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Plantearon nulidad en la causa por robo de cocaína del depósito policial

domingo 18 de octubre de 2020 | 6:01hs.
Plantearon nulidad en la causa por robo de cocaína del depósito policial
La causa se instruye en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Gallandat Luzuriaga. Foto: Daniel Villamea
La causa se instruye en el Juzgado Federal de Oberá, a cargo del magistrado Gallandat Luzuriaga. Foto: Daniel Villamea

A dos meses de detectado el faltante de un kilo de cocaína de máxima pureza, que desapareció del depósito de secuestros de la Unidad Regional II de Oberá, un planteo de nulidad efectuado por la defensa de tres de los imputados podría desactivar la principal línea de investigación que existe hasta el momento.

Al haber policías imputados, ya que los integrantes de la División Toxicomanía estaban a cargo de la custodia de la droga, para otorgar mayor transparencia a las pesquisas desde un primer momento el juez Federal de Oberá, Alejandro Gallandat Luzuriaga, ordenó que estén a cargo de personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA).

En tanto, si bien el faltante fue detectado el 11 de agosto, recién tres días más tarde la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el pase a disponibilidad (la suspensión temporal) de quien entonces ostentaba el cargo de jefe de Toxicomanía, subcomisario Carlos Ariel L., y de dos subalternos.

Por ello, en ese lapso de tres días el ex titular de la dependencia continuó ejerciendo sus funciones con normalidad y habría colaborado con la investigación de GNA, al punto que existen indicios de que fue quien aportó el dato que apuntó a un presunto traficante cuyo domicilio fue allanado.

En consecuencia, la defensa de tres de los imputados planteó la nulidad del procedimiento porque consideran que “fue digitado por otro de los imputados con la intención de desviar la investigación y perjudicar a terceros”, precisaron fuentes del caso.

Asimismo, confirmaron que son ocho los imputados: cinco policías que integraban Toxicomanía, la jefa de la Seccional Tercera -dependencia donde estaba el depósito de secuestros- y dos civiles que residen en el domicilio que fue objeto del cuestionado allanamiento.

Reincidentes
El faltante de cocaína fue alertado el pasado 11 de agosto y desde un primer momento las sospechas se enfocaron en los policías encargados de la custodia de la droga, ya que la puerta de acceso al depósito no fue forzada, por lo que quien o quienes tomaron la droga disponían de las llaves. En el lugar tampoco había cámaras ni se llevaban registros de los accesos.

En tanto, se estableció que las llaves eran responsabilidad del subcomisario Carlos Ariel L. y del oficial auxiliar Hugo Ariel B., ex jefe y segundo a cargo de Toxicomanía, respectivamente.

Por ello, según fuentes del caso, hasta el momento ambos oficiales aparecen como los más complicados y afrontarían los mayores cargos.

Incluso, de los seis policías imputados son los únicos que poseen antecedentes judiciales, tal el informe de antecedentes recepcionado por el Juzgado Federal de Oberá.

Precisamente, tal como anticipó El Territorio en ediciones anteriores, Carlos Ariel L. y Hugo Ariel B. están imputados en el homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38), cuyo cadáver fue hallado el 26 de abril del 2011 en una celda de la Seccional Primera de Oberá, causa que fue elevada a juicio pero aún sin fecha designada.

Por el hecho fueron procesados trece policías que entonces se desempeñaban bajo la órbita de la Unidad Regional II.

Los citados están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, la misma carátula (más peculado) que como mínimo podría corresponderles en el marco del escándalo por la desaparición de la cocaína.

“El ex jefe y el segundo de Toxicomanía son los únicos con antecedentes penales y reincidentes en el delito imputado, una cuestión que no debería pasar desapercibida”, subrayó un vocero.

Indicios y sospechas
El escándalo por la desaparición de un kilo de cocaína del depósito policial de Oberá tuvo múltiples consecuencias. Desde el cambio de denominación de la división encargada del combate al tráfico de estupefacientes -que pasó a llamarse Drogas Peligrosas-, pasando por recambio de todo el personal de la dependencia y hasta el relevo de las máximas autoridades de la Unidad Regional II.

El juez Federal también ordenó el allanamiento y la clausura del depósito que estaba en la Seccional Tercera.

Sobre el aporte de los imputados, en sucesivas declaraciones los subalternos apuntaron a los superiores que estaban a cargo de Toxicomanía.

En tal sentido, Hugo Ariel B. declaró que el 11 de agosto pasó por la base para retirar las llaves, aunque los tres subalternos que estaban en el lugar declararon que no recordaban que su superior haya buscado las llaves, lo que suma interrogantes a su accionar.

En lo que también coincidieron fue en el hecho de que el oficial se dedicaba a la compra y venta de dólares. Incluso, declararon que en agosto el propio jefe de Toxicomanía le compró 400 dólares a su segundo y habría anticipado que pretendía adquirir más.

También avanzaron en la presunta relación con Gabi M., un conocido dealer obereño que viene siendo investigado desde principios del 2018 por su presunta vinculación con la venta de cocaína.

En tal sentido, en el expediente quedó plasmado la actuación de personal de Toxicomanía a partir de un oficio de la Fiscalía Federal, aunque finalmente el jefe informó “sin novedad”.

El mismo Gabi M. fue objeto de varias investigaciones que parecían bien encaminadas, pero nunca prosperaron, lo que generó malestar en los subalternos. El último operativo se realizó en junio pasado.

Narco en fuga
Otro hecho llamativo y escandaloso relacionado tiene que ver con la fuga del narco que el año pasado fue detenido con 4,213 kilos de cocaína, lote al que pertenecía la droga desparecida de la Seccional Tercera.

Se trata de Luis L. (51), quien gozaba de prisión de domiciliaria en Campo Viera, circunstancia que aprovechó para escapar junto a su concubina.

La fuga se habría registrado entre mediados de febrero y principios de marzo pasado, aunque las autoridades de la Policía de Misiones mantuvieron el dato bajo estricta reserva, al punto que la Justicia Federal fue notificada después de varias semanas.

Voceros de la investigación precisaron que el sujeto fue detenido el 28 de septiembre del año pasado en Campo Viera, tras lo cual permaneció dos días internado en el hospital Samic de Oberá debido a inconvenientes de salud derivados de la diabetes.

En ese contexto, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria y fijó residencia en la misma localidad adonde fue capturado por la Policía.

Se instaló con su pareja, una mujer varios años menor, al tiempo que una vez al mes personal policial concurría al domicilio para constatar la presencia del imputado.

En realidad, no contaba con tobillera electrónica y hacía una vida absolutamente normal.

Incluso, las autoridades constaron su desaparición luego de que fuera apuntado por una persona que lo denunció por la emisión de cheques falsos. Es decir, seguía delinquiendo.

Fue así que los policías se presentaron en su domicilio para notificarlo de la nueva causa y constaron que ya no estaba. Se escapó sin dejar rastros.

 

División renovada

En paralelo a la causa que se tramita ante el Juzgado Federal de Oberá, la Jefatura de la Policía de Misiones dispuso el relevo de todo el personal que se desempeñaba en la División Toxicomanía (ahora Drogas Peligrosas).

A su vez, como nuevo jefe fue nombrado el oficial auxiliar Claudio Galeano, quien venía de cumplir funciones como segundo jefe de la Seccional Segunda. Junto a Galeano también arribaron cinco subalternos.

En tanto, los apartados de Toxicomanía pasaron a cumplir funciones en diferentes comisarías de la jurisdicción de la UR II, sin perjuicio de lo que depare la investigación judicial por la desaparición de droga.

Según fuentes del caso, recepcionadas las pruebas, antes de fin de mes el Juzgado Federal debería determinar las responsabilidades del caso.

Por otra parte, aún no se conoce el resultado de la pericia química ordenada sobre alrededor de cinco gramos de cocaína que fueron hallados en poder de uno de los civiles imputados, medida ordenada por el magistrado interviniente para determinar la procedencia de la misma y su posible vinculación con el kilo desaparecido del depósito policial.

Por Daniel Villamea. Corresponsalía Oberá

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