La Fiscalía Federal de Oberá investiga a gendarmes por apremios y hurto

“Dónde está la droga, vieja de m... Mirá que te meto una bala”. La frase habría sido expresada por un efectivo del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) durante un allanamiento ordenado por el Juzgado Federal de Oberá. 

Asimismo, la víctima de la presunta amenaza aseguró que luego del procedimiento de la fuerza federal constató el faltante de un valioso cuchillo de plata que tenía guardado en un modular de su casa.

La mujer es la madre de uno de los dos civiles implicados en el expediente por la desaparición de un kilo de cocaína que se hallaba en resguardo del depósito de secuestros de la Unidad Regional II, causa que además tiene seis policías imputados.

Por ello, desde un principio el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, dispuso que las pesquisas estén a cargo de GNA.

En tanto, uno de los civiles investigados manifestó que durante su breve detención en el Escuadrón 9 padeció una golpiza a manos de los uniformados, quienes insistían en vincularlo con la sustracción de la droga del depósito policial.

A pesar de la gravedad de los hechos manifestados en sucesivas declaraciones, tanto la propietaria de la casa allanada como el joven que padeció los apremios expresaron reparos para radicar las denuncias por temor a represalias.

En consecuencia, la fiscal federal Viviana Vallejos intervino de oficio y ordenó la instrucción de una causa por apremios y hurto contra los gendarmes que participaron de los procedimientos.

Según averiguó El Territorio, la causa se tramitará en paralelo al expediente FPO 3916/2020 por el escándalo de la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de la División Toxicomanía de UR II.

En la mira

El hurto del cuchillo de plata se habría producido durante un allanamiento cuestionado por la defensa de tres imputados, ya que el procedimiento habría sido digitado por otro de los implicados para desviar la investigación, tal como esgrimió en el correspondiente planteo de nulidad que se halla en estudio.

Dicho recurso podría desactivar la principal línea de investigación que existe hasta el momento, por lo que está siendo analizado con suma cautela.

Si bien el faltante fue detectado el 11 de agosto, recién tres días más tarde la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad (la suspensión temporal) de quien entonces ostentaba el cargo de jefe de Toxicomanía, el subcomisario Carlos Ariel L., y de dos subalternos.

Por ello, en ese lapso de tres días el ex titular de la dependencia continuó ejerciendo sus funciones con normalidad y habría colaborado con la investigación de GNA, al punto que existen indicios de que fue quien aportó el dato que apuntó a un presunto traficante cuyo domicilio fue allanado.

En consecuencia, la defensa de tres de los imputados planteó la nulidad del procedimiento porque consideran que “fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación y perjudicar a terceros”, precisaron fuentes del caso. 

Nuevas pericas

Tal como publicó El Territorio en exclusiva, en busca de elementos que permitan determinar las responsabilidades en el escándalo por la desaparición de cocaína, el Juzgado Federal ordenó que se periten los teléfonos celulares de todos los imputados.

En tanto, habida cuenta a la investigación en curso contra efectivos del Escuadrón 9 Oberá, las tareas de peritaje estarán a cargo de personal del Escuadrón 11 San Ignacio, quienes dispondrán de cinco días hábiles para elevar el correspondiente informe técnico, según precisaron fuentes del caso.

Tras detectarse el faltante de cocaína, desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los policías encargados de la custodia de la droga, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves del resguardo ubicado en sede de la Seccional Tercera.

En tanto, se estableció que las llaves eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Para completar el cuadro, en el lugar no hay cámaras ni se llevaba un registro de guardia exhaustivo, lo que hasta el momento dificultó determinar la responsabilidad material del hecho. En este contexto, desde la fiscalía consideraron que el peritaje de los celulares de los implicados podría arrojar algún dato o vínculo que permita avanzar en la pesquisa.

Pista endeble

Por otra parte, entre las pruebas requeridas por la Justicia para avanzar en las responsabilidades por la desaparición de la droga se halla la pericia química a la que fue sometida una dosis de 6 gramos de cocaína secuestrada en el allanamiento de una vivienda, procedimiento ordenado en el marco de la misma causa.

Dicha dosis fue comparada con el contenido de otros tres paquetes del mismo lote que estaba en resguardo del depósito policial.

De todas formas, según confirmó una fuente con acceso al expediente, el análisis del estupefaciente “no fue concluyente ni arrojó el grado de certeza necesario” para vincular esos gramos con el lote en cuestión.

Sobre el kilo que falta, se sabe que era una cuarta parte de un secuestro que se concretó el 28 de septiembre de 2019 en Campo Viera en poder de Luis L. (51), quien meses más tarde logró burlar prisión domiciliaria y continúa prófugo.

El narco fue detenido con 4,213 kilos de cocaína de “máxima pureza”, como destacaron entonces las propias autoridades policiales.

La droga estaba dividida en cuatro paquetes ocultos en el doble fondo de un automóvil.

En aquel momento la mercancía fue valuada en 5,5 millones de pesos. También se informó que el sujeto poseía un amplio prontuario por estafas y otros delitos.

Otra imputación y una confesión
En una derivación de la causa madre por la desaparición de kilo de cocaína del depósito de la Policía, el ex jefe de Toxicomanía fue imputado por “entrega de bienes muebles no registrables” durante su gestión al frente de la división.

Si bien no trascendieron los detalles de la acusación, este matutino averiguó que se trataría de insumos específicos para la realización de las tareas que tenía a su cargo, lo que no hace más complicar su situación penal.

En tanto, desde la defensa de otros implicados solicitaron que se investigue su vínculo con el mercado informal de divisas, puesto que el mismo oficial confesó que compró dólares por afuera del sistema legal.

Precisamente, el 28 de octubre pasado en una ampliación de indagatoria el subcomisario Carlos Ariel L. reconoció que adquirió dólares de otro policía, tal como previamente declararon sus subalternos.

“La única vez que compré dólares fuera del sistema bancario fue la que le hice al oficial B. porque él ofrecía a la venta 210 dólares, y no 400 como coinciden todos. Todos lo saben porque B. les ofreció a todos ese dinero porque necesitaba cambiar los dólares para pagar a unos albañiles”, detalló.