Impulsan iniciativas judiciales contra la violencia institucional en Misiones

La creación de un registro de delitos de violencia institucional y la institución de la facultad a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura de constituirse como querellantes en las causas que refieran a ese tipo de delitos, son algunas de las iniciativas que se encuentran en análisis dentro de la Cámara de Representantes provincial. Se trata de proyectos en torno a los procesos judiciales que involucran a las fuerzas de seguridad o servicio penitenciario en Misiones.

Dichas iniciativas son de autoría del diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl, quien busca, entre otras cosas, añadir herramientas al sistema de justicia misionero y acelerar los tiempos de resolución, tanto en los casos de violencia institucional, como también en otros que revisten diferentes caracteres generales. 

Por eso, también avanzan otras ideas de marco judicial, como la  creación de una comisión de estudio y redacción del nuevo Código Procesal Penal (ver En vista del nuevo...), y el proyecto Amicus Curiae, que prevé la participación de terceros con competencia en la materia del proceso con la posibilidad de emitir opiniones no vinculantes pero de ayuda para la decisión del juez.

Los documentos mencionados se encuentran en análisis de comisión en la Cámara de Representantes, pero cuentan además con un trabajo conjunto del diputado autor junto a la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, el Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, los órganos judiciales de Misiones e incluso con la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Contra la violencia institucional

“Si no hay justicia, la impunidad trae a que existan nuevas réplicas de actos similares como estos, represivos contra la ciudadanía”, sostuvo el legislador misionero en referencia a los propósitos que lleva adelante en referencia a violencia institucional.

En ese marco, contó a El Territorio que presentó un proyecto de ley para que Misiones se adhiera a la Ley Nacional Nº 26.811, que instituye el 8 de mayo como “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional”.

Además, dentro de la misma iniciativa, se crea el registro de violencia institucional en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia (STJ), con el fin de registrar los procesos penales en los que los supuestos autores sean atribuidos a personal de las fuerzas de seguridad o servicio penitenciario, en actividad, retirados o pasados a disponibilidad.

Asimismo, prevé que dichos procesos tengan tratamiento prioritario en la fijación de fechas, para evitar el retraso en los tiempos de la justicia.

“Al igual que la reforma nacional, donde se trata claramente de que las fechas de debate en los procesos penales de lesa humanidad tengan tratamiento prioritario, nosotros hicimos lo mismo, que las fechas de debate por delitos de violencia institucional tengan prioridad en la fijación de los juzgados correccionales y penales”, expresó el diputado al respecto.

 Y –como uno de los puntos trascendentales – el proyecto faculta al presidente de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a constituirse como querellante en los casos de violencia institucional, cuando la gravedad de los delitos así lo amerite.

“Hay un tema necesario de saber, cuando uno fue querellante o lo sigue siendo en este tipo de delitos - como el que tenemos, donde hay 13 policías imputados que se tramita en el Tribunal Penal de Oberá, de tortura seguida de muerte hasta incumplimiento de los deberes del médico policial, pasando por todos los delitos – y  las fechas se retardan tanto para la fijación del debate, uno ve que todo se retrasa años. Y por más que la justicia siempre es satisfactoria, a veces cansa un poco la agonía. Por eso, queremos que se agilice y además que en esos casos específicos, el presidente de la Comisión, esté  presente, buscando justicia, sea condena o absolución, para que no se vuelvan casos impunes”, explicó Pereyra Pigerl.

Por su parte, Eduardo Magno Scherer, presidente de la Comisión, explicó que “la ley que crea la Comisión de Prevención de la Tortura nos da la posibilidad de tomar vista de los procesos administrativos y penales, por lo que solo podemos observar las causas y no tenemos la posibilidad de constituirnos en querellante. Entonces este proyecto es importante porque la verdad que va a ser una posibilidad que vamos a tener de impulsar las causas, participar en audiencias, recusar o apelar resoluciones, etcétera”.

“La verdad, el diputado Pereyra Pigerl tiene vasta trayectoria en Derechos Humanos, fue querellante de lesa humanidad, también de víctimas de violencia institucional en Misiones, tiene notable trayectoria y experiencia, y cada vez que tiene una iniciativa de estas características se pone en contacto con nosotros. Son aportes que lo vemos de forma acertada. Lo recibimos muy positivamente y esperamos que tenga tratamiento parlamentario en poco tiempo”, añadió.

En referencia al registro de violencia institucional, Scherer aseveró que “también el subcomité de comisión d prevención de la tortura de Naciones Unidas está financiando al Estado nacional a través del comité nacional, para que Argentina en su totalidad tenga un registro nacional de casos de torturas. La semana pasada comenzamos a recibir las capacitaciones, porque a las provincias que tenemos los mecanismos locales, nos van a estar enseñando cómo tenemos que hacer nosotros para ser receptores de esos datos y remitir al comité nacional. Pero nosotros también vamos a implementar nuestro registro provincial desde la comisión”, adelantó.

Amicus Curiae

Por otra parte, el diputado Pereyra Pigerl presentó un proyecto que dispone el mecanismo de Amicus Curiae, es decir, un tercero en relación al proceso, que cuenta con una reconocida competencia sobre la materia, que tiene la posibilidad de emitir opinión fundada no vinculante para el juez, en defensa de un interés público o de una cuestión institucional relevante. 

Esta iniciativa se complementa además a una anterior del mismo tenor presentada por el presidente de la Legislatura Carlos Rovira en 2017, bajo la denominación de “Participación de Amigos del Tribunal (traducción de Amicus Curiae) en causas con trascendencia colectiva o de interés general”.

Sobre esto, el legislador Pereyra Pigerl manifestó que “se trata de la participación de terceros independientes que ayudan a la justicia en temas de trascendencia pública o de gravedad, que puedan emitir una opinión no vinculante, que sirva al tribunal en la resolución”.

“Son de vital importancia estos mecanismos dentro de la provincia para tener justicia y dar participación. Nuestro preámbulo nos llama a afianzar la justicia y en eso tenemos la posibilidad de intervención de terceros”, argumentó.

Mientras que Scherer ponderó la idea y resaltó que “significa que esas instituciones que tienen conocimiento específico de la materia puedan hacer aportes en la temática que se está desarrollando en el proceso. En nuestro caso, podemos obviamente hacer una apreciación de hechos anteriores de violencia institucional, pero también hay temas de medio ambiente por ejemplo, y las organizaciones respectivas puedan tener una participación emitiendo una opinión que no es vinculante, pero con eso el juez puede resolver la causa con mayor información y herramientas”.

En ese sentido, Pereyra Pigerl destacó que todas estas iniciativas son relevantes y se van trabajando de a poco (como también se hizo con el proyecto de limitación a las prisiones preventivas de su misma autoría), puesto que se busca ir dotando de nuevas herramientas que contribuyan al mejoramiento del sistema.

“Siempre es satisfactoria la justicia cuando llega pero hay que tratar de hacerla en los tiempos razonables, como dicen nuestras convenciones internacionales, y para ello, todas las ideas y aportes son importantes”, concluyó.

En vista del nuevo Código Procesal Penal
El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl impulsa una iniciativa que prevé la creación de una comisión legislativa especial de estudio y redacción del nuevo Código Procesal Penal.

“Se busca que la comisión legislativa que se compone de nueve diputados, llame a académicos y miembros del Superior Tribunal y de la justicia, del Colegio de Abogados, de los distintos sectores, para sacar la mejor reforma del código procesal penal para tener el sistema acusatorio, que es un cambio importante ya que la instrucción pasa a ser del fiscal y no ya del juez”, dijo.

Y apuntó que “según el autor Javier Álvarez, con la sanción del nuevo código de rito, el sistema procesal federal argentino ha abandonado definitivamente el modelo procesal de corte inquisitivo, que pese a las reformas del año 90 al incorporar la oralidad y adaptarse a un sistema mixto, seguía vigente en nuestro país”.