Investigan relación entre ex jefe de Toxicomanía, un abogado y un prófugo

A cuatro meses de la denuncia que activó la investigación por la desaparición de un kilo de cocaína de máxima pureza que se hallaba en el depósito de decomisos de la Unidad Regional II de Oberá, la Justicia Federal avanza en la pista en una organización criminal de proporciones que podría derivar en nuevas implicancias.

Por el momento, el expediente tiene doce imputados, nueve policías y tres civiles, aunque aún no se logró determinar quién o quiénes fueron los autores materiales de la sustracción de la droga.

El faltante de cocaína fue detectado el 11 de agosto y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los funcionarios encargados de la custodia, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo ubicado en dependencias de la Seccional Tercera.

En tanto, se estableció que las llaves eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Precisamente, según confirmó El Territorio con fuentes del caso, si bien el jefe y el segundo fueron quienes alertaron de la desaparición a la superioridad, su accionar está en la mira ya que al retirarse del lugar no fueron requisados por el personal de guardia de la Seccional Tercera, tal como indica el protocolo.

Asimismo, en el marco de la misma causa la Justicia investiga la presunta relación de Carlos Ariel L. con un abogado obereño y un cliente de éste, identificado como Gaby M., un conocido distribuidor de droga.

También se pretende determinar si existe algún vínculo con Luis L. (51), el fugado narco que había sido detenido en Campo Viera con poco más de cuatro kilos de cocaína, lote al que pertenecía el kilo que desapareció del depósito de la Policía.

Detalles del vínculo
A lo largo de la instrucción a cargo del juez federal Alejandro Gallandat Luzuriaga, los policías imputados por la desaparición de la droga se cruzaron acusaciones y trataron de salvar sus responsabilidades.

En líneas generales, los subalternos apuntaron al jefe y al segundo a cargo, quienes de por sí tienen mayor responsabilidad por la cadena de mando.

“Noté que muchas personas tratan de perjudicarme, prácticamente todo mi personal, donde tratan de acusarme que llevo una vida económica fuera de lo normal como policía. Me da a entender que casi todos están complotados contra mí”, argumentó el subcomisario Carlos Ariel L. en su ampliación de declaración indagatoria, confirmando la fractura con el personal que estaba bajo su mando.

También reconoció su vínculo con Gabi M: “Él quería aportar datos sobre una causa judicial de la Justicia ordinaria, causa en la cual yo estaba colaborando con la Brigada de Investigaciones. Dicha reunión se hizo en el estudio de su abogado, el doctor K”.

Y agregó: “En otra oportunidad el doctor K. me había dicho para volver a tener otra reunión, pero como ya en la base un personal se dedicaba a hablar a mis espaldas sobre estas cuestiones, yo le dije al doctor K. que no tengo ningún problema en atenderlo o recibir información de parte de él, pero que lo recibiría en mi base como a cualquier otra ciudadano”.

Como contrapartida, varios de los subalternos mencionaron que Gaby M. era más que un informante del jefe, tal como consta en el expediente.

En consecuencia, en busca de mayores elementos de prueba, a mediados del mes pasado la fiscal Federal Viviana Vallejos ordenó que se periten las líneas telefónicas de los imputados.

Sugestiva fuga
Además de la presunta relación del ex jefe de Toxicomanía con un abogado y su cliente Gaby M., la Justicia no descarta algún tipo de vínculo con la fuga de Luis L., el narco que el año pasado fue detenido con 4,213 kilos de droga -lote al que pertenecía la cocaína desaparecida- y quien gozaba de prisión de domiciliaria en Campo Viera, circunstancia que aprovechó para fugarse.

Este hecho, sumado a la desaparición de la droga del depósito policial, constituye un escándalo sin precedentes en el ámbito local que expuso serias falencias institucionales y significó un cimbronazo en la relación entre la justicia federal y la fuerza de seguridad provincial.

Ahora, se pretende determinar si Luis L. contó con algún tipo de cobertura institucional que favoreció su escape, ya que la Policía de Misiones era la encargada de controlar el cumplimiento de la prisión domiciliaria.

El sospechoso fue detenido el 28 de septiembre del año pasado en Campo Viera, tras lo cual permaneció dos días internado en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.

Se instaló con su pareja, una mujer varios años menor, al tiempo que una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado.

En realidad, no contaba con tobillera electrónica y hacía una vida absolutamente normal.

Incluso, las autoridades constaron su desaparición luego de que fuera apuntado por una persona que lo denunció por la emisión de cheques falsos. Es decir, seguía delinquiendo.

Fue así que los policías se presentaron en su domicilio para notificarlo de la nueva causa y constaron que ya no estaba.

Causas paralelas
En una derivación de la causa madre por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de la Policía, el ex jefe de Toxicomanía fue imputado por “entrega de bienes muebles no registrables” durante su gestión al frente de la citada división.

Si bien no trascendieron los detalles de la acusación, este matutino averiguó que se trataría de insumos específicos para la realización de las tareas que tenía a su cargo, lo que no hace más complicar su situación penal.

En tanto, desde la defensa de otros implicados solicitaron que se investigue su vínculo con el mercado informal de divisas, puesto que sede judicial el mismo oficial reconoció que compró dólares por afuera del sistema legal.

“La única vez que compré dólares fuera del sistema bancario fue la que le hice al oficial B. porque él ofrecía a la venta 210 dólares, y no 400 como coinciden todos. Todos lo saben porque B. les ofreció a todos ese dinero porque necesitaba cambiar los dólares para pagar a unos albañiles”, detalló.

Por otra parte, la fiscal federal de Oberá Viviana Vallejos intervino de oficio y ordenó la instrucción de una causa por apremios y hurto contra los gendarmes que participaron de los allanamientos ordenados oportunamente.

La madre de uno de los civiles imputados aseguró que le apuntaron un arma en la cabeza. Pero no sólo eso, ya que luego del procedimiento de la fuerza federal constató el faltante de un valioso cuchillo de plata que tenía guardado en un modular de su casa.

Por su parte, uno de los civiles investigados manifestó que durante su breve detención en el Escuadrón 9 padeció una brutal golpiza a manos de los uniformados, quienes insistían vincularlo con la sustracción de la droga del depósito policial.

Son dos los reincidentes

De los nueve policías imputados -ocho que pertenecían a la desmantelada División Toxicomanía más la jefa de la Seccional Tercera-, únicamente dos poseen antecedentes judiciales, tal el informe de antecedentes recepcionado por el Juzgado Federal de Oberá.

Se trata de Carlos Ariel L. (actualmente en disponibilidad por la desaparición de cocaína) y Hugo Ariel B., quienes están imputados en el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril del 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que fue elevada a juicio pero aún sin fecha designada.

Por el hecho fueron procesados trece policías que entonces se desempeñaban bajo la órbita de la Unidad Regional II.

Los citados están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la misma carátula (más peculado) que como mínimo podría corresponderles en el marco del escándalo por la desaparición de la cocaína del depósito policial, según confió una alta fuente.