y que en caso de que esto ocurra deben ser puestos inmediatamente a disposición de los padres”.

Precisó que los menores no pueden ser detenidos en celdas ni tener contactos con mayores, y al ser demorados se deben considerar una serie de medidas integrales de protección. Nada de ello se cumplió en el caso del chico obereño. 

Scherer también comentó con preocupación la sucesión de hechos similares en el ámbito de la UR II.

“Estamos viendo falencias y teniendo inconvenientes con la Unidad Regional II de Oberá. Por ejemplo, el caso de la Seccional Segunda, donde se investiga un delito de corrupción con componente sexual y hasta se encontraron estupefacientes”, indicó.

Pésimos antecedentes

Incluso, el funcionario mencionó que integrantes de la CPPT no fueron bien tratados durante una visita a una comisaría obereña donde les negaron información sobre personas privadas de su libertad.

“Visitamos la Seccional Quinta y los comisionados recibieron un trato no gentil. Se negaron a brindarnos información, lo que motivó que hagamos presentaciones ante la Jefatura de Policía y el jefe de la Unidad Regional II nos contestó que tramitemos el pedido de información a través del Ministerio de Gobierno, negándonos lo que la ley nos faculta a pedir y obtener en forma inmediata”, precisó.

Es más, en otra visita a la misma comisaría detectaron a once policías que estarían amedrentando y maltratando a los detenidos.

Por ello, insistió: “Tenemos antecedentes de sobra para poner en cuestionamiento el accionar de algunos agentes de la Unidad Regional II”.

La CPPT lleva un registro de intervenciones y sólo en lo que va del año radicaron cuatro denuncias penales por situaciones en el ámbito de la UR II, al tiempo que a Jefatura no brinda la información solicitada, lo que no hace más que avalar las denuncias de las presuntas víctimas, opinó Scherer.

“Ni siquiera se toman en trabajo de contestar nuestros pedidos de informe y entendemos que es una actitud que genera impunidad”, mencionó.

En tanto, lamentó que “desde la fundación de la comisión, ninguna de las denuncias que hicimos llegó a buen puerto o tuvo sentencia condenatoria o absolutoria de un Tribunal”.

Por otra parte, en la víspera desde la Defensoría de los Derechos del Niño de la Provincia se contactaron con la familia del menor agredido en Oberá y pusieron a disposición sus recursos para el seguimiento y contención que requiera el caso.