La prisión permanente revisable y las penas de muerte en el siglo XXI

Iván Pardo Pena (35) se convirtió el 6 de octubre de este año en la decimonovena persona condenada a prisión permanente revisable en España y la primera en la provincia de Aragón.

En un juicio por jurados, el hombre fue declarado culpable por unanimidad de torturar y asesinar en 2017 a la niña misionera Naiara Abigail Briones Benítez (8) y luego fue un juez quien determinó la dura pena en su contra.

La prisión permanente revisable es la pena privativa de libertad más dura en ese país y fue aprobada en marzo del 2015. Puede aplicarse para homicidios de menores de 15 años como el de Naiara -oriunda de la localidad misionera de Candelaria-, en asesinatos cometidos luego de un ataque sexual, a los reos condenados por la muerte de más de dos personas, en los crímenes terroristas, de lesa humanidad o en el homicidio de un jefe de Estado o del propio Rey.

Se trata de una pena que no tiene tiempo definido, como su nombre lo indica, pero asegura un cumplimiento efectivo de 25 -en el caso de Pardo- a 35 años de prisión, dependiente del delito.

Recién cumpliendo estos años “el Tribunal deberá revisar de oficio la continuidad del reo en prisión cada dos años, o bien si el penado lo solicita, con la única limitación de que si se desestima una petición por parte del penado, no podrá volver a cursar esta petición hasta pasado máximo un año”, según explica el diario La Vanguardia.

Esta modificación en el Código Penal español fue objeto de muchas críticas e incluso se aprobó solamente con los votos del Partido Popular y está está pendiente de recurso en el Tribunal Constitucional de los demás partidos, quienes insisten que es una prisión perpetua encubierta. De todas formas, el preso puede pedir permisos ordinarios de salida cuando cumple los ocho años.

En el resto de Europa hay contemplaciones similares, con algunos matices y diferencias en los años en el que el tribunal se ve obligado a revisar la condena. Países como Francia, Italia, Inglaterra, Noruega, Bélgica, Dinamarca u Holanda, entre otros, figuran en esta lista. La excepción es Portugal, que fue el primer país del mundo en el que se abolió la prisión perpetua después de su reforma del año 1884. Allí, la máxima condena que contempla la ley es de 25 años de cárcel.

Colombia, prisión perpetua
En Sudamérica, en tanto, el Congreso de Colombia aprobó este año una reforma a la Constitución para imponer la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de hasta 14 años. De esta forma, se cambió el artículo 34 del texto constitucional que prohibía “las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación”.

Hasta junio, la pena máxima contemplaba en ese país 60 años de cárcel. Ahora “de manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua”, señala la reforma aprobada.

Según las estadísticas en ese país, de fuerte tradición conservadora, casi dos niños son asesinados por día.

La Reforma Penal Internacional (PRI, por sus siglas en inglés), una organización internacional no gubernamental de Inglaterra, explica que el término ‘cadena perpetua’ tiene significados que varía según el país.

“En algunos países, significa que los presos no tienen derecho a ser considerados para su liberación. En otros, los reos son considerados para su liberación después de cierto periodo (como en Europa). También hay otras sentencias que no son formalmente identificadas como perpetuas pero que tienen el poder de detener a una persona en prisión hasta su muerte”, dice PRI.

La organización asegura que la cadena perpetua formal existe en 183 países, de los cuales en 65 se imponen de por vida sin posibilidades de libertad condicional. Además, PRI dice que el número de personas a las que se les impone fue incrementando desde comienzos de siglo.

Penas de muerte
Por otro lado, en el siglo XXI aún se sigue aplicando la pena de muerte en unos 60 países, siendo Japón y Estados Unidos las potencias democráticas que la mantienen.

El último relevamiento mundial sobre la pena de muerte lo realizó Amnistía Internacional, y contiene cifras de 2018 y fue publicado el 11 de abril del año pasado. En ese informe se enumeran los diferentes métodos de ejecución: decapitación, silla eléctrica, horca, inyección letal y fusilamiento.

Los países que más la aplicaron en 2018 fueron China, Irán, Arabia Saudita, Vietnam e Irak, en ese orden.

“China sigue siendo el mayor ejecutor del mundo, aunque se desconoce la verdadera magnitud del empleo de la pena de muerte en ese país, ya que los datos correspondientes están clasificados como secreto de Estado. En la cifra global de 2018 de al menos 690 ejecuciones, no se incluyen los miles de ellas que, según se cree, tuvieron lugar en China”, señaló Amnistía.

En 2019, 22 personas fueron ejecutadas en los Estados que aún está contemplada en Estados Unidos. En cuanto a otros países latinoamericanos, un artículo de la cadena británica BBC dice que en América Latina hay seis países que tienen pena de muerte: Cuba, Guatemala, Chile, Perú, El Salvador y Brasil. No obstante, el último país en ejecutar a alguien fue Cuba, en el 2003.

Universo perpetua “Sabemos que causaron un daño, pero las segundas oportunidades existen” El Patronato de Liberados y su rol para evitar la reincidencia “La justicia del castigo, de la pena y de las leyes mediáticas se agotó” “Que sea una sanción privativa de la libertad, no de otros derechos”