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En el 2020 la Comisión de Prevención de la Tortura ya presentó 20 denuncias

jueves 17 de diciembre de 2020 | 10:44hs.
En el 2020 la Comisión de Prevención de la Tortura ya presentó 20 denuncias

El pasado martes, El Territorio, daba cuenta de un hecho lamentable que le ocurrió a un menor de 15 años, quien denunció haber sido víctima de policías que lo golpearon y torturaron, al punto que le colocaron una bolsa plástica en la cabeza y lo amenazaron con asesinarlo si contaba lo sucedido.

El hecho se registró en la madrugada del último domingo, luego que una patrulla del Comando Radioeléctrico Centro de la Unidad Regional II detuvo al adolescente por avenida Andresito y calle Costa Rica de Oberá.

Por lo sucedido, dos integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) llegaron a Oberá para entrevistarse con la víctima y su familia. Luego, acompañaron a la madre a ratificar la denuncia penal ante la fiscal de Instrucción Dos, Myriam Estela Silke.

Entre las medidas solicitadas por la fiscalía se dispuso que en las próximas horas el menor sea evaluado por un profesional del cuerpo médico forense. Además, la UR II deberá girar el detalle de las actuaciones del caso.

"Es una violación de los derechos humanos, totalmente desagradable y nos averguenza que haya agentes de las fuerzas que ejerzan este tipo de prácticas", dijo el presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, Eduardo Scherer. 

Al respecto el directivo contó cómo tomaron conocimiento de los hechos que causó conmoción en la comunidad, "nosotros el día lunes tomamos conocimiento de lo ocurrido y nos comunicamos con los familiares e hicimos una presentación en la Jefatura de la Policía para solicitar un informe y en el día de ayer dos miembros de la comisión tuvieron una reunión donde se relató lo sucedido y se procedió a radicar la denuncia".

"Los hechos ocurrieron el sáabdo por la noche cuando este chico fue detenido por el Comando Radioeléctrico y por los dichos de los padres tiene problemas psiquiátricos y padeció actitudes repudiables que estamos tratando de erradicar", indicó.

Además sostuvo que la madre se presentó y radicó la denuncia y "aparentemente ya estarían identificados cuatro agentes que participaron en los hechos y se le practicará examenes al menor".

Antecedentes 

Scherer sostuvo que la Unidad Regional II presenta varios hechos precedentes al actual por lo que se está haciendo un análisis de cada una de las denuncias, "este hecho es totalmente repudiable, esta situación no debe ocurrir y menos aún cuando es a un menor de edad, siempre tienen que estar con medidas de protección en cualquiera de las circunstancias y estamos encontrando falencias"

"En la Unidad Regional II tenemos antecedentes y ya desde el 21 de enero venimos con inconvientes por corrupción, constatamos estado de hacinamientos, se hizo un informe, el 3 de junio se hizo una visita y fuimos pasibles de un trato no gentil, se negaron informes y así en una serie de irregularidades", aclaró.

A continuación relató que tienen elementos para poner en cuestionamiento el accionar de los agentes de la Unidad Regional II, "estamos haciendo un registro y analizando una por una las presentaciones realizadas con cuatro denuncias policiales, dos de ellas de Campo Grande".

20 denuncias en 2020

"Nosotros no tenemos facultad de ser querella eso es algo pendiente y es importante porque si somos parte del proceso podemos participar para pedir puebas y pedidos de informes y de esa manera podríamos acompañar. La ley sólo nos faculta tomar vistos de lo que pasa pero se limita a esa cuestión, podemos aportar elementos que permita al juez enriquecer su conocimiento en la materia, sólo es mera recomendación", comentó.

También acentuó que están en continua visita en las unidades carcelarias y penitenciarias pero que, "muchas veces la víctima no quiere denunciar y si uno denuncia los expone pero tienen miedo a represalias, entonces acudimos a tintes administrativos"

"En el 2020 hicimos 20 denuncias por delito de torturas pero sólo podemos poner en conocimiento y el fiscal es el que tiene que investigar. Muchas veces son familias de escasos recursos y no tienen herramientes para tener un abogado particular y eso es una materia pendiente porque de todas las denuncias que hicimos todavía no hemos llegado a buen puerto o se ha tenido una sentencia condenatoria", concluyó.

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