Prorrogaron prisión preventiva a abogado ligado a una causa narco

La última vez que el abogado Pablo Norberto Pipo estuvo en libertad fue el 5 de diciembre de 2018 a las 4.25 de la madrugada, cuando sentado a bordo de su Toyota Corolla su demora en un retén sobre la ruta nacional 12 se transformó en una detención por delitos de narcotráfico.

Desde ese día el letrado permanece detenido y en esas circunstancias de encierro continuará un largo tiempo más porque recientemente la Justicia dispuso la prórroga de su prisión preventiva por seis meses, lapso que comenzó a regir el último sábado. La resolución fue publicada en el Centro de Información Judicial (CIJ).

Pipo está involucrado en una causa judicial que lo tiene imputado como coautor del delito de organizador de conductas compatibles con el tráfico de estupefacientes modalidad transporte agravado en concurso real y como autor de almacenamiento de estupefacientes.

En el mismo expediente también está imputado su presunto socio, Javier Ramón Armoa, que es investigado como coautor del delito de organizador de actividades vinculadas al narcotráfico.

La causa en contra de ambos tomó forma a partir del 5 de diciembre de 2018, cuando un camión Ford 4000 cargado con más de tres toneladas de marihuana cayó en Eldorado después de esquivar el mismo control en el que la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) había demorado previamente a Pipo, de quien ya se sospechaba que iba como “guía” o “puntero” de la carga.

El chofer de ese rodado logró escapar del operativo, pero las investigaciones que ya estaban en marcha para la Justicia lograron demostrar que los dos involucrados fueron quienes estaban detrás de la organización de la operación narco y por ello los procesó con prisión preventiva, medida cautelar cuyo plazo vencía este año pero ahora fue prorrogada.

La prórroga fue dispuesta por el Tribunal Federal de Posadas, cuyas autoridades ahora tienen en sus manos el expediente tras la correspondiente elevación a juicio de la causa dictaminada previamente por el Juzgado Federal de Eldorado.

Esto quiere decir que la causa ya está en condiciones de ser ventilada en debate, pero aún hay algunas medidas de prueba cuyos resultados todavía no fueron remitidas y por lo tanto no se puede fijar fecha la realización del proceso oral. En el mientras tanto, Pipo deberá continuar preso.

Algunas de esas medidas solicitadas son, por ejemplo, informes de comunicación a una empresa de telefonía celular y registros migratorios de ambos implicados.

Pipo ya había recibido otra resolución en su contra a mediados de abril, cuando la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia rechazó una apelación en la que el imputado había cuestionado las intervenciones telefónicas que constan en la causa, como así también hizo un planteo de nulidad en relación al allanamiento en su oficina y reclamó que todas sus medidas de prueba solicitadas por él fueron “negadas sistemáticamente”.

En el mismo documento Pipo criticó además la preventiva dispuesta en su contra y planteó la alternativa de una tobillera electrónica.

Para los camaristas nada de lo hecho en el marco de la causa vulneraba sus derechos de defensa y todas las medidas dispuestas estaban correctamente fundamentadas, por lo cual no hicieron lugar al planteo del letrado detenido y en consecuencia confirmaron todo lo actuado por el Juzgado Federal de Eldorado.

La investigación

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a partir de una denuncia anónima que derivó en un requerimiento de instrucción por parte de la Fiscalía al Juzgado y ello dio inicio a una serie de trabajos preliminares que dieron pie al trazado de una línea investigativa definitiva en la cual terminaron siendo individualizados los sospechosos.

A partir de ahí, Pipo y Armoa comenzaron a ser escuchados y seguidos. Respecto a las intervenciones telefónicas, la Cámara fue clara su resolución de abril: “Los sendos informes agregados dan cuenta de la vinculación existente entre Armoa y Pipo, como el rol cumplido por este último –organizador, asesorando a los demás integrantes de la organización, encargado de tomar las precauciones necesarias para no alertar a las fuerzas de seguridad, entre otros–, como la existencia de sospechas sobre su participación en posibles actividades ilícitas, por lo cual la orden de intervención telefónica encuentra suficiente respaldo en elementos verificables”.

La pesquisa realizada reconstruye entonces que el 3 de diciembre Armoa viajó a Posadas en compañía de otra persona para buscar y plotear un camión con el cual viajaron hasta Wanda, donde hicieron entrega del rodado.

Esa misma noche se advierten comunicaciones entre los implicados y ante la sospecha de que se estaba pergeñando alguna actividad ilícita efectivos de GNA montaron vigilancia en Wanda, Esperanza y en el peaje de Colonia Victoria, hasta detectaron movimientos sospechosos.

Al día siguiente, cerca de las 23.45 observaron a Pipo llegar a Puerto Esperanza con su Toyota Corolla y a las 3 de la madrugada siguiente lo vieron salir delante de un Ford 4.000. A las 3.42, en tanto, el auto del letrado cruzó el peaje y 150 metros después giró en U y se detuvo a un costado de la ruta para esperar al camión que a las 4.08 llegó al mismo puesto.

Desde allí retomaron la marcha, el Corolla siempre por delante. Con todo esto sobre la mesa, la GNA dispuso el control en Eldorado donde primero demoraron a Pipo, mientras que el camión se detuvo 100 metros antes. Los efectivos que hacían su seguimiento ordenaron que el conductor descienda, pero  decidió escapar.

La fuga se extendió hasta la avenida Independencia, en el kilómetro 4, donde el camión colisionó al patrullero que iba en su persecución y allí el conductor escapó a pie. Hasta hoy sigue prófugo.

En el camión la GNA encontró  más de tres toneladas de marihuana y cuando la misma fuerza allanó la oficina del letrado encontró otros 55 kilogramos del mismo estupefaciente.