“La justicia del castigo, de la pena y de las leyes mediáticas se agotó”

“Si la política criminal solamente se va a encargar de construir cárceles o utilizar leyes mediáticas para sus condenas, lo único que generará el sistema penitenciario y de seguridad, además del judicial, es violencia y retardar sus efectos, nada más y nada menos, porque en algún momento esas personas que están en contexto de encierro, que cometieron un delito, no van a salir como necesitamos que salgan de las prisiones, restauradas o arrepentidas, sino más resentidas, con mayor violencia y con una escuela del delito mucho mayor a la que ingresaron al sistema penal”.

El análisis le pertenece al abogado Andrés López Batalla, defensor oficial y coordinador de Justicia Restaurativa Argentina, una organización sin fines de lucro que se formó hace ocho años impulsada por la titular del Juzgado de Ejecución Penal Uno del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, María del Carmen Rodríguez Melluso, con el objetivo de “buscar alternativas al sistema penitenciario y judicial que se quedó atrás con todo tipo de soluciones en relación a las personas privadas de la libertad”, explicó.

La ONG está integrada por profesionales relacionados con el sistema judicial y alineados en la idea de generar una administración de justicia moderna, ágil, eficaz, sin trabas burocráticas y de cara a la sociedad, que no solamente dicte condenas sino que, en paralelo, se ocupe de los condenados generando herramientas para que puedan decidir un cambio en sus formas de vida.

En esencia, la justicia restaurativa no ofrece únicamente una respuesta punitiva como solución al delito, sino que también lo aborda a través de la reparación del daño, de la responsabilidad del causante y el restablecimiento de esas relaciones que se vieron afectadas por el conflicto.

Durante una extensa charla con El Territorio, López Batalla analizó que la gran mayoría de las personas que intervienen actualmente en el poder judicial “están arraigadas a la metodología del litigio tradicional” donde hay un esquema que coloca en un lugar secundario tanto a la víctima como al victimario.

“No se niega la idea de la sanción y tampoco se romantiza la cárcel, lo que se reclama es que la sanción no puede ser un fin porque castigar por castigar no cambia nada, no genera procesos de transformación”, expresó y en esa línea añadió que “el castigo debe ser un medio que conduzca rumbo a procesos de comprensión del delito, análisis y sobre todo de restauración para que al recuperar la libertad la persona no recorra el mismo camino que lo depositó en prisión”.

“La culpa se dirime con penas de encierro pero el castigo como único recurso no alcanza. Las cárceles están llenas, y nada cambia. Son máquinas de generar violentos y eso repercute en el barrio, en la sociedad o donde esa persona vaya a llevar adelante su vida después. El trabajo dentro de las cárceles debe ser integral para que dejen de ser depósitos de personas como está pasando actualmente, siendo una situación extremadamente grave”, agregó.

En su radio de acción, que son las cárceles bonaerenses, la ONG desarrolla diversos programas y talleres involucrando también a las víctimas de delitos y organizaciones que han surgido a partir de ellos, como la Asociación Civil Madres del Dolor, por ejemplo, el grupo de Madres contra el Paco o personas que han sido abusadas sexualmente.

“Cuesta mucho que lo entiendan, pero la justicia retributiva está agotada; la justicia del castigo, de la pena y de las leyes mediáticas se agotó, acá y en el mundo. No somos abolicionistas ni decimos que se cierren las cárceles, pero la justicia restaurativa vino a decirle a las agencias del Estado que hay una forma distinta de transitar la prisión, que nosotros la experimentamos, la vivimos y vemos los cambios que se producen. Es el único camino que nos queda para evitar que las personas que salen del contexto de encierro vuelvan a cometer delitos”, reflexionó.

Hacerse cargo, el inicio
Sobre el abordaje que Justicia Restaurativa hace en los centros penitenciarios, López Batalla explicó que “trabajamos desde un lugar distinto, de primero pedirle a las personas privadas de su libertad que se hagan cargo de lo que hicieron, pero también de hacernos cargo nosotros como equipo, todos, incluido abogados, defensores, fiscales, jueces, la sociedad misma, de ayudar a esa inclusión social que necesitan”.

“Empezamos a buscar alguna respuesta a esta situación grave de seguir generando violentos dentro de las cárceles y desde hace ocho años venimos trabajando distintos programas con esa mirada, llegando a las unidades penitenciarias desde un lugar que no juzga, que no señala ni apunta con el dedo, sino que educa, capacita y ofrece alternativas para que la libertad sea valorada y quienes están privados puedan rediseñar sus vidas fuera del delito, lo que tiene impacto directo no sólo en la persona, sino en toda la sociedad”, puntualizó.

Sobre el interés de los reclusos en estos programas restaurativos que ofrecen, el coordinador de la ONG reseñó que “lo que recibimos es gente predispuesta a mirar, abrazar y reconocer que algo hicieron mal. Muchas de las personas que están ahí, como todos, les cuesta inicialmente reconocer que no vieron a un otro, que hicieron daño a alguien y en medio de esas situaciones algunas son irreparables: las muertes. Pero en ese camino también nos dimos cuenta que es importante involucrar a las víctimas, que no eligieron estar en esa posición pero muchas de ellas decidieron levantarse y ver cómo transitarlo para morigerar el dolor, lo que ocurre con los grupos como Madres del Dolor o Madres contra el Paco, cuyo aporte es invaluable”.

“Bajar de los estrados”
En otro tramo de la entrevista y como parte del sistema judicial argentino, López Batalla cuestionó a los jueces que “dictan sus fallos de espaldas a la comunidad” y opinó que éstos “deben acercarse a la gente y evitar sentirse parte de una casta superior, casi dioses, como ocurre en la mayoría de las provincias”.

“El poder judicial tiene que ser real, verdadero, tenemos que bajar de los estrados y pisar el suelo, dejar las oficinas y salir a la calle, bajarnos de los privilegios que conlleva tener un cargo de esta naturaleza y tratar de ver qué le pasa a la gente. Esa vieja frase de que ‘los jueces hablan por sus sentencias’ no va más, tenemos que dar la cara y rendir cuentas ante los ciudadanos porque si no podemos ver qué le pasa a la gente, difícilmente podamos resolver tanta desidia del poder judicial y tanta desconfianza que nos tiene el ciudadano de a pie”, puntualizó.

En ese contexto, dijo con firmeza que “cuando tenés un proceso judicial, de cualquier fuero, que tarda años sin resolverse y en tanto una persona está privada de la libertad violandose sus derechos y garantías, esperando una sentencia firme que nunca llega, eso no es justicia. Eso es un acto criminal. Hay un grave problema que como operadores de justicia tenemos que reconocer para poder cambiar. La sociedad, de una vez por todas merece respuestas”.

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