Ediles investigarán a funcionarios por el faltante de motos en Alem

Por unanimidad, concejales de Leandro N. Alem impulsaron ayer la creación de una comisión investigadora para analizar el grado de responsabilidad del secretario de Gobierno municipal, Pablo Comby, y la directora de Tránsito y Seguridad Vial, María Laura Wenk, por las denuncias penales por la desaparición de motocicletas del corralón de la comuna y la desaparición de documentos públicos. De esta manera, se determinó el inicio del proceso de destitución contra los acusados que, pese a las denuncias en su contra, aún siguen en funciones.

Según consta la denuncia que efectuaron los ediles, tanto Comby como Wenk habrían incurrido en  “malversación de caudales públicos, desaprensión en la autoridad que le fueron confiada”. Para ello, los concejales de Alem tomaron lo normado en el artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal, que establece que “el procedimiento a seguir en estos casos, cuyo primer paso es formar una comisión investigadora con la presencia de un participante de cada bloque que existe en el Concejo Deliberante”.

De esta manera, la comisión investigadora, que podrá requerir toda la información necesaria para el proceso y analizar la denuncia in situ quedó integrado por el concejal del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Ricardo Anderssen, mientras que por Juntos por el Cambio lo hará el edil Rony Mettner. En tanto, por el bloque Rojo y Blanco participará Cristian Jara y por parte del Frente Renovador de la Concordia Social lo hará Ricardo Aguilar.

Tras la conformación de la comisión investigadora, rige un plazo máximo de hasta 60 días para elevar su informe a los demás integrantes del Concejo Deliberante local. Luego, se convocará a una sesión especial para garantizar el derecho a defensa por parte de los acusados y, finalmente, una vez que concluya el proceso, se determinará o no la destitución de los cargos para el secretario de Gobierno de Leandro N. Alem y de la directora de Tránsito de la comuna.

El pedido de la conformación de la comisión investigadora contó con la firma y aprobación de los siete ediles que conforman el Concejo local, en el marco de la sesión ordinaria que se realizó ayer. Allí se hizo énfasis en la posible concreción de delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y mal desempeño.

Tras el pedido, en el pedido de investigación contra el accionar de Comby y Wenk se expresa que de las interpelaciones a los funcionarios mencionados, sumados los informes otorgados por la actual Jueza de Faltas, Claudia Ríos, se desprende el faltante de varias motocicletas que están “respaldadas por denuncias hechas ante la Fiscalía de Instrucción 5, de propietarios a quienes en un procedimiento se le retuvo su vehículo y, al momento de querer abonar la multa y recuperarlos, ya no se econtraban”, señalaron los concejales entre los fundamentos del proyecto que se trató ayer, previo a la conformación de la comisión.

Asimismo hacen mención a las “declaraciones dilatorias y no precisas, manifestando que se realizaba un procedimiento de control al ingreso de cada moto al corralón, situación que se constató que no fue cierto”, argumentaron los concejales.  Según el cotejo que realizó la Jueza de Faltas municipal en los expedientes, tanto en el original como en las copias, “faltan las fojas 7, 71,72, 73, 74 y 77 sin que existan una denuncia judicial ni una administrativa”, sostuvieron.

Más adelante, también ponen en el pedido de investigación la responsabilidad del ex juez de Faltas, Manuel Prestes, que se desempeñó hasta diciembre de 2019 “por su preceder en el otorgamiento de guardas a terceras personas sin tener normativa alguna que autorice para esta situación”.

La investigación comenzó cuando la Policía local secuestró dos motos sin documentación en el barrio José Sartori. Quien las poseía declaró que las compró a un inspector municipal en el propio corralón, por el precio de 5.000 pesos cada una.

Además, se sumó que una damnificada se le retuvo la moto en enero y en agosto, cuando se presentó a abonar la multa, la jueza de Faltas vio que no estaba cargado en el sistema ni se encontró el acta de infracción.

Ello derivó en un pedido de investigación por parte de los concejales contra los funcionarios del área de Gobierno y de Tránsito. A los acusaron se les inició causas penales por el hecho.