Critican que se violó suspensión de ejecuciones prendarias

Integrantes de la Asociación Civil de Autoconvocados de Misiones (Acam), conformada por poseedores de planes de ahorro se concentraron ayer en el Palacio de Justicia y pidieron la recusación de la jueza Georgina López Liva, del Juzgado Civil y Comercial 3 de Posadas, por emitir una orden de secuestro de un vehículo a un damnificado.

Aducen el incumplimiento de la medida emitida por la Inspección General de Justicia (IGJ) que fijó la suspensión de ejecuciones prendarias hasta el 30 de septiembre de este año, pero que fue prorrogada hasta el 31 de enero de 2021 a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el medio del contexto que suscitó la pandemia por el coronavirus. Al mismo tiempo, solicitaron la devolución del rodado que fue secuestrado el pasado jueves, según señaló Marcos Contreras, el damnificado.

Desde el grupo de Autoconvocados afirmaron que se trató del primer secuestro de un vehículo que se registra desde que el juez José Luis Casals emitió la cautelar colectiva en noviembre del año pasado, y que ordenó retrotraer los valores de las cuotas de los planes de ahorro a valores de abril de 2018.

Según explicó Contreras a El Territorio, el motivo del embargo fue por incumplimiento en el pago de las cuotas del vehículo, que no puede afrontar por el alto costo.

Indicó que, pese a ello, “hay una medida que ampara a favor del ahorrista, de la suspensión de los embargos durante la pandemia. Entonces, qué clase de juez desconoce lo que dice una medida que emitió el presidente. Más allá de eso, he sido perjudicado por este procedimiento del secuestro de mi vehículo. Entonces, esto ha sido un claro mensaje por parte de la Justicia y las empresas automotrices”.

Por esto, el damnificado solicitó a la Justicia la devolución del rodado inmediatamente, al igual que la recusación de la letrada que emitió la orden, que se hizo efectiva el pasado jueves. Contreras denunció que hubo ninguna notificación previa al embargo.

Por su parte Marcelo Mascarino, referente de los Autoconvocados, manifestó que “hubo un perjuicio de una medida judicial que fue emitida por Casals, y porque hay un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presidencial que dice que no se puede secuestrar ni embargar ningún tipo de vehículo o casa hasta que termine la emergencia sanitaria por coronavirus”.

“Teniendo en cuenta que estamos ante una emergencia y la mayoría de las personas están restringidas ante sus posibilidades laborales, están haciendo lo mínimo en este momento y no se puede hacer otra cosa. Hoy en día pagar una cuota de 50.000 pesos es imposible, hay que vivir, comer y encima estar mucho tiempo en la casa y eso nos restringe la capacidad de pago. Acá nadie se quiere quedar sin la casa o auto”, remarcó.

En referencia al damnificado al que se le secuestró el auto refirió: “Lo secuestraron por falta de pago y se ignora toda la cautelar que hay alrededor. Los jueces están sabiendo que hay una presentación con respecto a este tema y además de la situación de los ahorristas de todo el país que no podemos seguir adelante con este plan y además sabiendo de la situación del dólar que sube. Nos parece arbitrario lo que se hizo y por eso pedimos la devolución del vehículo al perjudicado”.

Aplicación dispar
A casi un año de la resolución de Casals, Mascarino hizo un balance y sostuvo que “desde que salió la cautelar, las terminales automotrices se tomaron su tiempo para aplicarla, hasta que se amenazó con sancionarlas a la Justicia por incumplimiento. Pero se aplicó parcialmente porque algunos se los aplicó y a otros no”.

También alertó que “en muchas firmas comentan que la cautelar cayó y no existe más, y en ningún momento pasó eso. Sigue vigente”.

Indicó que meses más tarde de la cautelar colectiva para la zona Sur se aplicó una medida similar en los departamentos del Centro de la provincia.