Le dieron la baja de PNA por una injusta detención, pero tras 6 años fue reincorporado

Después de seis años de lucha, Diego Sosa (41) se volverá a poner el uniforme de Prefectura Naval Argentina, fuerza de la que fue separado a causa de su detención en 2012, cuando lo acusaron de tirar gas pimienta en un boliche de San Javier, de donde es oriundo. 

Como informó este medio en su edición del 1 de septiembre, pese a que la Justicia determinó su inocencia en el proceso judicial, eso no impidió que PNA disponga su baja en noviembre de 2014, cuando empezó su largo periplo en el que atravesó cambios de todo tipo y en todos los niveles.

La causa llegó a la Cámara Federal de Posadas, que determinó entonces que su baja de la fuerza fue desproporcionada. En el dictamen de agosto, con el voto de la jueza Mirta Delia Tyden de Skanata y las adhesiones de Ana Lía Cáceres de Mengoni y Mario Osvaldo Boldu, se determinó dejar sin efecto su despido “debiéndose reincorporar al señor Sosa en el mismo grado y escalafón jerárquico en el que revistaba antes de la cesantía con percepción íntegra de haberes retroactivos al 10/09/2014”.

Prefectura Naval Argentina interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación, por lo que se creía que su reincorporación aún no estaba definida. Sin embargo, según pudo saber este medio en base a fuentes del proceso, en los últimos días Sosa fue notificado que la fuerza acatará el falló y poderá volver a la fuerza como Ayudante de Tercera, Cuerpo General, Escalafón de Seguridad.

Ahora PNA deberá arbitrar los medios para que el efectivo se capacite y actualice su formación. Según pudo saber El Territorio también se deberá determinar su nuevo destino.

Navidad del 2012

El hecho por el cual se lo acusó a Sosa ocurrió en la Navidad del año 2012. El hombre prestaba servicios en Buenos Aires y había llegado a La Dulce a pasar las fiestas. Pero en la madrugada del 25, varias personas dentro del boliche Maluco - colmado como siempre en esas fiestas-  empezaron a sentir irritación en los ojos, presumiblemente por gas pimienta. Hubo corridas y descontrol y el prefecturiano terminó tirado en el piso, con las esposas  policiales puestas.

Estuvo solamente unas horas preso, pero luego la entonces titular del Juzgado de Paz Contravencional de la localidad, María Melisa Illia, le impuso una multa de diez días o el arresto equivalente por infringir el Código de Faltas Provincial. Sin embargo, Xuxa decidió apelar, sobre todo pensando en las consecuencias que podría generarle el sumario administrativo que se instruía paralelamente en la fuerza federal.

De esta manera, en 2013 se determinó su inocencia, tras un fallo absolutorio del juez Correccional y de Menores César Raúl Jiménez.

“Analizando los elementos probatorios y los distintos actos procesales de la causa concluyo en que al apelante le asiste la razón, ya que a mi entender, la resolución no tiene apoyo o basamento probatorio alguno, es imprecisa, ya que se basa exclusivamente en el informe policial del sargento Ramón Bueno y en los testigos llamados por la Policía, por lo que como última ratio cabría aplicar el principio de inocencia en favor del imputado”, se lee en la sentencia.

Fue el primer indicio de que una investigación con serias irregularidades de la Policía de Misiones lo había perjudicado. En declaraciones a este medio que fueron publicadas en septiembre, Sosa dijo sin titubeos que le habían armado la causa, quejándose del accionar policial y judicial que lo llevó a esa situación. Y los testimonios, en parte, avalan esa afirmación.

Lo cierto es que a la Prefectura Naval Argentina no le importó su absolución y finalmente decidió su baja. Descartaron la ingesta de bebidas alcohólicas, pero determinaron la grave sanción por “presentarse o conducirse en público o en sociedad de forma incorrecta propiciar o participar en actos públicos o privados que no condigan con la cultura y la seriedad que deban revestir todos los actos del personal de la PNA, al faltar el respeto en términos inapropiados al personal de la Policía de la Provincia de Misiones”.

“Fue una pesadilla. Yo tenía mi núcleo familiar formado todo ahí en La Boca y por esta causa tuve que abandonar todo por razones económicas. Con el sueldo de mi ex señora no podíamos bancar el alquiler, los gastos, todo, y me tenía que defender de esto, porque defenderme desde allá era imposible. Por eso tomamos la decisión de venir a vivir acá. Somos los dos de acá”, aseguró cuando este medio dio a conocer su situación.

Es que además pelear por volver a su trabajo, con la sentencia de Jiménez, el prefecturiano denunció a los policías que intervinieron en el proceso y hasta la jueza Illia ante el Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Raquel Zuetta. Esa causa, dijo, tras todos estos años tampoco tuvo avances.

Al volver, Sosa hizo un curso en la Marina Mercante y,  tras navegar dos años, compró un terreno, construyó una casa para su familia e invirtió en un lavadero de autos con el que hoy se gana la vida. Paralelamente, su esposa viajó durante tres años a Buenos Aires para cumplir con su trabajo hasta lograr el traslado a un lugar más cercano. Lo logró, pero finalmente se terminaron separando.

Entonces recurrió a todos sus superiores, al Ministerio de Seguridad de la Nación y hasta el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, pero no obtuvo respuestas. Sólo el largo y tedioso proceso judicial terminó dándole la razón. 

“La Cámara de Apelaciones resolvió cómo tenía que haber resuelto desde la primera instancia y cómo se tenía que haber resuelto en Prefectura. Ninguno de los testigos certifica o avala que yo haya cometido semejante barbaridad, que haya tirado gas pimienta. Y menos faltarle el respeto a la Policía. Cualquier persona tiene la obligación de ir y pedir ayuda al ver una situación así”, remarcó el damnificado cuando aún esperaba una definición.

Añadió en esa entrevista que lo apresaron cuando fue a avisarle a los uniformados lo que había ocurrido y solicitar que llamen a una ambulancia.

Serias irregularidades

Respecto de la investigación de la Policía de Misiones, el dictamen de los jueces es claro y no sólo señala que “las declaraciones testimoniales de los policías no guardan correlato con ninguna prueba”, sino que nombra graves irregularidades con los testigos que aportaron a la pesquisa.

La magistrada Mirta Delia Tyden de Skanata remarcó que una testigo -se detalla nombre y apellido- declaró ante PNA que “...fue citada por la Policía, circunstancia en que le solicitaron que declare algo que ella nunca vio…”.

Y sigue, respecto de otro declarante, que “además de manifestar que no vio al señor Sosa agredir física o verbalmente a ninguna persona o al personal policial que se hallaba en servicio adicional en el lugar”, agregó que “en ningún momento fue efectuada la íntegra lectura de la declaración…”.

Siempre según la resolución judicial a la que tuvo acceso este medio, otros cinco testigos que estaban en el lugar de los hechos expresaron que no vieron a Diego Sosa agredir a los efectivos policiales.

Incluso desde el local bailable manifestaron tener reproches por su actitud, expresando que se lo vio prestando colaboración y dando aviso a las autoridades del incidente.

También se destacó en el dictamen que la conducta de Sosa dentro de PNA fue calificada a lo largo de su carrera como “excepcional, sobre lo normal o normal” por sus superiores.