miércoles 02 de diciembre de 2020
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La droga desapareció del depósito de secuestros de Unidad Regional II

Asuntos Internos avanza en la pesquisa por el robo de cocaína

La Justicia Federal imputó a seis policías, lo que podría derivar en nuevas sanciones administrativas. Investigan vinculaciones y beneficios de dos oficiales imputados.

jueves 29 de octubre de 2020 | 5:00hs.
Asuntos Internos avanza en la pesquisa por el robo de cocaína

A dos meses y medio de la desaparición de un kilo de cocaína del depósito de secuestros de la Unidad Regional II, personal de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Misiones avanza en la instrucción del sumario administrativo interno y anticiparon que mañana volverán a tomar declaración a los implicados.

Si bien en un primer momento fueron puestos en disponibilidad quien se desempeñaba como jefe de la desmantelada División Toxicomanía de Oberá y dos subalternos, la posterior imputación de la Justicia Federal a otros tres policías podría derivar en nuevas sanciones administrativas.

Precisamente, el expediente penal a cargo del juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, tiene a ocho personas imputadas, seis funcionarios policiales y dos civiles, aunque hasta el momento los más complicados serían el subcomisario Carlos Ariel L. y el oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Al respecto, fuentes del caso confirmaron que ambos eran los encargados de las llaves del depósito de secuestros de drogas que se hallaba en dependencias de la Seccional Tercera y el acceso no fue forzado, aspecto que los implica seriamente.

En el lugar no había cámaras ni se registraban los accesos por guardia, una situación irregular a todas luces, tal como coincidieron autoridades judiciales y de la propia fuerza. 

Por otra parte, Asuntos Internos también pretende corroborar cierta vinculación entre el subcomisario Carlos Ariel L. y el comisario mayor Oscar Antonio Bigalki, actual jefe de la UR II, quien en las últimas semanas habría recibido varias veces al primero en su despacho, lo que no hizo más que atizar suspicacias.

Asimismo, tal como confirmó este matutino, de los seis policías imputados sólo los dos citados poseen antecedentes judiciales, según el informe de antecedentes recepcionado por el Juzgado Federal de Oberá.

Presuntas conexiones

Tal como consta en la investigación, la droga desaparecida del depósito policial pertenecía a un lote secuestrado el 28 de septiembre del año pasado en la localidad de Campo Viera.

En ese entonces, la Unidad Regional II estaba a cargo del comisario general Carlos Roberto Kallus, actual Director General de Seguridad, mientras que Bigalki era el segundo al mando.

En ese contexto, un vocero de la fuerza mencionó que “la intención es arribar a la verdad de lo que pasó y quién o quiénes sustrajeron la droga. El ex jefe de Toxicomanía fue separado de la fuerza y no corresponde que concurra asiduamente a la oficina del jefe de Unidad Regional. No hay motivo para ello, ya que no está en funciones, y tampoco queda bien”.

Tampoco es un dato menor que tanto Carlos Ariel L. como Hugo Ariel B. están imputados en el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril del 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que fue elevada a juicio pero aún sin fecha designada.

Pero a pesar de ello y que el reglamento policial prohíbe el ascenso de funcionarios procesados, en los últimos años ambos oficiales gozaron de dos ascensos cada uno, circunstancia que oportunamente llamó la atención de las autoridades judiciales.

“Sin relaciones o conexiones no se logra lo que lograron estos dos oficiales, siendo que otros imputados por el homicidio de Wasyluk no tuvieron más ascensos y otros fueron dados de baja, incluso. Son aspectos que la actual cúpula de la Policía está revisando”, subrayó una fuente oficial.

Avance judicial

Con relación al expediente judicial, el juez Gallandat Luzuriaga ya tendría el resultado de la pericia química ordenada sobre alrededor de cinco gramos de cocaína que fueron hallados en poder de uno de los civiles imputados.

La medida fue ordenada por el magistrado para determinar la procedencia de la droga y su posible vinculación con el kilo desaparecido del depósito policial, aunque hasta el momento no trascendió el resultado del examen.

También se aguarda la decisión sobre un planteo de nulidad efectuado por la defensa de tres de los imputados, lo que podría desactivar la principal línea de investigación que existe hasta el momento.

Ocurre que si bien las pesquisas están a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), el faltante fue detectado el 11 de agosto y recién tres días más tarde la Jefatura de la Policía ordenó el pase a disponibilidad del jefe y dos subalternos de Toxicomanía.

Por ello, en ese lapso de tres días el ex titular de la dependencia continuó ejerciendo sus funciones con normalidad y habría colaborado con la investigación de GNA, al punto que existen indicios de que fue quien aportó el dato que apuntó a un presunto traficante cuyo domicilio fue allanado.

En consecuencia, la defensa de tres de los imputados planteó la nulidad del procedimiento porque consideran que “fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación y perjudicar a terceros”, precisaron fuentes del caso. 

Vínculos dudosos

El escándalo por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito policial de Oberá tuvo múltiples consecuencias. Desde el cambio de denominación de la división encargada del combate al tráfico de estupefacientes -que pasó a llamarse Drogas Peligrosas-, pasando por recambio de todo el personal de la dependencia y hasta el relevo de las máximas autoridades de la Unidad Regional II.

El juez federal también ordenó el allanamiento y la clausura del depósito que estaba en la Seccional Tercera.

Sobre el aporte de los imputados, en sucesivas declaraciones los subalternos apuntaron a los superiores que estaban a cargo de Toxicomanía. 

En tal sentido, Hugo Ariel B. declaró que el 11 de agosto pasó por la base para retirar las llaves, aunque los tres subalternos que estaban en el lugar declararon que no recordaban que su superior haya buscado las llaves, lo que suma interrogantes a su accionar.

En lo que también coincidieron fue en el hecho de que el oficial se dedicaba a la compra y venta de dólares. Incluso, declararon que en agosto el propio jefe de Toxicomanía le compró 400 dólares a su segundo y habría anticipado que pretendía adquirir más.

También avanzaron en la presunta relación con Gabi M., un conocido dealer obereño que viene siendo investigado desde principios del 2018 por su presunta vinculación con la venta de cocaína.

En tal sentido, en el expediente quedó plasmado la actuación de personal de Toxicomanía a partir de un oficio de la Fiscalía Federal, aunque finalmente el jefe informó “sin novedad”.

El mismo Gabi M. fue objeto de varias investigaciones que parecían bien encaminadas, pero nunca prosperaron, lo que generó malestar en los subalternos. El último operativo se realizó en junio pasado.


Fuga escandalosa

Otro hecho llamativo y escandaloso relacionado tiene que ver con la fuga del narco que el año pasado fue detenido con 4,213 kilos de cocaína, lote al que pertenecía la droga desparecida de la Seccional Tercera.

Se trata de Luis L. (51), quien gozaba de prisión de domiciliaria en Campo Viera, circunstancia que aprovechó para escapar junto a su concubina.

La fuga se habría registrado entre mediados de febrero y principios de marzo pasado, aunque las autoridades de la Policía de Misiones mantuvieron el dato bajo estricta reserva, al punto que la Justicia Federal fue notificada después de varias semanas.

Voceros de la investigación precisaron que el sujeto fue detenido el 28 de septiembre del año pasado en Campo Viera, tras lo cual permaneció dos días internado en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.

Se instaló con su pareja, una mujer varios años menor, al tiempo que una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado.

En realidad, no contaba con tobillera electrónica y hacía una vida absolutamente normal.

Incluso, las autoridades constaron su desaparición luego de que fuera apuntado por una persona que lo denunció por la emisión de cheques falsos. Es decir, seguía delinquiendo.

Fue así que los policías se presentaron en su domicilio para notificarlo de la nueva causa y constaron que ya no estaba. Se escapó sin dejar rastros.

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