Una cámara de seguridad complicó a ex comisario acusado por vejaciones

La pesquisa judicial que se inició contra Luis Salazar, ex comisario de Capioví, por supuestos hechos de vejaciones ocurridos en abril de este año y que fueron denunciados por un arquitecto de la misma localidad, sumó nuevos elementos de prueba durante los últimos días.

Y es que un video de una cámara de seguridad ubicada frente al estudio del profesional denunciante en donde se ve el accionar policial desmedido complicó aún más la situación del acusado, a quien además de esta causa, también se lo investiga por el faltante de varios vehículos particulares que estaban alojados en carácter de depósito judicial dentro de la comisaría.

Justamente por esta última acusación, desde la Jefatura de Policía resolvieron inmediatamente el pase a disponibilidad de la fuerza del efectivo.

En relación al expediente que se inició por presuntos hechos de maltrato y vejaciones ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, se sabe que la víctima había sido demorada el pasado 16 de abril durante dos horas por el ex comisario por asistir, en teoría, a su estudio particular y no respetar la prohibición de quedarse en su vivienda en aislamiento obligatorio, tal cual lo requería el decreto de necesidad y urgencia dispuesto por el gobierno nacional en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19.

De acuerdo a la presentación formal que hizo ante la Justicia, el profesional narró que los integrantes de la comitiva policial lo arrojaron contra la camioneta y durante todo el camino a la dependencia lo insultaron.

Y añadió que durante el tiempo que estuvo en la comisaría sufrió distintos tratos humillantes por parte de Salazar. Incluso trascendió que al denunciante lo obligaron a pedir perdón por lo ocurrido.

A partir de estos testimonios, el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del mencionado juzgado, solicitó una serie de diligencias para corroborar los dichos del arquitecto.

Una de ellas fue pedir las filmaciones de una cámara de seguridad del municipio que está ubicada frente al estudio del profesional. Dicho soporte audiovisual fue recepcionado días atrás y en el día y horario narrado por el denunciante se pudo observar el procedimiento policial.

Fuentes cercanas al caso indicaron que las imágenes observadas son de muy buena calidad y que el magistrado pudo observar varios detalles importantes para el esclarecimiento de este caso.

Venta de motos secuestradas
La figura del ex comisario de Capioví comenzó a tener lugar en los portales policiales a finales de septiembre pasado, cuando se hicieron públicas dos denuncias por el supuesto faltante de varias motocicletas que estaban en carácter de depósito judicial en la dependencia y que llamativamente fueron alertadas por dos camaradas de Salazar.

Tal como lo publicó en su momento este matutino, una de las presentaciones fue hecha por una agente de la mencionada comisaría, quien ante la Fiscalía de Instrucción de Puerto Rico describió ciertos desmanejos que fue advirtiendo en el último tiempo por parte del comisario.

Además, se estableció que un mes antes, otro miembro de la misma dependencia había realizado una acusación similar pero ante la Jefatura de Policía. Y según este aporte, el faltante de vehículos habría comenzado hacía unos tres años aproximadamente.

Ante la fuerte presunción de la existencia de distintos delitos por parte del jefe policial, el magistrado Balanda Gómez ordenó que integrantes de la Gendarmería Nacional concretaran seis allanamientos en distintos puntos de la localidad y de Puerto Rico.

Los lugares requisados fueron la propia comisaría de Capioví, la casa de Salazar, un domicilio particular en donde se secuestró la luneta de un camión y tres talleres mecánicos en donde también se recuperaron dos de las tres motocicletas que faltaban.

Según comentaron voceros del caso a este matutino, los propietarios de los inmuebles allanados explicaron a los pesquisas que todo lo secuestrado fue adquirido de buena fe tras distintos negocios realizados con el comisario.

Incluso estos testimonios fueron ratificados luego durante las respectivas declaraciones testimoniales ante la Justicia.

En su momento, para determinar la cantidad total de vehículos faltantes, resultó clave el cotejo de las distintas actas que se hicieron en el Juzgado de Paz local, y también de la base datos de la Dirección Vial en torno a la información sobre los procedimientos llevados a cabo por esta sección.

Ante todos estos elementos, en primera instancia el juez dispuso la detención del funcionario policial. Aunque el viernes 16 de octubre pasado, tras dos semanas tras las rejas, Salazar recuperó la libertad mediante el pago de una caución real de 50.000 pesos con la cual accedió al beneficio de la excarcelación.

Si bien el imputado podrá aguardar en libertad la continuidad del proceso investigativo en su contra, desde el juzgado se le dispuso una prohibición de acercamiento, tanto a los denunciantes como a los propietarios de los talleres en donde fueron encontrados algunos de los vehículos que habían sido retirados de la comisaría.

Por el momento, Salazar está acusado de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y sustracción de elemento de prueba.